Judicial
Duque, Uribe, Santos y otros aforados, entre los salpicados por Aida Merlano
La Corte Suprema remitió copias ante la Comisión de Acusación y la Fiscalía General para que se realicen las respectivas investigaciones.
En un documento de 13 páginas, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y la Fiscalía General para que se adelanten las respectivas investigaciones en contra de los aforados constitucionales, dirigentes políticos y particulares que fueron mencionados por la excongresista Aida Merlano Rebolledo en sus declaraciones ante las autoridades y medios de comunicación.
Merlano rindió dos declaraciones ante las autoridades (4 de marzo de 2020 y 31 de enero de 2022) así como una entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, el 17 de febrero de 2020, en las cuales hizo menciones sobre la participación del Clan Char en la compra de votos y el plan de fuga que se llevó a cabo el 1 de octubre de 2019 mientras asistía a una cita odontológica en el norte de Bogotá.
En uno de los apartes del documento de la Corte Suprema se pide investigar a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, así como el exministro de Hacienda y candidato a la Presidencia Óscar Iván Zuluaga por haber “recibido dineros de la familia Gerlein y de los Char por debajo de la mesa para la financiación ilegal de sus campañas políticas”.
Igualmente, se menciona al exvicepresidente y otrora candidato presidencial, Germán Vargas Lleras, quien fue señalado por Aida Merlano de ser una de las personas que estuvo detrás de “un complot y/o montaje judicial” en su contra tras el allanamiento que hicieron las autoridades en su sede política en Barranquilla el 11 de marzo de 2018, el mismo día en el que se iban a llevar a cabo las elecciones al Congreso.
Debido a su fuero al momento de los hechos, la Corte Suprema anunció que no cuenta con las competencias para adelantar las respectivas investigaciones penales frente a los hechos que mencionó la excongresista.
En uno de sus apartes mencionó que el presidente Iván Duque y el exfiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira de haber participad en el “supuesto ‘complot’ y/o montaje judicial’” por el que fue condenada Merlano en 2019 por compra de votos y fraude electoral.
El Clan Char
En uno de los apartes se hace mención a las declaraciones rendidas en contra del expresidente del Senado, Arturo Char Chaljub; el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, así como Fuad Ricardo Char Abdala, Julio Gerleín Echeverría, Faisal Jacobo Cure Orfale y Lilibeth Llinás Delgado en los hechos por los que la excongresista fue condenada y el plan de fuga.
En el caso de Alejandro Char Chaljub fue señalado directamente por Merlano de haber organizado, financiado y ejecutado la fuga. En sus declaración ante la Corte, Merlano entregó un video de una de las cámaras de seguridad de su sede política, conocida como la ‘Casa Blanca’, de la noche del 11 de marzo de 2019. “Alejandro Char Chaljub la habría ubicado en ‘el comando’, con el fin de materializar la entrega de una suma de 500 millones de pesos en efectivo, para que los mismos fueran destinados a la financiación de la campaña de Aída al Senado, y concretamente a la compra de votos”.
Sin embargo, el caso de Alejandro Char no para ahí, puesto que Merlano aseguró que siendo Alcalde de Barranquilla (2016-2019) obtuvo cuantiosas sumas de dinero como consecuencia de ‘coimas’ exigidas a los contratistas que resultaron favorecidos con la adjudicación irregular de contratos para la construcción de obras públicas en el Distrito, y concretamente menciona la testigo aquellos contratos relacionados con ‘Arroyos Barranquilla’ y ‘El Malecón”, de los cuales Alejandro Char Chaljub, con quien mantuvo una relación sentimental, habría exigido entre el 10% y el 15% de su valor total”, precisa uno de los apartes del documento de la Corte.
Por estos hechos se desprenden dos investigaciones contra Héctor Amarís Rodríguez y Guillermo Polo Carbonell, quienes habrían sido los encargados de cobrar los sobornos que exigía Alejandro Char como “contraprestación por adjudicar ilegalmente contratos” y enviárselas directamente al mandatario. Los dos hombres fueron catalogados por Merlano como “el hombre del maletín” durante su declaración.
En su extensa declaración, Merlano acusó a Lilibeth Llinás Delgado - a quien señala como protegida de la familia Char y fórmula política de Arturo Char Chaljub en las elecciones del 11 de marzo de 2018- de tener conocimiento claro sobre el envío de las comisiones por parte del clan político para financiar su campaña a la Cámara de Representantes. El dinero para financiar esta campaña -según el dicho de Merlano- provenía de las “coimas” que exigía la familia Char en los procesos de contratación en Barranquilla y en todo el departamento del Atlántico.
En este caso indicó que en sus declaraciones ante la justicia Lilibeth Llinás Delgado faltó a la verdad, omitiendo varios detalles de la forma en cómo se hizo el plan para comprar votos, reseñando que lo único que buscaba era salvaguardar al Clan Char, con quien tenía una relación de vieja data y negocios, puesto que su exesposo tuvo varios contratos con este clan.
Merlano, además, señaló a Fuad Ricardo Char Abdala -padre de Arturo y Alejandro Char Chaljub- de haber organizado, financiado y ejecutado el “proyecto criminal que condujo” a su fuga.
Montaje judicial
La Corte Suprema también pidió investigar a Gueryn Hernández Espitia y Elvia Isabel Otero Ojeda, exfuncionarias de la Fiscalía General de la Nación, quienes habrían manipulado parte de la investigación que se adelantó contra Merlano por compra de votos, supuestamente exigiéndole 800 millones de pesos a la dirigente política a cambio de revelarle información relacionada con el proceso penal, “datos que le habrían ayudado para el ejercicio de su derecho de defensa”.
