Dos masacres, carrobomba y desplazamientos: ¿qué está pasando en el suroccidente?

Las escenas de dolor son cíclicas, recicladas, casi calcadas de otros periodos nefastos que sumieron a Colombia en la desesperanza y el temor. Las dos masacres en el Valle del Cauca, el carrobomba en el norte del Cauca y el desplazamiento de alrededor de cuatro mil personas en Nariño este fin de semana son una pequeña muestra de lo que se está viviendo en estas regiones.

De un lado, Cauca experimenta la furia de las disidencias de las Farc. Estructuras organizadas armadas que perdieron cualquier viso de rebelión, ahora son hombres alzados en armas al servicio netamente del narcotráfico. En ese departamento operan gigantescos carteles integrados por excombatientes de la otrora guerrilla.

La columna Dagoberto Ramos, por ejemplo, fue la autora del carrobomba que sacudió a Corinto el viernes pasado y dejó a más de 43 personas heridas, la mayoría funcionarios de la alcaldía. Esa estructura armada tiene el poder suficiente para realizar retenes ilegales en vías del norte del Cauca, secuestrar funcionarios del CTI -o a quien quieran- y devolverlo 24 horas después asesinado, golpeado, torturado.

El secuestro del investigador Mario Fernando Herrera ocurrió el viernes en la mañana, y el sábado su cuerpo fue arrojado en una vía del vecino municipio de Caldono. Toda esa zona es controlada por la Dagoberto Ramos, que tiene su centro de operaciones en Miranda, Corinto, Caloto y Toribío, una subregión que las autoridades han llamado el Triángulo de la Marihuana. Allí los cultivos están al borde de la carretera; son sembradíos grandes que en la noche se iluminan con luz artificial para garantizar su rápido crecimiento.

La Dagoberto Ramos cuida esos cultivos y ejerce un agresivo control territorial. No en vano esa estructura ha asesinado a más de doscientos indígenas desde la firma del acuerdo de paz en 2016. Los matan porque no quieren a nadie más con poder sobre la tierra. Sobre su tierra. Uno de los crímenes más sonados contra las comunidades ancestrales ocurrió el 29 de octubre de 2019 en zona rural de Tacueyó, corregimiento de Toribío.

Ese día masacraron a la gobernadora indígena Cristina Bautista y cinco comuneros más que se oponían al reclutamiento forzado de dos menores de edad. Los atacaron con ráfaga de fusil y a poca distancia. Horas antes de su asesinato, la autoridad ancestral había dicho en audiencia pública: “Si hablamos nos matan, y si callamos también; entonces hablamos”. Ella no solo habló, sino que actuó en contra de los violentos y la mataron.

El sábado, la violencia se trasladó al departamento del Valle. Cartago fue la sede. En ese municipio fueron asesinadas cuatro personas en plena plaza de mercado. Dos hombres y dos mujeres atacados con arma de fuego casi al mediodía. John Denis Aguirre, de 26 años, Julio César Montaño, de 54, Leydi Yohana García, de 28 y Milagros Hernández de 40 años, eran sus nombres y edades.

Las autoridades aún no han entregado una hipótesis clara, pero creen que quienes dispararon contra estas personas hacen parte de una banda delincuencial de ese municipio del norte del Valle.

El domingo, la barbarie llegó a Jamundí, sur del Valle. Los cuerpos de Ramiro Moreno Delgado, líder campesino, José Mestizo, transportador informal, y Melba Carreño, vendedora de cholados, fueron arrojados en el corregimiento Villa Colombia. Todos con tiros de gracia.

En las montañas de Jamundí y el noroccidente del Cauca opera la columna disidente Jaime Martínez, al mando de Jhoany Noscué, alias Mayimbú, por quien las autoridades ofrecen hasta mil millones de pesos de recompensa.

Esta estructura es igual de sangrienta que la Dagoberto Ramos, y como aspecto en común ambas hacen parte del Comando Organizador de Occidente que tiene en la cabeza del organigrama criminal a Gentil Duarte e Iván Mordisco. La Jaime Martínez vive del narcotráfico y de la ruta para sacar la droga por la región del Naya hacia el pacífico caucano.

Alias Mayimbú trascendió a la opinión pública cuando el 1 de septiembre de 2019 sus hombres masacraron en zona rural de Suárez a la entonces candidata liberal a la alcaldía Karina García. A ella, su madre, Blanca Otilia, y cuatro personas más les dispararon por más de quince minutos con fusiles. El blindaje del carro resistió hasta que fue atacado con granadas y luego incinerado. Los cuerpos quedaron fundidos con el metal del vehículo.

El domingo en la tarde, el alcalde de El Charco, Nariño, Víctor Candelo, informó que en su municipio hay más de cuatro mil personas desplazadas por combates entre disidencias de las Farc y la narcoestructura Los Contadores.

““La cosa por allá esta complicada, son mas de 4.000 personas desplazadas desde cuatro veredas, y tendiendo a que se recrudezca, a que sean más veredas porque continúan los combates entre grupos al margen de la ley que están disputándose el territorio, salieron de la veredas Santa Catalina, las Mercedes, el Cuil y Matapal; no sabemos qué va a pasar con las veredas cercanas, porque otra cantidad de personas quedaron en medio del territorio”, dijo visiblemente afectado el mandatario.

La violencia en esta región de Colombia encendió nuevamente sus motores de barbarie. Lo que pasó es apenas un asomo de lo que viene.