Drogas, prohibición o legalización

(…) Con la llegada del dinero ilícito a la Sierra se distorsionaron los valores culturales, se impuso en la juventud la mentalidad del enriquecimiento fácil y se corrompieron las autoridades que controlaban el área, y aparecieron numerosos males adicionales como consecuencia de la nueva realidad. Los precios de los alimentos, por ejemplo, se dispararon. En el simposio organizado en 1979 por Anif sobre la alternativa de legalizar la marihuana para salir del problema, hicimos vaticinios que varios años después, lamentablemente, resultarían ciertos. Dijimos que mientras la represión se siguiera ejerciendo contra los sembrados campesinos de la yerba, se elevarían sus precios en los mercados, aumentarían las utilidades de los verdaderos peces gordos en el negocio y esta mayor riqueza les permitiría armarse mejor para combatir todos los ejércitos del mundo que enviaran contra ellos (Anif, 1979). Añadimos que mientras se mantuviera intacta la “razón del lucro” del negocio, lo más probable era que, controlado el fenómeno en un sitio, pronto haría metástasis en otra regiones hasta dejar el mapa de Colombia convertido en un telegrama de puntos y rayas sembrado de marihuana y de otras drogas ilícitas (Anif, 1979). Nuestras predicciones, lamentable es decirlo, se cumplieron; la campaña de represión indiscriminada en la Sierra disparó la producción de marihuana en otras partes del país y, con ella, el aumento de su consumo doméstico y el interés por su cultivo y el de la coca, así como la producción de cocaína, de la cual nos convertiríamos en los mayores productores mundiales. Para ese entonces, como señalaba Alberto Lleras, un ilustre expresidente colombiano, ya íbamos camino de recibir el dudoso honor de estar narcotizando, envenenando y corrompiendo a millones de norteamericanos. (…)

(…) La política de combatir el financiamiento ilícito del conflicto a través de la estrategia prohibicionista internacional de lucha contra las drogas parece ser el más costoso y el menos efectivo en términos económicos y es probable que a mediano plazo lo único que consiga sea profundizar el conflicto militar que se nutre de recursos. Los costos de reducir en una tonelada la oferta mundial de cocaína atacando las fuentes de producción localizadas en zonas de enfrentamiento militar, como el sur de Colombia, son de 163.000 dólares por tonelada destruida, mientras el costo para conseguir el mismo resultado a través de la interdicción internacional de los mercados es de 3.600 dólares por tonelada. ¿Por qué insistir entonces en acabar con el problema internacional de las drogas operando en el sitio donde cuesta más y ocasiona mayores pérdidas de vidas humanas, que son las zonas indígenas y campesinas donde se cultivan la coca y la amapola? Se trata de un dilema que se debe resolver cuando se examinen con desprevención las bases de una política alternativa. (…)

Es válido afirmar que ha llegado el momento de suspender los programas de fumigación aérea y erradicación química que, con altos costos sociales y ambientales, se han aplicado durante los últimos 20 años en Colombia. Las recientes evidencias científicas sobre el daño que pueden estar causando las sustancias utilizadas para esta forma de erradicación, su impacto social en zonas minifundistas de cultivo y el drástico recorte de los recursos asignados al Plan Colombia, que estaba concentrado en este mismo objetivo, obligan a pensar, seriamente, en dejar atrás de manera definitiva las operaciones de aspersión y pasar a una nueva etapa de sustitución social de cultivos con erradicación manual y voluntaria de los mismos. (…)

(…) En 1985 se inició en Jamaica la Operación Bucanero para destruir de forma manual los cultivos de ‘ganja’ (marihuana) y sembrar alimentos y otros cultivos. La producción ilícita se desplazó hacia las zonas cenagosas y las sierras; al año siguiente, la marihuana duplicó su precio y producción. Se decidió entonces fumigar por vía aérea las nuevas áreas de cultivo, y las consecuencias fueron desastrosas debido a los niveles de viento de la isla, que trasladaron su efecto venenoso a todo tipo de siembras. Las ayudas alternativas ofrecidas por el Gobierno a los cultivadores nunca llegaron. Los cronistas de la época afirman que la batalla por la erradicación se consiguió al alto costo de un aumento del desempleo hasta del 50 por ciento y la casi total desestabilización política del país. Como señaló uno de sus líderes, la batalla contra las drogas era un desafío demasiado grande para un país tan pequeño como Jamaica.

Los campesinos productores de drogas, las ‘ mulas’ que las transportan y los ciudadanos que las consumen son los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico. Concentrar en ellos el peso de la lucha internacional contra las drogas ilícitas ofrece graves consecuencias sociales, como lo prueba el estado de las zonas andinas de cultivos ilegales erradicados a la fuerza. No tiene sentido arrasar parcelas, alterar ecosistemas, inducir desplazamientos masivos de campesinos, incendiar zonas de frontera para fortalecer señores de la guerra, mientras el consumo de drogas aumenta en los países más ricos. (…)

(…) De lo que se trata es de saber si el beneficio actual del control de las drogas ilícitas, enfrentado al daño social que causa en materia de inestabilidad institucional, aumento del crimen, destrucción del medioambiente y corrupción, permite afirmar que la política actual es una actividad económicamente eficiente. Si no lo fuera, la represión, simple y sencillamente, no valdría la pena: pero no por ser buena o mala en sí misma, sino por tratarse de un pésimo negocio. (…)

(…) Está claro que un dólar gastado en el control coercitivo de la producción agrícola de las drogas produce menores resultados que uno invertido en procesamiento o distribución, y que la inversión de dineros en la restricción del consumo a través de controles policíacos resulta mucho menos eficiente que la que se consigue mediante su prevención educativa. El costo de reducir en 1 por ciento el consumo de cocaína acudiendo a la educación de los usuarios es de 34 dólares por cada uno de ellos, en contraste con los 246 que cuesta la punición del tráfico y los 783 que demanda la destrucción de cultivos ilícitos (Rydell y Everingham, en Kopp, 2004). (…)

(…) El problema de la estrategia de fuerza para combatir las drogas ilícitas es que siempre se está mordiendo su propia cola. La prohibición de una droga lleva a la producción de otra que la sustituye en sus efectos y que amplía el espectro de las sustancias que necesitan ser prohibidas. Cuando se prohibieron los opiáceos en los años setenta, aparecieron las benzodiacepinas que han llegado a consumir 600 millones de personas en reemplazo del opio. Lo previsible es que las drogas basadas en componentes naturales serán sustituidas, a causa de su persecusión, por estupefacientes artificiales como el éxtasis y las anfetaminas, mucho más potentes y menos costosas en su fabricación que las tradicionales. Un solo gramo de éxtasis produce el efecto de 200 dosis mínimas de cocaína. El mercado actual de estas sustancias artificiales, calculado en más de 50 millones de consumidores permanentes, plantea a las autoridades a cargo de la prohibición desafíos interesantes: ya no se trata de destruir pequeños cultivos de coca en la cordillera de los Andes, interceptar lanchas rápidas en el Caribe o cerrar uno de los miles de huecos que han convertido en un panal la frontera entre México y Estados Unidos, sino de perseguir grandes empresas transnacionales farmacéuticas interesadas en el mercado de componentes químicos para las drogas artificiales; precursores químicos utilizados para el procesamiento industrial de elementos naturales, como la coca y la amapola, y, en un futuro no muy lejano, laboratorios fabricantes de drogas hoy vetadas del mercado. (…)

(…) Entre la legalización de las drogas, que plantea una libertad absoluta en producción, distribución y consumo de drogas ilegales, y la prohibición, que la niega, se abre campo un amplio espectro de posibilidades alternativas que caben bajo el común denominador de la descriminalización de las conductas asociadas al fenómeno de las sustancias ilícitas. En la aplicación de la descriminalización, la conducta de quien consume, produce o vende drogas sigue siendo sancionada socialmente, pero no lleva, de forma automática, a la aplicación de penas, castigos o encarcelamientos. La punición se reemplaza por la regulación, la prevención y la imposición tributaria como partes integrales de una nueva política. Para efectos prácticos, la descriminalización se confunde con la despenalización en que, sin exonerar la conducta, se evita la aplicación de penas para controlarla. (…)

(…) Las experiencias de algunos países que han avanzado en la descriminalización ayudan en la formulación de una política alternativa al prohibicionismo que debe empezar por la separación de los agentes que intervienen en la cadena para distinguir entre el pequeño cultivador, el narco latifundista, los procesadores, las mulas que la transportan, los intermediarios que la exportan y los consumidores que la compran a los intermediarios locales. La pregunta entonces no es si tenemos buenas razones para descriminalizar las drogas, la pregunta es si las tenemos para sobrecriminalizarlas como se ha venido haciendo hasta el momento, hasta caer en la trampa de que las leyes diseñadas para corregir el desorden se consideran válidas por el mero hecho de que se siguen violando. Si de lo que se trata es de proteger la niñez, reducir el crimen, asegurar la salud pública y prevenir el daño de valores, es claro que la prohibición no lo ha conseguido. La descriminalización trasladaría el problema a otro campo de juego: el de prevención, regulación, información y resocialización de los adictos. (…)

(…) La descriminalización ofrece un amplio abanico de estrategias alternativas que se podrían adoptar sin llegar a la legalización ni mantener el statu quo de la prohibición. Algunas de ellas son la venta regulada para administrar el consumo y la distribución minorista de algunos tipos de drogas (Holanda); la diferenciación entre el uso y la adicción como tema de salud pública (Portugal); la regulación estatal de la producción, la distribución y el consumo de marihuana (California y la propuesta reciente del presidente de Uruguay). La política alternativa que se adopte no debería estar inspirada en criterios ideológicos o moralistas. Su estructuración se debe hacer a partir de consideraciones de interés colectivo como el respeto de los derechos humanos, la protección de la salud, la defensa del medio ambiente y la reducción de la criminalidad. (…).