"Consumo en EE.UU. también llevó al alza de cultivos de coca"

SEMANA: El Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, dice que Colombia cometió un error al diseñar en el acuerdo de paz incentivos para la sustitución de los cultivos ilícitos ya que esto llevó al incremento de las siembras. ¿Qué opina?

Eduardo Díaz: El acuerdo de paz es la primera y gran oportunidad que tiene Colombia para salir del tema de los cultivos ilícitos. Afirmar lo contrario no corresponde a la verdad por cuanto el Estado podrá llegar con los programas de sustitución y desarrollo territorial a los sitios donde está concentrada la producción de coca que, en su mayoría, son los sitios donde se produjo el conflicto. En el 68% de los territorios donde hoy hay coca nunca llegó un programa de desarrollo alternativo dirigido por las Naciones Unidas. Y esto ocurrió en razón al conflicto armado, era imposible llegar a esos territorios por razones de seguridad.

Atribuir el crecimiento de los cultivos al acuerdo de paz es desconocer que el acuerdo de paz es la primera oportunidad que se abre para salir de ese flagelo. Ahora bien, es cierto y es preocupante ver cómo en esas zonas y en otras partes han crecido los cultivos, producto de muchas circunstancias. Una de ellas tiene que ver con lo que el acuerdo pudo significar para algunos cultivadores o algunos campesinos que vieron ahí la oportunidad de acceder a programas del gobierno. Pero es igualmente cierto que ha habido un fenómeno de devaluación del peso colombiano que ha incidido también en el crecimiento de los cultivos; así como la caída del precio del oro implicó el traslado de muchos capitales ilegales de la minería ilegal hacia los cultivos ilícitos.

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La razón por la cual han crecido los cultivos tiene que ver con muchos factores, incluído, el comportamiento de la demanda de cocaína en Estados Unidos, en Brasil y en Europa. Por tanto, este es un fenómeno global y no se puede mirar sin una sola de las partes de la cadena. Pero lo que sí le quiero reiterar es que el acuerdo de paz es la primera gran oportunidad que tiene el país para, en el marco de paz y el desarrollo regional, avanzar en la sustitución de cultivos de la mano de los campesinos.

SEMANA: ¿Cuánto impacto pudo haber tenido esta expectativa de incentivos frente al aumento de cultivos?

E.D.: Me parece que poner la lupa en ese tema es como ver el árbol y no el bosque. Es una visión desenfocada en donde por andar mirando un tema no se ven los demás. Entonces insistir en ello es encontrar una hipótesis que es falsa. Pero sí tuvo incidencia, si se quiere ver así. Lo que pasa es que no es la mayor ni la única explicación. ¿Qué tanto pesó la devaluación del peso? ¿Qué tanto pesó la crisis de la economía? Los expertos no lo han definido pero al menos sí consideran que esos otros aspectos tuvieron incidencia. Entonces, no solo son fenómenos internos, también son fenómenos externos. ¿Qué tanta incidencia tuvo el incremento de consumo de coca en Europa, Estados Unidos y Brasil? Eso es también parte de la pregunta.

SEMANA: El efecto que tuvo el anuncio de incentivos en la realidad del campo no es nuevo, hay alertas desde hace unos tres años de parte del informe anual de Simci. ¿Se hizo algo en el acuerdo para contrarrestar el incremento?

E.D.: El tema de frenar los cultivos tiene que ver con las herramientas que se utilizan para evitar el crecimiento de los mismos. Y por eso he reiterado que la principal herramienta que propone el acuerdo para superar el flagelo de los cultivos ilícitos es ayudarle a los campesinos para que pasen del confrontación a la cooperación. Es posible que algunas personas hayan interpretado el acuerdo como una oportunidad para hacerse a unos recursos por cuenta de los acuerdos de sustitución. Pero es una interpretación que recae en las personas porque el acuerdo, por ejemplo, es más potente en relación con los campesinos, con la reforma rural integral y regiones enteras donde hay conflicto, como los Montes de María, el Tolima o el Huila, donde no se presentó ningún crecimiento de cultivos. O sea que uno no podría decir que esa es la razón única. Puede ser que haya personas que asumieron ese comportamiento pero lo que no se puede hacer es descalificar la oportunidad inmensa que significa el acuerdo de paz para la reducción drástica de cultivos; y segundo, dejar de ver que el problema tiene múltiples causas como las mencionadas anteriormente.

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SEMANA: ¿Cómo responderle al Secretario de Estado que dice que es urgente que reanuden las aspersiones aéreas con glifosato? 

E.D.: Creo que ya el Gobierno ha sido bastante claro -el señor vicepresidente de la República, el ministro del posconflicto, Rafael Pardo, y el ministro de justicia- en cuanto a que eso es una página ya pasada. Que lo fundamental en la lucha contra los cultivos es abordar de manera distinta el tema de narcotráfico y los cultivos. Tener una estrategia contra las redes de narcotraficantes y buscar avanzar significativamente en la sustitución de cultivos de la mano de los campesinos. Por ello, no sobra recordar lo que señaló el vicepresidente cuando dijo que en los últimos ocho años se intervinieron 2 millones de hectáreas de las cuales 1,6 millones fueron asperjadas con glifosato y 400.000 fueron erradicadas manualmente para un balance final de una reducción de 100.000 hectáreas. Estos resultados, repito, sobre la base de 2 millones de hectáreas intervenidas. Creo que lo que hay que mirar es la oportunidad que el proceso de paz le ofrece a la superación de este problema.

SEMANA: ¿Qué resultados reportan en la sustitución con la implementación del acuerdo?

E.D.: La implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, que es el pactado en el acuerdo final, inició el 27 de enero de 2017 cuando se decidió por parte del Gobierno Nacional, en cabeza del ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, y las Farc, en cabeza de Pastor Alape, la implementación del punto cuatro del acuerdo de paz. Desde entonces han transcurrido 4 meses y medio, y puedo decir por ahora que se han realizado compromisos de interés por parte de comunidades, han expresado su voluntad de avanzar por el camino de la sustitución voluntaria. Esto involucra a 80.000 familias en distintas regiones del país e incidencia sobre unas 70.000 hectáreas de coca.

De ahí hemos pasado a una segunda fase que consiste en hablar con esas comunidades que expresaron su voluntad a través de los líderes para iniciar procesos de sustitución y se inició un proceso de socialización de los acuerdos. A partir del 11 de mayo se inició la tercera fase que tiene que ver con inscripción de acuerdos familia por familia en esos territorios donde se comprometen a abandonar toda relación con los cultivos ilícitos e involucrarse en procesos reales de sustitución, no comercializar derivados de la coca. 

SEMANA: A hoy, ¿cuántas familias han firmado?

E.D.: Se han realizado a la fecha procesos de registro y compromisos individuales en el Meta, Putumayo, Guaviare, Tumaco, Antioquia, Vichada y estamos avanzando en Montañita (Caquetá) en donde el sábado se formaliza este proceso. Estamos hablando que con lo hecho y con lo que se hará en los próximos 20 días, en total entrarían 11.398 familias comprometidas con la erradicación voluntaria de 9.308 hectáreas de coca.

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SEMANA: ¿Cuántas familias creen que terminarán por acogerse?

E.D.: Estamos hablando de cerca de 170.000 familias.

Beneficios que reciben al suscribir el acuerdo:

Deben comprometerse a la sustitución voluntaria, la no resiembra, el no cultivar ni estar involucrados en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito ni de participar en la comercialización ilegal de las materias primas.

Durante el primer año: $1 millón al mes como remuneración por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario. Este dinero se entrega hasta por 12 meses para campesinos con cultivos o sin cultivos de uso ilícito.

$1,8 millones para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria por una sola vez, tales como cultivos de pancoger y cría de especies menores.

$9 millones de pesos por una sola vez, para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como piscicultura, avicultura, entre otros.

Segundo año: El Gobierno Nacional invertirá por familia, hasta $10 millones en proyectos productivos y sufragar mano de obra. Adicional se creará una línea de crédito especial.

Se creará un plan de asistencia técnica durante todo el proceso, con un costo aproximado de $3,2 millones de pesos por familia. Se estima que más de 660 técnicos y profesionales agropecuarios se movilizarán para acompañar a las comunidades.