Dos magistrados de la Corte Constitucional piden revisar límites de las suspensiones emitidas por la Procuraduría contra funcionarios

El complejo debate por las sanciones disciplinarias que emite la Procuraduría General podría tener una resolución en la Corte Constitucional. Los magistrados Vladimir Fernández y Juan Carlos Cortés pidieron seleccionar una tutela presentada por Luis Guillermo Pérez Casas quien fue suspendido de su cargo por seis meses como Superintendente de Subsidio Familiar mientras se adelanta una investigación en su contra por las modificaciones que habría realizado a la lista de elegibles para los cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación.

En la petición presentada por los magistrados, se señala que es necesario tomar una decisión de fondo frente a las facultades que tiene el organismo de control disciplinario para suspender temporalmente de su cargo a estos funcionarios.

“Resulta necesario y oportuno pronunciarse sobre este caso para precisar y reafirmar con claridad el alcance constitucional de las atribuciones disciplinarias para suspender un servidor público”, señalaron en la petición presentada por el magistrado Juan Carlos Cortés, quien sea dicho de paso fungió como Viceprocurador durante la gestión de Fernando Carrillo.

En este sentido, se advierte que es necesario precisar, de una vez, los alcances de las sanciones que emita la procuraduría General. Esto teniendo en cuenta el debate que se ha generado en los últimos meses frente al hecho que solamente los jueces tienen la facultad para destituir o sancionar por un período de tiempo a funcionarios.

“Se podrá precisar el ejercicio de la competencia de suspensión cautelar, su alcance y condiciones de ponderación para no generar una afectación significativa en el funcionamiento de una entidad del Estado”, añadió el magistrado Cortés.

Por su parte, el magistrado Vladimir Fernández, quien se desempeñó como secretario jurídico de la Presidencia, apoyó la petición asegurando que es una “oportunidad” para que se “examine la tensión que existe entre el debido proceso del accionante, en su faceta de garantía de motivación de las decisiones de las autoridades públicas, y la facultad de la Procuraduría General de la Nación para suspender provisionalmente a un funcionario público”.

Considera que se está rozando constantemente “el tipo penal de prevaricato por acción” cuando se toma la decisión de suspender de sus funciones a un, valga la redundancia, funcionario. “No pueden realizarse interpretaciones extensivas de las disposiciones legales contentivas de las faltas disciplinarias”, señaló el magistrado Fernández.

En los últimos meses, la Procuraduría General ha suspendido del ejercicio de su cargo al canciller Álvaro Leyva Durán mientras se adelanta el juicio disciplinario por las irregularidades en el contrato de los pasaportes; así como al alcalde de Nechí, Antioquia, Marcos Javier Madera Camero y al subdirector administrativo de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora de la Misericordia, Jhony Junior Morales Muñoz por presunta participación en política.

El pasado 4 de septiembre, tras conocer una decisión de la misma Corte Constitucional, la procuradora General, Margarita Cabello Blanco aseguró que se mantenían las facultades del organismo de control para investigar, sancionar e inhabilitar a servidores públicos, incluyendo los de elección popular.

“Puedo afirmar con absoluta certeza, muchísima tranquilidad y renovada esperanza que la importancia del derecho disciplinario y de la Procuraduría para la sociedad colombiana resulta hoy inobjetable”, aseguró en ese momento la jefa del Ministerio Público al señalar que “existe el sistema de frenos y contra pesos. Por ello, las actuaciones disciplinarias a cargo de esta entidad seguirán su curso con todas las garantías, pero también hasta sus últimas consecuencias”.