Durísimo ataque del Procurador al proceso de paz

Una cosa es cierta en el caso de Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación: cada vez que habla con dureza, se genera una controversia general. Y seguramente así será con sus últimas declaraciones, en las que se fue lanza en ristre contra el proceso de paz que adelanta la administración Santos con la guerrilla de las FARC en La Habana.

Ordóñez se mostró severo respecto a la petición de la insurgencia de ratificar los acuerdos a través de una Asamblea Nacional Constituyente: “Aceptar una Constituyente sería legitimar la violencia y admitir que una empresa criminal de tantos años produce efectos políticos. Sería decirles que tienen razón, deslegitimar a las víctimas y al Estado. Aunque el presidente lo ha hecho, el Gobierno debe ser más categórico al respecto. Si la condición de las FARC es una Constituyente, el Gobierno no puede seguir dialogando”.

Para Ordóñez, las FARC, además de ser una empresa criminal, son un grupo armado militarmente vencido. Y para que no quedarán dudas de quién fue el hombre que los humilló en el campo de batalla, hizo una alusión directa al expresidente Álvaro Uribe Vélez: “No estamos ante un ejército victorioso, sino ante uno diezmado después de ocho años de Seguridad Democrática”.

Era natural que sus palabras produjeran escozor y por eso la pregunta era inevitable: ¿Qué opina sobre los que lo señalan como enemigo de la paz? Elevó el tono y argumentó que sólo cumple sus funciones como representante de la sociedad, “en hora o en deshora” y que seguirá siendo el “advertidor constitucional”. Y en línea con esa tesis, volvió a alertar: “Dicen que tenemos que tragarnos unos sapitos, el problema es que esos sapitos están envenenados. Las FARC deben entregar primero a los niños reclutados y la ubicación de las más de un millón de minas antipersona que están sembradas por todo el país”.

Para Ordóñez está claro que no hay que hacerles ninguna concesión a las FARC. ¿Por qué? “Con violentos no se puede rediseñar el Estado colombiano y las políticas públicas, a través de una Constituyente. ¿Cuál es la legitimidad que tienen las FARC, a quién representan, a los huérfanos, a las viudas, a los estudiantes, a los empresarios?”, se preguntó.

Las palabras de Ordóñez fueron pronunciadas en Medellín durante la clausura del Congreso Andesco (servicios públicos, TIC y TV) y se dan ad portas del inicio de una nueva ronda de negociaciones en La Habana. Este fin de semana viaja el equipo de representantes del Gobierno.

Como lo advirtió SEMANA en su edición impresa, el punto de la participación política le está midiendo el aceite al proceso de paz en La Habana. “Después de meses para llegar a un acuerdo parcial sobre el tema agrario, este segundo punto de la agenda entre el gobierno y las FARC va a mostrar realmente a qué velocidad y con qué armonía las partes pueden seguir logrando acuerdos”.

“Porque el hecho es que las FARC están utilizando el concepto de participación política para exigir una serie de reformas que para el gobierno desbordan totalmente los cinco puntos contenidos en la agenda que las dos partes aprobaron en La Habana”.

“Mientras el gobierno dijo que aspiraba a limitar la discusión a reformas y garantías para que las FARC hagan el tránsito de las armas a la política, los guerrilleros declararon que van por cambios de fondo. 'Se trata de fundar un verdadero Estado de derecho', planteó Iván Márquez. La discusión subió de tono cuando las FARC propusieron una constituyente, y no una cualquiera: 'No estamos hablando de una constituyente para después de la dejación de las armas, sino de una como tratado de paz y nuevo contrato social'”.

El pronóstico de SEMANA era acertado. El tema de la Constituyente será de una complejidad enorme. “Dicen que tenemos que tragarnos unos sapitos, el problema es que esos sapitos están envenenados”, volvió a insistir Ordoñez.