“Aquí van a responder todos”: Edgardo Maya sobre Reficar

SEMANA: Finalmente, ¿a cuánto asciende el detrimento patrimonial, según la auditoría que se practicó sobre Reficar?

EDGARDO MAYA: En los 36 hallazgos fiscales de la Contraloría, al analizar 177 contratos, hubo irregularidades equivalentes a 930 millones de dólares de gastos que no están justificados. A ello se suman 1.960 millones de dólares por lucro cesante porque la refinería se demoró en entrar en operación 27 meses. Debía operar a comienzos de 2013 y solo entró en operación en octubre de 2015.

SEMANA: ¿Qué es lo más escabroso que ustedes pudieron detectar?

E.M.: Hubo de todo. Por ejemplo, se autorizó la contratación de 2,2 millones de horas en obras de ingeniería y el contrato permitía como máximo un incremento del 10 por ciento. Pero se pagaron en exceso 2,3 millones de horas más por valor de 354 millones de dólares. Había extranjeros a los que se les pagaron 400 dólares por hora. Lo más absurdo es que hay trabajos realizados desde Holanda, Egipto o China. Otro asunto es que la construcción de la refinería se hizo sin tener los estudios definitivos. Se vinculó un socio que no era el más adecuado (Glencore), no tenía experiencia en proyectos de refinación y no se hizo una adecuada planeación del proyecto.

SEMANA: ¿Qué otros hechos le llamaron la atención?

E.M.: Por ejemplo, que a los trabajadores les pagaron incentivos con el propósito de terminar la obra lo más pronto posible. Encontramos pagos por 80.000 millones de pesos y 6 millones de dólares por este concepto. Pero lo más grave es que detectamos que algunos trabajaban de día y destruían de noche lo que habían hecho con el fin de prolongar las obras y obtener más recursos. Esta es una conducta criminal que está en manos de la Fiscalía.

SEMANA: ¿Quién responderá por este detrimento patrimonial?

E.M.: Después de esta auditoría comenzamos una segunda fase que es el juicio de responsabilidad fiscal, que ya arrancó, y donde se determinará qué personas naturales y jurídicas son responsables de los daños ocasionados. Este proceso lo realiza la Unidad Anticorrupción de la Contraloría que llamará y vinculará a las personas que encuentre responsables en este proceso.

SEMANA: ¿Se vinculará a exdirectores de Ecopetrol y Reficar y miembros de sus juntas directivas?

E.M.: No puedo revelar nombres porque se conocerán en el juicio de responsabilidad fiscal. La responsabilidad es personal, no institucional y en el momento en que haya responsables comenzamos a realizar embargos. A quienes se insolventen a partir del momento en que iniciamos la investigación los vamos a denunciar penalmente por fraude procesal.

SEMANA: ¿Habrá implicaciones penales, es decir, podrían ir a la cárcel?

E.M.: Esta labor le corresponderá a la Fiscalía a la que le enviamos toda la documentación sobre el tema para que determine si hay actuaciones de carácter penal. Además, compulsamos copias a la Dian para que revise las facturas y el cumplimiento de pagos del IVA del contratista CB&I, ya que detectamos contratos de transporte donde no se generó el cobro de dicho impuesto.

SEMANA: ¿También responderán los directivos de CB&I?

E.M.: Este es un contrato que se ejecutó no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos. Por eso le solicité a la Fiscalía colombiana que junto con la de Estados Unidos investiguen si hubo desvío de recursos o pago de comisiones. Desde Houston (Texas) durante dos años salía un barco con materiales cada semana para Cartagena. Hay que mirar cómo se hacían esos pagos y cuánto se les giró a los expatriados, es decir, a los contratistas extranjeros. Aquí van a responder todos.

SEMANA: ¿Si analizaron una parte de los contratos, quiere decir que el hueco o detrimento puede ser mayor?

E.M.: Es posible porque vamos a comenzar la segunda fase que comprende contratos por 1.000 millones de dólares. Por eso puede incrementarse el detrimento. Eso lo sabremos en el segundo semestre del año entrante.

SEMANA: Usted dijo que llegó a recoger el cadáver, cuando se acabó la fiesta ¿Por qué no se evitó este descalabro?

E.M.: La Constitución de 1991 acabó con el control previo y le dio a la Contraloría el control posterior, es decir, que llegamos cuando no hay nada que hacer porque la entidad se quedó sin herramientas. El control fiscal en Colombia está en crisis. No pueden seguir funcionando 64 contralorías de las cuales 32 son departamentales y 31 municipales. n