Judicial
DPS, presidido por Gustavo Bolívar, no fue reconocido como víctima en juicio contra la red de corrupción del exsenador Ciro Ramírez
La jueza le hizo un fuerte llamado de atención al apoderado del DPS al considerar que su argumentación fue vacía y llena de contradicciones.
Un no rotundo recibió el Departamento de Prosperidad Social (DPS) tras solicitar ser reconocido como víctima en el inicio del juicio contra cinco personas que habrían hecho parte de la red de corrupción conocida como ‘Las Marionetas’, y la cual se apoderó de millonarios contratos de infraestructura vial y de obra pública en cinco departamentos del país.
Tras escuchar la argumentación del abogado del DPS, la jueza de conocimiento de Bogotá manifestó que no cumplió con los requisitos exigidos, por lo que simplemente negó la solicitud para acreditarse como víctima. Para la funcionaria judicial, pese a la extensa intervención del apoderado del organismo, no pudo revelar el “daño real y concreto” que sufrió el Departamento, hoy en cabeza de Gustavo Bolívar, con los hechos que se entrarán a juzgar.
“La intervención del apoderado del DPS, además de sencilla, fue absolutamente incompleta, deshilvanada y precaria, y no se compadece con el interés de un representante judicial de una entidad pública que pretende agenciar los intereses públicos”, advirtió la jueza haciendo visible su molestia por la falta de argumentación.
Los representantes de los procesados estuvieron de acuerdo con que se negara la solicitud de reconocimiento de víctimas, pues nunca se puso de presente el tiempo, modo y lugar de la afectación, o los derechos que le fueron vulnerados al DPS.
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El apoderado del Departamento de Prosperidad Social anunció que presentará recurso de apelación asegurando que estos actos de corrupción afectaron tanto la imagen como las finanzas del organismo.
La Fiscalía General presentó el escrito de acusación en contra de Pierre García Jacquier, exdirector del DPS: Katherine Rivera Bohórquez, quien hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador Ciro Ramírez, y los contratistas Anderson González, Raúl Alfonso Cardozo Nuncira y Andrés José Ospina.
Por su presunta participación en estos hechos de corrupción tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos por parte de Proyecta Quindío. Para la Fiscalía, en la dirección de Pierre García se direccionaron varios contratos a cambio de comisiones.
Rivera Bohórquez, pese a ser asesora del senador Ciro Ramírez, mostró un inusitado interés en la entrega de estos convenios. “Tratándose entonces de una organización dedicada a apropiarse de recursos a través de la contratación estatal de esta empresa industrial y comercial del Estado, con la participación de servidores públicos y particulares quienes incurrieron en diferentes delitos como interés indebido una celebración de contratos”.
“Se direccionaron recursos públicos desde una entidad de orden nacional con domicilio en la ciudad de Bogotá dirigidos a financiar los proyectos de infraestructura presentados para los departamentos del Tolima, Quindío y Valle del Cauca. A su vez, seleccionó los procesos de invitación pública que con dichos recursos se adelantaron en Proyecta Quindío para realizar las obras públicas y consultorías”, explicó la Fiscalía al entregar el documento con el que buscarán una condena.
En el detalle de la acusación, la Fiscalía explicó que fueron contratos por más de 48.000 millones de pesos los que salieron del Departamento para la Prosperidad Social destinados a Proyecta Quindío, y fueron más de 1.000 millones los que se repartieron entre los funcionarios vinculados a ese escándalo y los congresistas que, aparentemente, hicieron parte de este entramado criminal.
Por estos hechos, la Corte Suprema está próxima a resolver la situación jurídica del exsenador Ciro Ramírez.
