Duque denuncia en Popayán pagos de hasta $100.000 pesos para que se mantengan “actos de vandalismo”

El presidente Iván Duque visitó la ciudad de Popayán para hacer seguimiento a los hechos de orden público que se han presentado en las últimas horas enmarcados en el paro nacional.

“Popayán ha visto acciones graves de vandalismo, pillaje y terrorismo urbano de baja intensidad. Hemos visto agresiones a la infraestructura pública, el robo de armamento de la Fiscalía General, el hurto de estupefacientes incautados y también la quema de expedientes”, apuntó.

Tras un consejo de seguridad en compañía de la cúpula de la fuerza pública y las autoridades locales, Duque mantuvo la versión de que las movilizaciones en Popayán y en el país están infiltradas por grupos armados al margen de la ley.

“Testimonios que permiten concluir que detrás de estos hechos está la presencia de Grupos Armados Organizados (GAO) como la Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, miembros de las disidencias, entre otros. También se ha hablado de los movimientos de dineros de esas organizaciones para que se mantengan activos actos de vandalismo”, dijo el mandatario.

Fue así como denunció que en las diferentes movilizaciones estos grupos criminales estarían haciendo pagos que oscilan “entre los $70.000 y $100.000 pesos diarios” a quienes comentan esas acciones.

Producto de estas situaciones, el mandatario reiteró que para Popayán y el departamento del Cauca también se aplica y se ajusta el decreto de asistencia militar que se expidió en horas de la mañana para recuperar el control de la seguridad en las ciudades más afectadas por el vandalismo, así como desbloquear las vías del país.

“Hemos abierto el camino a darle cabida plena a la asistencia militar en la ciudad de Popayán y el departamento, especificando lo siguiente: para Popayán va a haber un aumento del 25 % en el pie de fuerza del Ejército para acompañar la asistencia militar, siempre en procura de proteger los derechos de los ciudadanos y siempre en estricto apego a la Constitución, la ley y los derechos humanos”, resaltó.

Y frente a los actos de vandalismo precisó: “Se van a acelerar todos los procesos de judicialización y, adicionalmente, se va a disponer de un equipo de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para hacerle trazabilidad a los recursos con los cuales se han venido haciendo pagos a esas estructuras, para hacerle daño al bienestar de los ciudadanos”.

La asistencia militar fue decidida inicialmente para Cali tras una visita del jefe de Estado a esa ciudad luego de que se reportaron más de 10 personas fallecidas en medio de las movilizaciones del viernes 28 de mayo.

Tras esta decisión, el Gobierno nacional expidió el decreto 575 del 28 de mayo de 2021, en el que el presidente ordena a los gobernadores del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda y a los alcaldes de Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva, tomar medidas para retomar el orden y evitar que la situación que viven estos territorios siga escalando.

Dentro de las medidas se pide coordinar con las autoridades militares y de policía del departamento la asistencia militar, explicada en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, de manera que el departamento, el distrito y los municipios “pongan en ejecución este instrumento legal para afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”.

Según la norma, este es un instrumento legal que puede aplicarse cuando “hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el presidente de la República, podrá disponer, de forma temporal y excepcional, de la asistencia de la fuerza militar”.