Dos años del proceso de paz: las cifras que presenta el presidente Duque

Pronto se cumplirán cuatro años desde que el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con las Farc. Para entonces, el presidente era Juan Manuel Santos y sus intentos por pactar la dejación de las armas y reincorporación a la vida civil de la guerrilla fue severamente criticada por el Centro Democrático. Las vueltas de la política dejarían al principal partido opositor en el poder tras las elecciones presidenciales de 2018 y con un embrollo de grandes proporciones: ¿Debían continuar o no con la principal bandera del presidente que iba de salida?

Más allá de las consideraciones y opiniones, la realidad era que el acuerdo ya estaba en marcha, muchos exguerrilleros habían abandonado las filas y resultaba más costoso —tanto en términos políticos como sociales y económicos— echar para atrás lo ya dispuesto. Con un enfoque diferente, el nuevo presidente, Iván Duque, optó por darle continuidad al acuerdo que heredó de Santos y bajo el nombre de “Paz con Legalidad” emprendió esfuerzos por ligar muchas de sus promesas de campaña con lo acordado en La Habana.

En este sentido, esta semana, cuando cumple un poco más de dos años de haber llegado a la Casa de Nariño, sostuvo un evento en donde explicó cuáles han sido los principales resultados de “Paz con Legalidad”. Ante la mirada de veedores internacionales, entre los que sobresalían los expresidentes de Uruguay y España, Jose Mujica y Felipe González, resaltó la labor de su administración por llegar a territorios históricamente olvidados y aumentar la inversión social para mejorar las vidas de sus habitantes.

Asimismo, enumeró otra serie de elementos en los que ha trabajado su gobierno en diferentes ámbitos.

La democratización en la formulación de políticas públicas es uno de ellos. Catorce planes de desarrollo con enfoque territorial, trabajados mano a mano con más de 200 mil ciudadanos, es uno de los aspectos que el presidente Duque mencionó. En estos municipios, casi 900 obras en áreas como servicios públicos, conectividad y esparcimiento fueron entregadas. Calificándolo como “uno de los ejercicios de planeación participativas más ambiciosos de la historia”, el gobierno asegura que se han entregado un promedio de 35 obras mensuales.

Relacionado con las obras, en este espectro se encuentran a su vez aquellas se ejecutan por parte del sector privado a cambio de una reducción de impuestos. La inversión en obras para la paz ha alcanzado los 677 millones de pesos y ha repercutido en la puesta en marcha de 100 proyectos.

En materia de educación, promoción empresarial y agricultura también hay resultados por señalar. Alrededor de 11 mil jóvenes ahora asisten a la universidad y cerca de 200 centros educativos tienen material pedagógico en sus aulas. Igualmente, 16 mil personas han recibido financiación por 14.25 millones de dólares para el fortalecimiento de emprendimientos productivos y 1.860 agricultores tienen asegurada la compra y comercialización de sus cosechas por varios años.

Vea: ¿Qué pasá con Iván Duque? ¿Por qué actúa así?

“Las víctimas siempre han estado y seguirán estando en el centro de la atención de esta administración y de la política de Paz con Legalidad” asegura Presidencia en uno de sus reportes. Según las cuentas del gobierno, 314.469 víctimas, de las que el 58 por ciento son mujeres, han recibido atención psicosocial y en salud. De este número, 199.308 han sido indemnizadas por un total de 1,6 billones de pesos. En cuanto a los desplazados por la violencia, 320.299 de ellos superaron su situación de vulnerabilidad y el 93 por ciento de víctimas de la violencia se encuentra afiliado al sistema de seguridad social.

En lo referente a la restitución, saltan a la vista las 50 mil hectáreas que en los últimos 24 meses se han restituido. La Unidad de Restitución de Tierras, además, ha podido tramitar el 37 por ciento de las peticiones radicadas desde 2011, lo cual se traduce en 4.155 demandas de restitución que ya fueron falladas o están en proceso. Se ha intentado abarcar también los territorios de comunidades étnicas y zonas apartadas hasta el punto de que la restitución, al día de hoy, llega al 80 por ciento de Colombia.

Por su parte, al Fondo de Tierras han ingresado 792 mil hectáreas desde 2018 casi 33 mil han sido asignadas a 3.672 familias colombianas. La formalización ha avanzado en un 20 por ciento con 403.820 hectáreas que ahora tienen propietario y 263 mil millones de pesos se han destinado para 24 mil productores agrícolas.

La inversión en los programas de sustitución de cultivos ilícitos, uno de los ejes fundamentales del acuerdo, es otra política que realzó Duque. Con inyecciones de capital superiores a los 230 millones de dólares y beneficiando a casi 100 mil familias, 56 municipios del país hoy disminuyeron el porcentaje de hectáreas sembradas. Otras 16 mil hectáreas se han erradicado de forma voluntaria y 96 por ciento de las familias vinculadas siguen cumpliendo con los compromisos adquiridos. El último reporte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) mostró una reducción del 9 por ciento en la siembra de coca en todo el país y situó el número de héctareas en 154 mil, la cifra más baja desde 2013.