POLÍTICA
¿Qué hay detrás de las duras críticas de Duque al informe de la ONU?
El documento sobre los derechos humanos en Colombia generó una dura respuesta del presidente, quien pidió que no haya sesgos y lamentó el desconocimiento de los avances en la implementación de la paz. La controversia puede impactar el trabajo de dicha oficina en el país.
Como pocas veces en los últimos años, las relaciones entre el Gobierno colombiano y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas atraviesan por un difícil momento que podría tener serias consecuencias sobre la tarea que viene realizando esa entidad en el país.
Los roces no son nuevos y el punto de la discordia radica ahora en el último informe presentado por esa oficina sobre lo ocurrido en el 2019. En el documento, la Oficina de la Alta Comisionada para la ONU, que conduce a nivel global la expresidenta chilena Michelle Bachelet, mostró su preocupación porque durante el 2019 ocurrieron 36 masacres en todo el país, que dejaron 133 personas muertas. Se trata de niveles de violencia que no se veían desde el 2014, es decir, desde antes de que se suscribiera el acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc.
En el informe, la oficina plantea la drámatica situación que afrontan los líderes sociales y señala que “no es sostenible en el mediano y largo plazo” el esquema de protección de la Uidad Nacional de Protección, UNP, para más de 3.000 personas.
Alberto Brunori, quien desde el 2018 es el representante en Colombia de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, aseguró este jueves que también hay alarma porque se ha incrementado en un 50 por ciento el asesinato de mujeres defensoras de derechos humanos.
Brunori dijo que se detectó que la mayoría de los hechos de violencia vienen sucediendo en zonas “con niveles elevados de pobreza multidimensional, escaso empleo, cultivos ilícitos” y en ese sentido aseguró que se “requiere de una presencia integral del Estado”. Brunori calificó como de “extrema preocupación” los asesinatos contra los excombatientes de las Farc. “Van más de 180, ahí hay un problema”, sostuvo.
También se refirió el caso del joven Dilan Cruz, quien murió por un disparo de un integrante del Esmad, en el centro de Bogotá, a finales del año pasado. “Dilan no tenía que morir”, afirmó Brunori, quien pidió revisar los protocolos de las autoridades para las marchas.
El informe motivó una dura reacción. El propio presidente Iván Duque dijo: “Debo manifestar mis preocupaciones. Me preocupa que haya imprecisiones y me preocupa que no se diga la verdad sobre avances tan importantes como los que ha habido con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET): había 2 y ahora hay 16. Nada de eso se dice, se descalifica el trabajo de los PDET”.
Duque también criticó que el informe pida evaluar la posibilidad de que la Policía quede adscrita al Ministerio del Interior y no al de Defensa, como ocurre en la actualidad.
“Respetando el carácter multilateral de esa oficina, me parece que hay una intromisión en la soberanía de un país cuando se dice que la policía debe pasar al Ministerio del Interior. Ese es un debate de las autoridades colombianas en el marco de la institucionalidad colombiana”, sostuvo Duque.
“Me parece preocupante que poco se diga en ese reporte sobre las violaciones constantes a los derechos hmanos por parte del ELN, de los grupos residuales (las disidencias de las Farc), del clan del Golfo y de Los pelusos. Eso debió haber quedado consignado. Se ha debido destacar el esfuerzo sobre el plan de acción oportuna para enfrentar los ataques a los lideres sociales. No puede haber sesgos”, anotó Duque.
Por su parte, Emilio Archila, el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, calificó el documento como un “mal informe” que además contradice lo que reportan otras agencias de Naciones Unidas en Colombia.
“El informe de Brunori omite las más de 34 medidas de seguridad adicionales que hemos tenido para los excombatientes y omite los resultados de la Fiscalía y la justicia para condenar a los responsables de los homicidios en contra de los excombatientes”, señaló.
El choque entre el Gobierno y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU viene desde mediados del año pasado, cuando incluso estuvo en suspenso la renovación del mandato para el funcionamiento de dicha oficina en Colombia. Al final el acuerdo fue suscrito y se pactó la prórroga por tres años más, en un acto en octubre entre el canciller Carlos Holmes Trujillo y Bachelet, que se realizó en Ginebra (Suiza).
El alcance del trabajo de la oficina, la discusión sobre si en Colombia hubo un conflicto armado interno o una amenaza terrorista, entre otras razones, mantuvieron en veremos la continuidad de la oficina. En algunos sectores se interpretó que el gobierno busca limitar el trabajo de la ONU en Colombia y que la evidente molestia con sus periódicos informes es apenas una muestra de ello.
En momentos en que el país avanza en la puesta en marcha del acuerdo de paz con las Farc, es impensable que las agencias de la ONU queden limitadas o se deban ir del país. Por eso, la arremetida de Duque y de Archila ha activado todas las alarmas.
