Las otras acusaciones que se ciernen sobre Drummond

Además de las múltiples sanciones por incumplir normas de cargue de carbón y daños al medio ambiente, la minera estadounidense Drummond también es una las empresas más salpicadas por acusaciones de crímenes contra sindicalistas, reveló un informe de la Fiscalía en el 2011.

A la par de las actividades extractivas de carbón por parte de la multinacional en la costa Caribe, varios personajes del paramilitarismo han desfilado por la región. Incluso hay acusaciones ante la justicia que han buscado asociar a la empresa con crímenes contra líderes sindicales y la financiación de frentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Con los ojos puestos en captar las jugosas rentas que recibían los municipios carboneros como regalías, el extraditado jefe del Bloque Norte, Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, complementó el frente ‘Juan Andrés Álvarez’ con grupos urbanos en los municipios de Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico y Bosconia. Estos se encargaron de doblegar la resistencia de funcionarios honestos que no quisieran darle tajada al paramilitarismo de los presupuestos públicos, de líderes civiles o políticos con influencia que se opusieran a su expansión, reveló VerdadAbierta.com.

Varios desmovilizados han dado fe de la financiación del ‘Juan Andrés Álvarez’ por parte de algunas mineras del Cesar. Este grupo paramilitar que se quedó en la zona minera del centro del departamento –de influencia de ‘Jorge 40’-, estuvo involucrado en la desaparición masiva de agentes judiciales, señala el portal.

Según Alcides Mattos Tabares, alias ‘El Samario’, quien estuvo al mando de un grupo de este frente desde 2003, la carbonera Drummond les dio dinero para reforzarlos; sin embargo, Óscar Ospino, alias ‘Tolemaida’, contradijo estas afirmaciones.

‘Tolemaida’ fue condenado por un Juzgado Especializado de Bogotá a 30 años y cuatro meses de prisión por el homicidio del presidente y vicepresidente del sindicato de Sintraminergética, Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita en marzo del 2001 luego de que protestaran por la calidad de la comida que recibían en el casino de la minera. Los alimentos eran provistos por la empresa ISA, propiedad del contratista Jaime Blanco Maya.

El paramilitar alias 'Tolemaida' fue condenado por el homicidio de dos sindicalistas de Drummond.

Según el Colectivo de Abogados, los sindicalistas se reunieron con los directivos de la multinacional para exigirles sobre la mala calidad de la comida, pues un cese de actividades por parte de los trabajadores era inminente.

Luego de salir de la reunión, entre las 7:30 y 8:00 a. m., el bus en el que se transportaban los dos trabajadores fue interceptado en un retén paramilitar y Locarno fue asesinado en el sitio “porque el señor opuso resistencia y llevaba un arma”, dijo alias 'Tolemaida'. A Orcasita, por otro lado, lo condujeron hasta una bodega en donde estuvo en poder de ‘Tolemaida’ por varias horas. Los reportes indican que su cuerpo fue hallado con tres impactos de arma de fuego en la cabeza.

Los familiares de los sindicalistas y otras víctimas del ‘Juan Andrés Álvarez’ aseguran que la minera auxilió a dicho grupo paramilitar y han llevado sus casos ante la justicia estadounidense. En la última decisión de 2013, un juez del estado de Alabama (EE. UU.) rechazó en primera instancia el caso contra el dueño de la Drummond. Las víctimas apelaron.

El crimen

Según los testimonios, un miembro de la Drummond dio a un paramilitar, por vía telefónica, las características del vehículo en que se movilizaban ambos sindicalistas.

Alcides Mattos Tabares, alias ‘Samario’, relató que los asesinatos fueron discutidos en dos reuniones. La primera, a finales de 2001 en una finca cercana a Bosconia (Cesar), donde se reunieron ‘Jorge 40’ y ‘Tolemaida’. En la otra -en abril o mayo de 2001- su jefe, ‘Tolemaida’, fue felicitado.

“Supe que en esa reunión se tocaron dos temas: el arreglo para no robar más mulas… y el tema de los sindicalistas. Cuando llegamos, había unos señores de la Drummond y se felicitó a ‘Tolemaida’ por los resultados”, dijo el exparamilitar del Bloque Norte, y agregó que ‘Jorge 40’ también participó en el encuentro. “Recuerdo que participamos alias ‘Dinael’, ‘Lucas’, ‘El Boca’ y ‘Venado’”, dijo.

Dora Arias, abogada del Colectivo de Abogados que lleva el caso, comenta que “en ninguna sentencia se ha dicho que Drummond los haya mandado a matar, pero, obviamente, (las sentencias) indican que sus muertes se generaron debido a su actividad sindical. (Los sindicalistas) hacían denuncias y hay paramilitares que han declarado su asociación (con la multinacional) y que actuaron porque había un acuerdo entre sus superiores y la empresa”.

Por otro lado, el contratista Jaime Blanco fue condenado a 38 años de cárcel por homicidio agravado y concierto para delinquir tras confesar que, en efecto, “hubo la intención de la Drummond de que se asesinaran (a los sindicalistas). (Blanco) confesó que era el enlace entre los paramilitares y la Drummond”, expresa la abogada.

Jaime Blanco al momento de su captura. El empresario confesó que fue autor intelectual de los asesinatos de dos sindicalistas.

El contrato, que le representaba a Blanco utilidades mensuales de hasta cincuenta millones de pesos, valió 16.428 millones. El empresario dijo que no sólo sabía que los iban a matar sino que encubrió a los asesinos.

"Yo quiero aceptar mi responsabilidad en el delito de concierto y homicidio, pero debo aclarar que yo no los maté, pero sí sabía que eso iba a suceder", testificó. Meses después del crimen, la multinacional canceló el contrato.

Sin embargo, en calidad de testigo en una audiencia previa, Blanco testificó que los funcionarios de la Drummond accedieron a respaldar económicamente a los ‘paras’ por las pérdidas millonarias que les ocasionaban los ataques guerrilleros al tren que transportaba el carbón desde la mina al puerto.

“La Drummond estuvo a punto de colapsar. Los ataques guerrilleros no les permitían cumplir con los pedidos que tenían internacionalmente ”, dijo Blanco durante un proceso civil que lleva la justicia estadounidense para definir la responsabilidad económica de la Drummond con las víctimas del paramilitarismo en Cesar.

Según el empresario -hoy detenido en la cárcel La Picota de Bogotá-, el jefe paramilitar John Jairo Esquivel, alias ‘El Tigre’, lo contactó en 1995 para que sirviera de intermediario en una solicitud de financiamiento a la carbonera de la cual, según él, James Atkins y Garry Drummond tuvieron conocimiento.

“Después de un viaje a Estados Unidos, Atkins me dijo que al señor Drummond le había gustado la idea, pero que teníamos que mirar la forma de conseguir los recursos para las AUC", dijo Blanco en su momento.

En el testimonio también declaró que su empresa ISA cobraría un sobrecosto de 10 % en la comida vendida a la Drummond, para usar esos recursos en el financiamiento de los grupos paramilitares. Como prueba, Blanco mostró varios contratos firmados entre su compañía y la carbonera que ponen en evidencia un incremento elevado del precio del valor unitario de cada almuerzo vendido.

La estrategia de financiación funcionó hasta junio de 2001, según contó Blanco, fecha en la que fue involucrado por la Fiscalía en el proceso por la muerte de los dos sindicalistas.

Retractación

Durante la audiencia, el abogado de la Drummond le preguntó a Blanco por una declaración firmada ante la Fiscalía pocos días después de su captura, en la que el empresario negó que la compañía minera hubiera financiado a las autodefensas. El testigo respondió que mintió en ese testimonio y que luego decidió contar toda la verdad para poder negociar su pena.

Además de Atkins y Garry Drummond, Blanco señaló a otros funcionarios de la minera de conocer el financiamiento de los 'paras'. Según el testigo, varios encargados del personal de seguridad y el presidente de la compañía en Colombia, Augusto Jiménez, sabían de las relaciones entre Atkins y las AUC, pero no contó detalles o presentó pruebas que sustentaran su declaración.

También hay una tercera demanda por la presunta responsabilidad de la Drummond en la creación y financiación de un bloque paramilitar, el “Juan Álvarez”, para proteger sus operaciones mineras del acoso guerrillero. La acción legal pide que la empresa minera pague también por su presunta complicidad en el desplazamiento forzado y asesinato de campesinos del predio Mechoacán, donde la empresa compró terrenos.

Drummond ha insistido en su inocencia y negado su participación en las muertes de los sindicalistas. En su momento, la multinacional aseguró que denunció que 'El Viejo Miguel' los estaba extorsionando a través de correos electrónicos. Según la multinacional, gracias a su denuncia, dicho paramilitar fue capturado en Bogotá por la Fiscalía.

Ante la pregunta de cómo pudieron operar cuando los paramilitares tenían el dominio casi total de la región a finales de los noventa, sus voceros dijeron a VerdadAbierta.com que ahora, como entonces, ha mantenido su convicción de no pagarles a terroristas por protección y que por ello tuvieron que aguantar muchas bombas y sabotajes. Ante las afirmaciones de nuevos testigos a favor de los demandantes, que asocian a los directivos de la carbonera con estos crímenes, la empresa ha reiterado que son “tretas propagandísticas”.

El más peligroso

Los familiares de las víctimas han intentado que la justicia estadounidense tome el caso, pero en dos ocasiones, una en la Corte Federal de Alabama y otra en Atlanta, jueces se han negado a iniciar un proceso en contra de la Drummond y sus directivas por considerar que no tuvieron responsabilidad en el crimen.

Sin embargo, un juez de Bogotá pidió a la Fiscalía que investigara a los directivos de la carbonera, Gary Drummond (presidente), Jean Jakim (jefe de seguridad), Augusto Jiménez (presidente en Colombia), Alfredo Araújo (gerente de relaciones con la comunidad) y al coronel retirado Luis Carlos Rodríguez (encargado de seguridad) por su presunta participación en el crimen.

El expresidente Álvaro Uribe fue citado para testificar en noviembre de 2010 en EE. UU. sobre este caso, citado por representantes de los DD. HH. y Conrad & Scherer, firma que representa a familiares de víctimas asesinadas por grupos paramilitares y que presentaron la demanda en 2009 contra Drummond en Alabama.

Uribe no presentó su testimonio luego de que el tribunal estadounidense le reconociera inmunidad por su condición de exmandatario, reportó la agencia EFE.

Izquierda, Gary Drummond, presidente de Drummond. Derecha, Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.

Atkins dejó la Drummond en 2002 para ingresar a la CIA y trabajar con la embajada de EE. UU. en Colombia. Blanco señaló que la relación entre el exjefe de seguridad de la minera con los líderes de las AUC era tan cercana, que en una ocasión lo acompañó a una reunión con 'Jorge 40' en la Sierra Nevada, en la que, al parecer, el jefe ‘para’ le pidió a Atkins, en su condición de agente de la CIA, que verificara si el gobierno estadounidense lo pedía en extradición.

Voceros de Sintramienergética han dicho que tienen suficientes testigos que demostrarían que el pago a paramilitares fue parte de la protección de la carbonera estadounidense contra la extorsión guerrillera. La justicia estadounidense tiene la última palabra.

Mientras tanto, la ONG Human Rights Watch clasifica a Colombia como el país más peligroso del mundo para la actividad sindical y denuncia que la mayoría de crímenes en contra de sindicalistas aún permanece impune.