Duro golpe a la venta ilegal de chance: ocupan bienes que superarían los $ 3.500 millones

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre seis bienes que habrían sido adquiridos con dineros producto de la venta ilegal de chance, juegos de suerte y azar.

De acuerdo con la Fiscalía, fueron ocupados cuatro establecimientos de comercio, 1 inmueble urbano y 1 automotor, en diligencias realizadas por la Fiscalía y la Sijin de la Policía Nacional en Manizales (Caldas).

Asegura el ente investigador que estos activos pertenecerían a una red delictiva conocida como ‘Regalías’ y, al parecer, fueron usados para promover su actividad ilegal.

“Varias de la propiedades estarían a nombre de Pedro Antonio Tabares Loaiza y su excompañera sentimental, Tatiana Franco Díaz, quienes serían los encargados de coordinar todo lo relacionado con la comercialización ilícita de chance en Caldas y Bolívar. Las investigaciones indican que la organización delincuencial defraudó al Estado, y afectó la seguridad pública y la Empresa Departamental para la Salud de Caldas (EDSA) en más de 3.500 millones de pesos”, indicó la Fiscalía.

Por estos hechos, Tabares Loaiza y Franco Díaz fueron condenados a más de 42 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir y ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. Además, les fue impuesta una multa de 275 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“Los bienes recibieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión. Todos quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)”, concluyó la Fiscalía.

Fiscalía ocupó bienes de dos exgobernadores

Los exgobernadores de Guainía Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliécer Zapata Parrado, y el exalcalde de Inírida Camilo Andrés Puentes Garzón, terminaron metidos en procesos que la Fiscalía llamó de macrocriminalidad y que básicamente están relacionados con hechos de corrupción en el departamento de Guainía.

Los exgobernadores y el exalcalde facilitaron la firma de millonarios contratos de obras que nunca arrancaban o se quedaban a la mitad, se convertían en elefantes blancos en esta zona del país, que exige por esos proyectos de infraestructura y que por cuenta de la corrupción de los funcionarios, elegidos por la misma comunidad, se mantiene en la pobreza a pesar de tener los recursos para su desarrollo.

“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 87 bienes que pertenecerían a los exgobernadores de Guainía Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliécer Zapata Parrado, y al exalcalde de Inírida Camilo Andrés Puentes Garzón”, explicó la Fiscalía.

Los hechos de corrupción de los exmandatarios principalmente estarían en elemento vital para la comunidad que los eligió: el sistema de acueducto de varios municipios. Fue la promesa de campaña y se convirtió en la caja menor de los corruptos en el departamento. Los proyectos tenían fecha de vencimiento y ni siquiera en las dos administraciones de los gobernadores, Rodríguez entre 2012 y 2016, y Zapata hasta 2019, se logró culminar la obra.

“Con complicidad de particulares, habrían suscrito múltiples contratos de suministro y obras públicas que no se ejecutaron, quedaron a medias o presentaron diversas inconsistencias en la fase precontractual; al parecer, relacionados con la construcción de los acueductos de los municipios de Pueblo Nuevo, Minitas, Carpintero, Mapiripana y La Unión”, señaló el ente acusador.

Por estos hechos de corrupción, la Fiscalía atribuyó la riqueza de los exgobernadores y el exalcalde, a las ganancias que les dejó destinar los recursos públicos a terceros, dilapidar el erario del Estado y defraudar a su comunidad que tenía puesta su esperanza en los proyectos de desarrollo para la región y que hoy son muestra de la pobreza que deja la corrupción.

Los bienes que fueron ocupados con fines de extinción de dominio están ubicados en Chía y Cajicá, Cundinamarca, Inírida en Guainía y Villavicencio en el Meta. Se trata de 72 predios rurales, siete urbanos, cuatro vehículos, tres sociedades y un establecimiento de comercio avaluados preliminarmente en cerca de 22.000 millones de pesos.