El ‘mono’ de Risaralda: dos congresistas salpicados por corrupción

La captura hace unas semanas del alcalde de Dosquebradas, Fernando José Muñoz, junto a otras diez personas entre funcionarios y contratistas, parecía un caso más de corrupción local. Sin embargo, nuevas revelaciones amenazan con salpicar a dos congresistas de esa región del país y alertan sobre el papel que desempeñaría uno de los jefes de La Cordillera, una tenebrosa banda que desde hace años imparte su ley de terror en Risaralda.

La bola de nieve empezó a crecer el 4 de septiembre, cuando la Fiscalía desbarató en Dosquebradas un entramado aparentemente creado para desfalcar las finanzas de la ciudad. Según la entidad, la Cooperativa Multiactiva de Recicladores del Eje Cafetero y Norte del Valle (Corecv), la Fundación Visión y la Asociación de Gestión y Cooperación para el Desarrollo firmaron cuatro convenios por 1.000 millones de pesos para recoger y disponer de basuras especiales y escombros, hacer mantenimiento de pozos sépticos y vacunar perros y gatos.

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Pero los investigadores encontraron que un grupo familiar usó esas fundaciones de fachada para justificar unos contratos que en su mayoría no se ejecutaron. Una de las implicadas confesó las irregularidades y reconoció haber prestado a terceros el nombre de su cooperativa a cambio de una comisión, y advirtió que el fraude se extendió a otros cuatro convenios millonarios.

Algunos de los capturados denunciaron haber recibido amenazas cuando intentaron acogerse a un principio de oportunidad o preacuerdo. Incluso, el testigo estrella del caso, John Freddy Aguirre, exsecretario de Gobierno, debió salir de la zona para ponerse bajo el cuidado de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Un abogado defensor prefirió renunciar y otros dijeron estar atemorizados.

Esas intimidaciones tienen un elemento común: al parecer provienen de alias Diego Pereira, uno de los supuestos jefes de La Cordillera, la temida banda criminal que otrora fue el brazo armado del narcoparamilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, hoy preso en Estados Unidos. Versiones locales aseguran que Pereira “habría financiado con mil millones de pesos la campaña política de un alcalde de la región y a cambio esperaba que le devolvieran 3.000 millones. Teme que con el escándalo se le embolate el dinero o salga implicado”, explicó una fuente que pidió omitir su nombre por razones de seguridad.

Como si lo anterior no fuera suficiente, algunos de los audios de la investigación, conocidos por SEMANA, involucran a los considerados nuevos barones electorales de Risaralda: el senador Juan Samy Merheg Marún y el representante a la Cámara Juan Carlos Rivera Peña, ambos conservadores.

Merheg es hermano del polémico exsenador y prófugo de la justicia Habib Merheg, investigado por parapolítica. Heredó su estructura política en 2010 y en las elecciones pasadas duplicó su caudal electoral. En Risaralda tendría gobernador, siete alcaldías, un diputado y la mayoría de los 35 concejales que sacó su partido en los 14 municipios del departamento.

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Pero en el reciente escándalo de Dosquebradas el daño podría ir más allá de lo político. En varios audios de los teléfonos interceptados que sirven como prueba en el proceso, el representante Rivera habla con Fernando Muñoz Duque, el alcalde capturado, sobre un aparente peculado por el manejo de escombros, el mismo tema que investiga la Fiscalía. En la charla, Rivera notifica al alcalde que tanto él como el Mono (así llaman al senador Merheg) están muy molestos… “yo no voy a pagar por eso, ni el Mono. Entonces, hermano, yo tengo cuatro mil derechos y hasta luego”.

En otro aparte de ese misma conversación, interceptada el 16 de octubre del año pasado, el representante Rivera le insiste al alcalde Muñoz: “(…) le dije que yo no me tenía que aguantar más eso, ni el mono; que me organizara ese tema y hasta luego; que nosotros no podíamos pasar por más problemas de los que tenemos, por culpa de terceros”.

SEMANA entrevistó al congresista Rivera y este reconoció que su voz aparece en el audio, pero negó que allí se hable de un delito relacionado con el caso de corrupción que investiga la Fiscalía en Dosquebradas. “Era un tema aislado de un funcionario que estaba depositando escombros en un sitio prohibido”, aclaró.

Admitió que cuando mencionó al Mono, hablaba del senador Merheg, pero negó tener cuotas políticas en las alcaldías de Pereira y Dosquebradas, y que él o el senador financien campañas políticas. No obstante, un simple barrido por el aplicativo Cuentas Claras de la campaña del alcalde de Dosquebradas revela que la familia Merheg aportó al menos 25 millones de pesos.

El 4 de septiembre, agentes del CTI capturaron a Fernando José Muñoz, alcalde de Dosquebradas, por su presunta participación en un carrusel de contratos.

Similar postura asumió el senador Merheg cuando se le preguntó por los audios: “No me meto en las administraciones, aunque tengo mucha gente amiga en ellas (…) cuando uno gana en las campañas, la gente asume que uno conoce todo lo que hacen los miembros de esa estructura”, dijo tras añadir que no cree conocer a los contratistas capturados en el reciente escándalo.

En defensa de los congresistas Merheg y Rivera hay que aclarar que hasta la fecha la Fiscalía no ha compulsado copias para que los investigue la Corte Suprema por su presunta relación en el desfalco de Dosquebradas. También, que el testigo estrella del caso no los menciona en sus declaraciones. Sin embargo, las autoridades deberán aclarar lo que ha ocurrido alrededor de este caso.