Caquetá
Dos lideresas sociales, una de ellas en embarazo, llevan más de cuatro meses desaparecidas en Caquetá
Una de las mujeres fue secuestrada por un grupo armado en su casa. Hasta el momento, no hay información sobre su paradero.
La Defensoría del Pueblo ha emitido un enérgico comunicado en el que condena las desapariciones forzadas de Sandra Milena Martínez, lideresa social desaparecida desde el 26 de noviembre de 2024 en El Paujil, y de Érika Fernanda Soto, quien fue privada de su libertad el 13 de octubre de 2024 en Cartagena del Chairá. Ambas mujeres llevan más de tres y cinco meses desaparecidas, respectivamente, en medio de un contexto de violencia que afecta gravemente a las comunidades de la región.
Sandra Milena Martínez, reconocida por su labor como defensora de derechos humanos en Caquetá, se encontraba en su cuarto mes de embarazo de alto riesgo al momento de su desaparición. Su caso ha generado una profunda preocupación por su integridad física y la de su bebé. Por su parte, Érika Fernanda Soto fue secuestrada por personas armadas, y desde entonces su paradero sigue siendo desconocido.
La Defensoría del Pueblo ha recordado que la desaparición forzada es un delito continuado y permanente hasta que se establezca el paradero de las víctimas. En este sentido, la entidad ha instado a las autoridades competentes a intensificar las acciones de búsqueda urgente y a avanzar en una investigación penal eficaz que permita esclarecer los hechos y garantizar la protección de los derechos de ambas mujeres.
“Exigimos a los grupos armados no estatales el respeto por la vida de Sandra y Érika, así como su inmediata liberación, sanas y salvas. Reiteramos la obligación de estos grupos de respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, señaló la Defensoría en su comunicado.
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La situación de Sandra y Érika refleja la grave crisis humanitaria que enfrenta el departamento de Caquetá, donde líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades enteras son víctimas de la violencia y el accionar de grupos armados. La Defensoría ha hecho un llamado a la solidaridad nacional e internacional para visibilizar estos casos y presionar por su pronta resolución.
Mientras tanto, familiares y organizaciones sociales continúan exigiendo justicia y respuestas concretas por parte del Estado. “No podemos permitir que la desaparición forzada siga siendo una realidad en nuestro territorio. Sandra y Érika representan la lucha por la vida y la dignidad, y no descansaremos hasta encontrarlas”, afirmó un vocero de una organización de derechos humanos en la región.
La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de acompañar a las familias de las víctimas y de seguir trabajando para garantizar que estos hechos no queden en la impunidad. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de derechos humanos han sido alertadas sobre estos casos, en espera de que se sumen esfuerzos para lograr la liberación de Sandra y Érika y para que se tomen medidas efectivas que prevengan futuras desapariciones en la región.
