Duque objeta la norma central de la JEP y estos son los 8 escenarios a los que se enfrenta

Este domingo, Iván Duque finalmente hizo público su rechazo a la ley estatutaria de la JEP. El presidente finalmente decidió devolver al Congreso esa norma y argumentó seis puntos para sustentar ese movimiento. "He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente", dijo en su discurso.

Duque explicó cada una de sus razones. "No existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz",dijo. Aseguró que con estas quiere ampliar la garantía a la reparación de las víctimas, no permitir la renuncia de la persecución penal en grandes crimenes y precisar los alcances de la extradición. En el conflicto de competencias que hay con la jurisdicción ordinaria, enfatizó en que se inclina porque la Fiscalía tenga mayor competencia para la investigación.

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La decisión produce un efecto dominó en otras áreas esenciales del Estado y puede generar un amplio rechazo en diferentes sectores del país. La Casa de Nariño da este paso con el férreo apoyo del expresidente Álvaro Uribe y del Centro Democrático, pero el tejido político y jurídico que impacta esta decisión es enorme. Jurídicamente la situación no está a favor del gobierno y políticamente, Duque puede perder más de lo que gana con las objeciones presidenciales. Estos son ocho efectos que podrían darse esta semana:

1. Jurídicamente la objeción podría resultar inocua

El trámite de esta herramienta es claro. Si el Congreso acepta las objeciones, estas deberán volver a la Corte Constitucional. Ese organismo se tardó casi un año en estudiar la ley estatutaria y ha defendido con firmeza esa sentencia. Se anticipa entonces que los miembros de esta alta corporación cuando les vuelvan a llegar esos puntos, se pronuncien en el mismo sentido de la sentencia original y las cosas queden igual. Por eso, el único efecto de todo el proceso sería retrasar normas claves para la JEP por lo menos un año. Lo cual solo les daría a los opositores un tiempo en el que la JEP tendría más flexibilidad para actuar de acuerdo a sus propias decisiones, aún en medio de toda clase de críticas.

2. El Congreso podría rechazar las objeciones, lo que sería una derrota para Duque

Iván Duque no vive precisamente la luna de miel con el Congreso. El presidente se jugará el todo por el todo en materia de gobernabilidad. Sin embargo, las cuentas indican que las mayorías no jugarían, en esta oportunidad, con la Casa de Nariño. Jurídicamente si las objeciones se hunden, el presidente estaría obligado a sancionar la ley sin modificaciones, lo cual sería una derrota política contundente. Por ahora, Duque tiene el apoyo del Centro Democrático, el Mira, Colombia Justa Libres, Opción Ciudadana y el Partido Conservador. Pero eso no le alcanza. En la otra orilla, se da por descontado que los verdes, el Polo, la Farc, los decentes y el Mais se opondrán. La Casa de Nariño tendrá que conquistar entonces al Partido de la U, los liberales y Cambio Radical. Las cuentas indican que La U estará dividida, y los liberales mayoritariamente rechazarán las objeciones. El expresidente César Gaviria ha jugado un rol clave frente a la posición del trapo rojo. En Cambio Radical la balanza se inclina más del lado del Gobierno, pero varios miembros de esa colectividad defienden que sancione la ley tal y como está.

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3. Las objeciones producirán un duro choque de trenes

El veto a la ley estatutaria de la JEP se sentirá con fuerza en la Rama Judicial. La semana pasada se planeaba una salida conjunta de la Procuraduría y las presidentas de las altas cortes en respaldo a esa jurisdicción si esto sucedía. Paradójicamente, la mayor molestia no se viviría en la JEP, sino en la Corte Constitucional y en la Corte Suprema. En últimas, el rechazo a la ley estatutaria no tiene que ver con el trabajo de la justicia transicional, sino del Congreso que proyectó esa norma y en especial del organismo constitucional que analizó las reglas fundamentales de la nueva jurisdicción en su sentencia. Una pelea con la Corte Constitucional no le conviene a Duque. En manos de sus nueve magistrados hay decisiones fundamentales para el gobierno como la reforma tributaria, el glifosato y la ley del Plan de Desarrollo. El presidente consciente de lo que viene dijo en su alocución: "No estamos ante un choque de trenes. La Corte Constitucional, Corte por la que tengo el mayor respeto, es la guardiana de la Carta Política y sobre los temas de constitucionalidad tiene la última palabra". En la Corte Suprema tampoco ven bien un golpe a la JEP. Esa alta corte participó en la construcción de ese nuevo organismo, en especial en la selección de sus magistrados. En las altas cortes también está la elección del nuevo registrador, que es escogido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En las últimas semanas se ha dicho que el candidato del gobierno sería Jaime Amín.

4. El gobierno se ganaría la desconfianza de la comunidad internacional

La comunidad internacional es quizás el apoyo más férreo que tiene la justicia transicional. En un mundo convulsionado y en conflicto, el fin de una confrontación de más de 50 años fue una noticia esperanzadora, que incluso le valió al presidente Santos ganarse el Nobel de Paz. Muchos países, principalmente los europeos, son creyentes de la JEP, no solo porque acompañaron el proceso de su construcción sino porque la financian. Tal es la preocupación que existe que los principales representantes de estas naciones han visitado al presidente Duque y a esa jurisdicción recientemente. El mes pasado el príncipe de Noruega, Haakon Magnus, estuvo en la Casa de Nariño. "Presidente, permítame felicitarlo por optar por la creación de un marco institucional que les permitirá curar las heridas del pasado, los logros en materia de paz y reconciliación sin duda son un ejemplo para el mundo entero", le dijo a Duque. El presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, fue igual de expresivo en ese apoyo. Dejó claro que para su país es fundamental proteger esta nueva jurisdicción. La presidenta de la JEP, Patricia Linares, envió apenas se conoció la decisión un comunicado de prensa en el que asegura que "La Jurisdicción Especial para la Paz seguirá funcionando plenamente, ejerciendo a cabalidad todas y cada una de sus competencias y funciones".   

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5. Para la Corte Penal Internacional no sería una buena señal

La CPI, el principal ‘coco’ para los militares involucrados en crímenes en el marco del conflicto armado, ya dejó claro su rechazo a las objeciones presidenciales. "Hemos aceptado que las medidas de justicia transicional que Colombia decidió adoptar podrían, si fueran implementadas y aplicadas adecuadamente, cumplir con los objetivos de rendición de cuentas, disponibilidad de recursos para las víctimas y contribución a la disuasión de crímenes futuros, previstos en el Estatuto de Roma. Hemos, por lo tanto, apoyado a la JEP, como el mecanismo clave de justicia transicional adoptado de conformidad con el acuerdo de paz", advirtió el vicefiscal, James Stewart. El funcionario agregó que dejar definido el marco legal que hace falta es esencial para el nuevo tribunal. De no ser el caso, "esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones". Si esas implicaciones significaran que la CPI abra formalmente una investigación por temas como los falsos positivos en Colombia, Duque tendría que enfrentar el malestar de los militares por haber dado el contexto para una situación semejante.

6. La objeción no tendría efectos sobre el caso Santrich

En el punto más sensible que tiene hoy la JEP, las objeciones no tendrían impacto. La extradición está hoy ya regulada en el Acto Legislativo 01 de 2017 y en la ley 1922. Allí ya está establecido el procedimiento y el plazo para aplicar la garantía de no extradición. Adicionalmente estas normas lo único que hacen es reproducir lo señalado en el acuerdo final. La objeción no cambiaría la competencia, ni el plazo ni el procedimiento aplicable que tiene hoy a JEP para decidir en este caso, es decir, a finales de marzo. Duque aseguró que objetaba este punto pues la ley estatutaria "condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. Esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad. Esa ambigüedad puede ser utilizada para eludir responsabilidades ante la Justicia de otros Estados". Duque propuso también una reforma constitucional para cambiar ese acto legislativo. Sin embargo, este requiere ocho debates en el Congreso y aún en el caso de que sea aprobado, es imposible que sea aplicable antes de que se produzca la decisión sobre el líder guerrillero. 

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7. En el caso Santrich, la pelota real la tiene la Corte Suprema

En la Rama Judicial corre la idea de que la JEP debería mandar rápidamente el expediente de Santrich a la Corte Suprema. Sin el visto bueno de ese organismo, el líder guerrillero no sería enviado a los Estados Unidos. En el fondo, los magistrados saben que en la Suprema no autorizarían la extradición de Santrich. Hacerlo iría en contra de su propia jurisprudencia. En el pasado, sus magistrados suspendieron la extradición de jefes paramilitares como el Alemán y Diego Vecino para dar prioridad a los derechos de las víctimas. Se anticipa que esa tesis no cambiaría en esta oportunidad. Así han interpretado algunos el pedido de la Procuraduría para que la JEP levante la salvaguarda de no extradición y traslade el expediente a sus colegas de la Suprema.

8. Uribe intentará modificar la JEP, pero no la tendrá fácil

Las objeciones presidenciales se traducirán inicialmente en un apoyo público de los sectores que respaldaron los acuerdos de paz. Paradójicamente, esto podría pasar en medio del difícil momento que atraviesa la credibilidad de ese organismo, por cuenta de la captura del fiscal Bermeo. Uribe había aprovechado ese escándalo para plantear el escenario de la necesidad de ‘derogar’ ese organismo y para lanzar un paquete de reformas a esa jurisdicción en relación con la competencia de la JEP en el estudio de los delitos de violencia sexual en niños, la conexión del narcotráfico con el delito político y la creación de un tribunal diferencial en la JEP para los integrantes de las Fuerzas Armadas. Uribe propone, además, facilitar el trámite de extradición por delitos posteriores a la firma del acuerdo de paz. Lo hace entre otras razones porque cree que la puerta de la extradición se cerró luego que la Corte Constitucional habilitó a la JEP para decretar pruebas. En este escenario Uribe se dejará contar en el Congreso. Pero se anticipa que todos los partidos que acompañaron el proceso como el Liberal, los Verdes, el Polo, la U y algunos de los conservadores no le jalen a sus propuestas. Tampoco la tendrá fácil el gobierno, Duque, además de anunciar objeciones a la estatutaria anticipó que presentarán ante el Congreso una reforma constitucional para modificar el Acto Legislativo 01 de 2017, es decir, el que creó la JEP. Plantea, por ejemplo, la exclusión de "los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la Justicia transicional. Nada, ninguna ideología, absolutamente nada, justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad".

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