Dura queja de la Procuraduría: ¿firmaron libertad de jóvenes de primera línea sin tener competencia para hacerlo?

La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, anunció que el órgano de control radicó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, por la no convocatoria de procuradores judiciales penales a las diligencias donde se decretó la libertad de dos jóvenes de la primera línea que serán voceros de paz.

Precisamente, fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) le confirmaron a SEMANA que a un primer joven, Santiago Márquez Charris, se le firmó la boleta de libertad en la cárcel de Girón, en Santander, para que sea el primer integrante de la primera línea en ser nombrado gestor de paz por parte del Gobierno Petro.

Márquez será designado como uno de los que deberán adelantar un estudio virtual sobre paz. Algunos tenían detención domiciliaria y otros en centros penitenciarios.

De igual manera, fue también liberada la líder comunitaria Adriana Esperanza Bermeo Sua, quien estaba recluida en El Pedregal en Medellín.

Las órdenes las expidió el grupo de libertades del centro de servicios judiciales de Bogotá y se habrían hecho efectivas esta tarde. En los próximos días el Gobierno Petro firmará las otras cinco boletas de libertad

Sin embargo, la jefe del Ministerio Público denunció que tampoco se les compartió información para actuar en esos casos, y que la persona que firmó las órdenes de libertad, la Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, no tendría la competencia para otorgarlas.

Señaló que “se remitirán las denuncias respectivas” en caso de que “haya habido alguna irregularidad en la emisión de esas órdenes de libertad”, y recordó que los representantes de la Procuraduría deben ser citados a las audiencias ante los jueces de control de garantías, que son los autorizados para emitir las órdenes de libertad correspondientes.

SEMANA tuvo acceso al documento que está dirigido al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Jorge Luis Trujillo y firmado por Jairo Acosta, Procurador Delegado con funciones mixtas 5 para el Ministerio Público en Asuntos Penales (Encargo).

Allí se lee: “pongo de presente la situación que tuvo lugar en el Centro de Servicios Judiciales de Bogotá los días 22 y 23 de diciembre, en donde la Coordinadora habría librado de forma irregular las boletas de libertad de personas denominadas gestores de paz, ello, al parecer arrogándose facultades que no le son propias y omitiendo realizar el reparto ordinario que compete a estos asuntos”.

Y agrega: “La citada funcionaria judicial tampoco convocó al Ministerio Público a dicho trámite, pero lo que aún es peor, le negó cualquier tipo de información al respecto, lo cual le impidió ejercer su papel oportunamente. Sea esta la oportunidad para solicitarle a la magistratura se sirva impartir directrices a los centros de servicios judiciales del país, a efectos de que se permita ejercer a la Procuraduría General de la Nación a través de la intervención de sus delegados”.

La lista de los primeros 7 gestores de paz elegidos por el Gobierno Petro son:

• Santiago Márquez Charris (en libertad)
• Arles Andrés Bolaños Zemanate
• Adriana Esperanza Bermeo Sua (en libertad)
• Laura Camila Ramírez Enciso
• Juan Sebastián Galeano
• Álvaro Andrés Duque Ruiz
• Bremmen Hinestroza

Los jóvenes que saldrán de las cárceles serán mediadores en medio de conflictos sociales que pueden no ser de gran escala, pero sí de importancia para el Gobierno que se haga su resolución. Cinco de ellos se encuentran en reclusión carcelaria y dos en detención domiciliaria. El Gobierno sostuvo que estos jóvenes están siendo investigados y no han sido vinculados a procesos penales.

“Tendrán la responsabilidad de acompañar y apoyar programas relacionados con el desescalamiento de la conflictividad social, la reconciliación de los colombianos y la construcción de la paz total. Es importante aclarar que el Estado no asignará salarios a los Voceros de Paz, ni generará contratos laborales”, informó en su momento la Presidencia de la República.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró en su momento que la comisión creada por orden del presidente Petro realizó varias reuniones, en las cuales se revisaron con lupa los casos de los jóvenes seleccionados para que fueran voceros de paz. Se revisaron más de 200 casos de jóvenes detenidos.