Dos exalcaldes de Yopal, a juicio disciplinario ante la Procuraduría: estos son los motivos

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los exalcaldes de Yopal, Casanare, Jorge García Lizarazo y Carlos Humberto Tibaduiza Pinto, este último en calidad de encargado para la fecha en que ocurrieron los hechos, así como al exjefe de la oficina de Planeación, Hugo Andrés Montes Sánchez, por “posibles irregularidades en la expedición de varios planes parciales de ordenamiento territorial del municipio”.

Según la investigación disciplinaria, el exmandatario García Lizarazo “emitió los decretos municipales que adoptaban los señalados planes parciales de Palmarito, La Castellana, Ciudad Manoa, Rivarca y Asociados, La Aurora y Matalarga, al parecer, sin haber terminado previamente el trámite de concertación ambiental de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, Corporinoquia”. La ausencia de ese requisito es lo que hoy tiene a los dos exalcaldes bajo la lupa disciplinaria.

El Ministerio Público advirtió que la concertación ambiental debía realizarse en estos casos tomando en cuenta que se trataba de suelo de expansión urbana.

Señaló que, según las pruebas documentales, los cuestionados decretos, a través de los cuales se adoptó cada plan parcial, fueron suscritos en fechas anteriores al acto administrativo que declara la concertación de los asuntos ambientales, el cual era emitido por Corporinoquia.

Por su parte, Montes Sánchez, quien habría proyectado el decreto municipal que adoptó el plan parcial de Palmarito y dado su visto bueno a los proyectos de decreto municipal de San Pablo II, La Castellana y Ciudad Manoa, sin contar, en ningún caso, con la concertación ambiental previa como lo exige la ley.

Cabe recordar que Tibaduiza y García no son los únicos exalcaldes de la capital de Casanare que se han visto envueltos en líos jurídicos.

“John Calzones”, como es conocido el exalcalde de Yopal, fue condenado y detenido por urbanización ilegal en 2017, y sigue estando investigado por otros delitos. Además, en 2019 la Procuraduría decidió inhabilitarlo de ocupar cargos públicos por 11 años por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la ciudad.

Pero además, cuenta con un largo historial delictivo. En 2015 el CTI de la Fiscalía lo detuvo para investigarlo por corrupción y fue trasladado a la cárcel La Picota en Bogotá, cuando era candidato a la Alcaldía de Yopal.