Nación
Duras críticas de la Procuraduría al proceso de compra de tierras para la reforma agraria; una de las apuestas del presidente Petro
En un documento de 100 páginas, el ente de control hace duros cuestionamientos sobre uno de los proyectos bandera del gobierno de Gustavo Petro. La gestión en la Agencia Nacional de Tierras, en cabeza de Juan Felipe Harman, sería muy pobre, según el informe.
Un delicado panorama acaba de revelar la Procuraduría en un reciente informe de 100 páginas sobre el proceso de compra de tierras que arrancó el gobierno de Gustavo Petro para la reforma agraria. El documento saca a relucir posibles irregularidades en el proceso, advertencias sobre los terrenos que ya se han adquirido y hasta inconsistencias en las reglas de ejecución de ese ambicioso proyecto.
En la parte final del informe aparecen varios puntos que generan mayor preocupación a la Procuraduría frente a la gestión que se viene adelantando para conseguir recursos destinados en la compra de tierras. Esto estaría dejando serias inconsistencias financieras, baja ejecución y hasta deficiencias en el proceso de coherencia y transparencia de la información financiera.
Sobre las inconsistencias financieras, la Procuraduría alerto que, “se identificaron discrepancias significativas entre las cifras del informe de gestión 2023 contra las cifras de ejecución con corte a 31 de diciembre de 2023 de la página de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”.
Sobre la baja ejecución del proyecto, el ente de control alertó que pese a que se asignaron altos recursos para la compra de predios, la baja ejecución financiera “real es baja”. Entre los principales hallazgos, destacan que el desembolso de dicho recurso es mucho menor de lo previsto y dejaría en evidencia que la gestión en ese sentido ha sido “ineficaz”.
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“La ejecución presupuestal para compra de tierras solo correspondió al 33% equivalente a $407.021.505.886 respecto de la apropiación global para los rubros de compra de tierras que fue por valor de $1.231.895.430.164 -si se toma el valor apropiado según la respuesta de la ANT del 14/03/2024- debido a que los $645.000.000.000 fueron trasladados al Fondo Colombia en Paz, pero realmente la ejecución al 31 de diciembre de 2023 correspondió al 0%”, advierte el Ministerio Público en el documento.
Frente al proceso de coherencia y transparencia en la información financiera, la Procuraduría también encontró varias irregularidades en los balances de la compra de tierras para la reforma agraria, teniendo en cuenta que no menciona detalles importantes de la ejecución y adquisición de predios como las hectáreas compradas con los recursos.
Entre esos hallazgos, dice el informe que “a partir de la información aportada por la ANT y la consultada en la plataforma SECOP II, no se evidencia coherencia en los avances financieros reportados, por lo que se sugiere mantener actualizada la información”.
Así mismo, explica que “para cada pago realizado se sugiere el soporte del respectivo informe de supervisión que valide la labor o gestión realizada por el contratista, Este informe de supervisión debería incluir la descripción detallada de las actividades realizadas, el cumplimiento de los plazos establecidos, la calidad del trabajo realizado, el cumplimiento de las normativas y regulaciones vigentes, así como cualquier otro aspecto relevante relacionado con la ejecución del contrato”.
Entre las decenas de inconsistencias que se reflejan en dicho informe, también se destaca que no hubo certeza sobre los pagos realizados y los soportes de las funciones que cumplieron contratistas vinculados a RTVC. Hay que recordar que la Agencia Nacional de Tierras firmó un contrato por más de 15 mil millones de pesos el sistema de medios públicos para temas logísticos, un asunto que estaría por fuera de la competencia.
El informe también detalla que “el contrato de FCP se encuentra en ejecución y tiene un porcentaje de desembolsos del 100% a la fecha de la visita a la ANT. No obstante, solo se empieza a demostrar un avance a partir del mes de enero de la vigencia 2024, contando con un acumulado en la ejecución de técnica del 1,6% y financiera del 0,8%, lo cual corresponde respectivamente a $5.148.332.734,60 equivalente a la compra de 1.247,33 has.”
Por esa razón, la Procuraduría le solicitó a la ANT implementar un cronograma de inesión de los recursos, programación para la compra de predios, la legalización de los recursos y elementos necesarios que permitan determinar los avances financieros y físicos del proyecto.
