Dura advertencia a Gobierno Petro por proyecto de ley de sometimiento: “favorecerá más a los victimarios que a las víctimas”

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, formuló fuertes críticas al proyecto de ley de sometimiento, tras señalar que en dicha iniciativa se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, protegiendo más a los victimarios que a las víctimas.

El Gobierno Petro radicó este miércoles 15 de marzo la iniciativa que hará parte de las estrategias del Ejecutivo para lograr la ‘paz total’ en Colombia, y el texto se empezará a discutir en los próximos días. Si hay colaboración con la justicia, el procesado podrá quedarse con hasta $11.500 millones.

La jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello, también mostró su desacuerdo con el otorgamiento del principio de oportunidad, cero penas, para quienes realicen actividades delictivas como concierto para delinquir, con fines de masacres, asesinatos de líderes sociales y de narcotráfico.

Advirtió además sobre un “mico” en este proyecto, al dejar abierta la posibilidad de que las partes y el equipo del Gobierno pacten los presupuestos para la sujeción, lo cual calificó como peligroso.

Cabe recordar que la iniciativa tuvo algunos ajustes con base en el concepto del Consejo de Política Criminal, por lo que el articulado está listo para iniciar la discusión.

Se trata del proyecto “por el cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones”, que tiene 27 páginas y 62 artículos, en los que están contempladas las disposiciones del Gobierno Petro para otorgar beneficios a miembros de organizaciones ilegales que tengan relación directa con el narcotráfico.

Son las reglas claras de juego, con las que el Gobierno Petro busca desmantelar las organizaciones criminales en Colombia con plazos entre dos y tres años para el sometimiento a la justicia.

Según el articulado, los integrantes de bandas criminales que decidan someterse a la justicia pagarían penas entre los seis y ocho años de cárcel, siempre y cuando haya información clara sobre rutas y funcionamiento de las estructuras criminales. Como la iniciativa entrará a debate en el Congreso y el articulado podría cambiar, por ahora no importaría el tipo de delitos cometidos si se cumplen con los requisitos del sometimiento.

Un componente importante de este proyecto de ley es que los integrantes de las organizaciones criminales que no hayan cometido delitos graves podrían ser beneficiados con la renuncia de procesos en su contra por lo que, seguramente, muchos quedarían sin cuentas pendientes con la justicia.

“La presente Ley tiene por objeto crear mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, mediante la aplicación de procedimientos de investigación y judicialización, contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, garantizar la no repetición, desmantelar las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto e impulsar la reintegración efectiva de sus integrantes mediante un enfoque restaurativo”, dice el primer artículo del proyecto de ley radicado.

Así mismo se definen qué estructuras podrán someterse a la justicia y hacer parte de la política de la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro: “Serán las organizaciones criminales de alto impacto, de que trata el artículo 2 de la Ley 2272 de 2022, es decir, las que cumplan las siguientes condiciones: Que se trate de organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas. Que se encuentren organizadas en una estructura jerárquica y/o en red. Que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo. Que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen. Que cumplan funciones en una o más economías ilícitas”.

El artículo tercero del proyecto de ley deja claro que no habrá reconocimiento político para las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y sus integrantes, por lo que los grupos rebeles, como el ELN, quedan por fuera de esta iniciativa, porque ya se adelanta un proceso de paz.

El proyecto también explica las características de las redes criminales que se podrían ver beneficiadas con la iniciativa: “Que se trate de organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas. Que se encuentren organizadas en una estructura jerárquica y/o en red. Que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo. Que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen. Que cumplan funciones en una o más economías ilícitas.”.

Narcos podrían quedarse con parte de su fortuna

El artículo 41 del proyecto de ley indica que habrá un beneficio por la entrega anticipada de bienes, es decir, en cualquier etapa del proceso y antes de la imputación, los procesados deberán entregar un inventario de los bienes e inmuebles que estén relacionados con las actividades ilícitas.

“En cualquier etapa del proceso y hasta antes de la imputación colectiva, según sea el caso, los procesados identificarán en un inventario los bienes muebles e inmuebles que tuviesen relación directa o indirecta con las actividades ilícitas. En este evento, el procesado se hará acreedor al beneficio de hasta el seis (6 %) del valor de los bienes que efectivamente sean entregados y que sean monetizables o tengan en sí mismos capacidad para la restauración de las víctimas, sin exceder los diez mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (10.000) SMLMV”, dice el artículo.

Esto significa que podrían quedarse con hasta $11.500 millones como beneficio por la entrega anticipada de bienes y queda claro que los bienes de los narcos se usarán para la reparación a las víctimas.

“Los bienes que la estructura armada organizada de crimen de alto impacto identifique como de la organización criminal, respecto de los cuales se haya declarado la extinción de dominio o se encuentre en trámite de extinción de dominio, con anterioridad a la suscripción del acta colectiva de sujeción a la justicia, no serán contabilizados para efectos del beneficio de que trata este artículo. No obstante, una vez identificados se destinarán exclusivamente para la reparación de las víctimas”, dice el parágrafo 3 de ese artículo.

Las penas

La iniciativa del Gobierno establece que a la mayoría de quienes se sometan se podría conceder el principio de oportunidad con lo que el Estado cesa la acción penal en su contra. Para los demás, se plantea una pena de entre 6 y 8 años en centro carcelario y un período de cuatro años “de componente restaurativo con mecanismos de vigilancia y monitoreo, extramural, con participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración”.

Entre los delitos que no serían judicializados y que, por tanto, no generarían condena, están el concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal. Y quienes vayan presos no tendrá derechos a subrogados penales ni beneficios administrativos, ni la redención de que trata el Código Penitenciario y Carcelario.

El proyecto señala que las indagaciones, investigaciones y procesos en curso al momento del sometimiento se acumularán en un solo proceso al cual se aplicarán los beneficios del sometimiento. Lo mismo pasará con las penas impuestas previas a la dejación de armas.

Obligaciones para acceder al tratamiento penal

- Manifestar la intención colectiva de contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

- Manifestar la intención colectiva de desmantelar la estructura armada organizada de crimen de alto impacto y sus redes de apoyo.

- Suspender todo tipo de actividades delictivas.

- La entrega de armas.

- La entrega de secuestrados.

- La entrega de menores reclutados.

- La entrega de inventario de bienes y activos vinculados a la actividad ilegal de la estructura.

- La entrega de información precisa sobre redes de apoyo, colaboradores, determinadores y beneficiarios de las actividades ilícitas de la estructura y sus redes de apoyo.

- Las demás que se dispongan en el marco de los acercamientos y conversaciones.