Edificio Aquarela: ¿llegó el momento de la demolición?

La orden de demolición del Edificio Aquarela sigue elevando su número de folios y archivos mientras el proceso parece no llegar a un punto concreto. Esta semana la intervención en el caso estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), que emitió un concepto jurídico al respecto, lo que suscitó nuevas y múltiples reacciones.

El documento se suma a los emitidos con anterioridad por la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Cartagena, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, inspectores de policía, curadurías urbanas y hasta de la mismísima Unesco, entre otros.

Para la ANDJE, el tema está claro: la edificación debe ser destruida por completo, como quiera que existe una orden de demolición vigente que se encuentra contenida en las resoluciones 001 proferida por el Inspector de Policía 2 de Cartagena y la 7589 de 2018, proferida por la Secretaría del Interior y Convivencia, que ordenaron la restitución del espacio público ocupado indebidamente por la construcción. Por esta razón, la acción que procede es la demolición de la edificación, como lo establece el artículo 194 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

El alcalde de Cartagena, William Dau, no solo recibió la notificación de parte de la ANDJE, sino que, además, se reunió con su director, Camilo Gómez Álzate, para conocer los pormenores de la recomendación.

El documento de los expertos jurídicos también señala que una demolición parcial es inviable, porque “técnicamente las propuestas de la Promotora Calle 47, constructora del proyecto Aquarela, no aportaron condiciones de seguridad que garanticen que no habrá afectaciones en la edificación y viviendas aledañas”.

La respuesta de la Alcaldía, sin embargo, fue muy prudente y se limitó a señalar que “adelanta la gestión para cumplir la orden de restitución del espacio público ocupado por el Edificio Aquarela”.

Para Myrna Martínez Mayorga, jefa jurídica de Cartagena, este concepto de la ANDJE constituye un instrumento jurídico importante para la administración, por lo cual se viene adelantando su estudio. “Hemos recibido las recomendaciones y desde entonces estamos realizando los análisis y las revisiones para proceder a dar atención a esta situación, para efectos de proceder con la eventual demolición de esta estructura".

Martínez indicó que el documento está en sintonía con lo que la administración Dau había decidido, luego que la constructora solicitara ante la Curaduría Urbana la modificación de la licencia y esta fuera negada en febrero del presente año, y confirmada recientemente por parte de la Secretaría de Planeación, al considerar improcedente dicha petición.

"Por lo tanto, bajo este escenario, y luego de surtidas las notificaciones respectivas, dejaba a la promotora sin más opciones jurídicas que la de proceder, conforme al plazo otorgado por la Inspección de Policía, a la restitución del espacio público, lo cual se incumplió y lo que habilitaría a la Administración a proceder al cumplimiento de la decisión”, indicó Martínez Mayorga.

La posición de la Alcaldía es que, en varias ocasiones, Dau manifestó que solo haría efectiva la demolición cuando un juez se lo ordenara, debido a que no quieren incurrir en una acción que pueda traer perjuicios al Distrito. Eso sí, dejó claro que con este concepto se tiene una mayor certeza y seguridad jurídica para ejecutar la decisión, por lo cual continuarán el análisis con las diferentes entidades involucradas en el caso.

“En mesas de trabajo concertadas por la Procuraduría General de la Nación ya habíamos logrado un avance con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para efectos de evaluar la situación y materializarla a través de la entrega de recursos que nos permitan proceder con la eventual demolición; así mismo, se vinculó al Ministerio de Cultura”, puntualizó la jefa jurídica de Cartagena.

La respuesta del constructor

En respuesta al documento de la ANDJE, Gilma Úsuga, vocera y representante de la Promotora Calle 47, dijo que derribar el Edificio Aquarela sin que haya de por medio una orden judicial implica asumir la responsabilidad patrimonial de resarcir los daños contra los afectados, que además de los constructores incluye a más de novecientas familias cartageneras que invirtieron en el proyecto habitacional.

La constructora insiste en su posición en que la orden policial de restitución del espacio público presuntamente ocupado solo se refiere a una pequeña parte de la edificación y que siempre han estado en disposición de cumplir de acuerdo a la ley y no lo han podido hacer por órdenes judiciales y decisiones administrativas del Distrito.

"La demolición total desconoce lo dispuesto por la autoridad policiva y resulta completamente desproporcionado e irrazonable. La opinión emitida por la ANDJE, que legalmente no es vinculante, se fundamenta en argumentos tendenciosos y arriba a conclusiones equivocadas que comprometen seriamente la responsabilidad patrimonial del Distrito y la Nación, y toma como sustento el Estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, cuyo contenido ha sido seriamente cuestionado por varios profesionales y agremiaciones dadas las fallas metodológicas y técnicas en las que incurre.

Con este ejercicio desmedido de autoridad, el Ministerio de Cultura busca una vez más escudar la falla institucional ante la no adopción oportuna de un plan integral de protección y conservación de la ciudad, que la Unesco ha solicitado de manera reiterada al Estado colombiano

Horas después de que se conociera el concepto de la ANDJE, Dau declaró en medios locales que está dispuesto el proceso de acuerdo con las recomendaciones jurídicas hechas por el Gobierno nacional y que espera ganar el caso si los constructores llegasen a presentar unas demandas contra el Distrito. “Si no lo tumbo, me puedo ganar un proceso penal; entonces, bueno, vamos y lo tumbamos. Si el Ministerio de Cultura se hace solidario ante cualquier proceso, vamos pa’lante”, dijo en diálogo con RCN Radio.

El mandatario señaló, además, que será la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo la encargada de determinar el mejor método y las medidas adecuadas para llevar a cabo la demolición cuando se determine el momento.

El lío

En el año 2017, el Ministerio de Cultura instauró una acción popular contra el Distrito de Cartagena por haber aprobado la licencia de construcción al Edificio Aquarela, una torre de 30 pisos de la promotora Calle 47 S.A.S., en la parte posterior del Castillo de San Felipe, porque este afecta el Plan Especial de Manejo y Protección de monumentos que son patrimonio de la Unesco, lo cual ese organismo de Naciones Unidas venía exigiéndole a Colombia desde 1984.