El regreso de Eduardo Montealegre

Desde que se retiró de la Fiscalía, Eduardo Montealegre había mantenido un bajo perfil. Luego de ser uno de los protagonistas más vociferantes del Estado, el exfiscal guardó silencio por meses. El abogado se fue a vivir a Alemania con su esposa y su hijo y dejó claro que durante el tiempo que estuviera allí no quería estar nuevamente bajo los reflectores de la prensa. Por eso, su intervención el miércoles en la audiencia de la Corte Constitucional sobre los bienes de las Farc marcó un punto de inflexión en esa postura de discreción y dejó claro que no solo regresó sino que va a quedarse.

Montealegre no solo volvió al que había sido su espacio, pues fue magistrado de la Corte Constitucional, sino a su tema: el proceso de paz. Su intervención durante los diálogos de paz generó controversia en múltiples oportunidades y el rechazo del presidente Juan Manuel Santos en algunas tantas de estas. Fue el primero en abrir la puerta a flexibilizar la justicia para los miembros de las Farc y esa generosidad complicó la negociación en La Habana. Para el Gobierno era difícil sostener puntos que el fiscal ya había entregado y la guerrilla veía que si esa autoridad lo permitía ellos no tenían que conformarse con menos.

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En la audiencia de la Corte pasó algo semejante. Mientras el fiscal Néstor Humberto Martínez rechazó el decreto y enumeró seis reparos a la norma que da línea para la administración de los bienes que entreguen las Farc, Montealegre lo apoyó con ahínco. Contrario a lo que expuso su antecesor, para el actual jefe del ente investigador la extinción es el único mecanismo constitucional que existe para garantizar el traslado de los activos que posee esa guerrilla al Estado.

"La Fiscalía ha sustentado que, en su criterio y en defensa del orden jurídico de la nación, su competencia para perseguir los activos de las Farc, a través de la extinción de dominio debe mantenerse intacta y, por ende, que la elaboración por parte de la guerrilla de un listado con los activos de la organización desmovilizada, no puede entenderse como una limitación u obstáculo para que pueda adelantar, en nombre del Estado la extinción del dominio", dijo.

Pero Motealegre se afincó en la otra orilla. “Solicito que se declare la constitucionalidad del decreto porque se ajusta a la carta política”, dijo al concluir su intervención. Para el exfiscal existen cuatro argumento claves en los que se podría basar la sala para seguir adelante con la aplicación del decreto: 1) la Constitución no es cerrada sino que permite la reincorporación de nuevas normas que introduzcan modelos para alcanzar las finalidades constitucionales, 2) la Constitución es un marco donde es posible el diseño de diversas configuraciones normativas, 3) el comiso es un buen ejemplo de como hay diversas formas de configuración para el tratamiento de bienes ilícitos y 4) el argumento asiduo debido a que el caso del comiso muestra que es posible diseñar diversas políticas de tratamiento de bienes ilícitos.

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Cuando hablaba de paz, el exfiscal siempre ocupaba los titulares de la prensa. No era para menos. Sus propuestas siempre han generado controversia. Por ejemplo, cuando la negociación con las Farc aún estaba en una fase secreta aseguró que el país tenía “que pensar seriamente en la posibilidad de amnistías e indultos condicionados inclusive frente a graves violaciones de Derechos Humanos”.

El punto de justicia fue el que terminó polarizando más la percepción sobre el proceso de paz y en ese sentido la posición de Montealegre en algunas ocasiones le echó leña al fuego. Aseguró que a los miembros de las Farc podría otorgárseles el principio de oportunidad, es decir la cesación de sus procesos penales, si firmaban la paz. También dijo que la cárcel no es el único método de castigo para la guerrilla pues “una vez que se hayan producido las sentencias correspondientes podríamos hablar de penas alternativas a la pena de prisión, por ejemplo, el trabajo social comunitario y el desminado”. Incluso alcanzó a plantear un sistema de arresto los fines de semana.

Pero sus puntos no solo hicieron eco en el debate alrededor de la justicia. Montealegre fue quizás la única voz pública en el país que rechazó la realización del plebiscito, el cual calificó como “un exceso de generosidad del presidente Santos”. El fiscal tenía la tesis de que “no se requiere ningún mecanismo de refrendación ni de un plebiscito para darle validez a los acuerdos de La Habana”, dijo en su momento. Agregó que al ser la paz un derecho fundamental no podía estar sujeto a la aprobación de las mayorías.

El último día de su gestión el fiscal dejó claro que su posición respecto al acuerdo iba mucho más allá de sus intervenciones. Asistió a la Corte Constitucional y radicó allí un documento de 89 páginas demandando los acuerdos de paz. Para él la firma del inicio de los acuerdos tenía carácter de tratado internacional y por eso debía interpretarse de manera unívoca como un acuerdo especial en términos del derecho internacional humanitario. La corte admitió la demanda, pero luego decidió inhibirse. Esa habría sido la salida jurídica más fácil para blindar los acuerdos después del fracaso del plebiscito, pero también habría sido la más polémica. Solo las Farc y en especial Álvaro Leyva compartían esa tesis. El presidente Santos calificó la demanda como un acto “audaz, válido pero inapropiado”.

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Santos y Montealegre no quedaron en los mejores términos. A pesar de que el fiscal apoyaba el proceso de paz de frente, los excesos en sus declaraciones también terminaron por hacerle daño. Sin embargo, la ruptura del fiscal con el Gobierno tuvo que ver con algo diferente a esas discusiones judiciales. Como se recordará, el presidente debía presentar una terna para reemplazar a Montealegre y el candidato de este, sin duda, era su vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. Santos decidió no incluirlo y la terna estuvo conformada por Néstor Humberto Martínez, Yesid Reyes y Mónica Cifuentes. Como era obligatorio que fuera una mujer, el presidente tenía que decidir entre dejar por fuera a su superministro o a su ministro de justicia.

Según trascendió en ese momento, la exclusión de Perdomo de la terna generó un cisma en Palacio al punto que la superministra de la presidencia, María Lorena Gutiérrez, se apartó del gobierno. Estuvo un tiempo como embajadora de Alemania y regresó la semana pasada como ministra de Comercio. En esa estadía en Europa, ambos mantuvieron el contacto y ella habría sido clave en la reconciliación del exfiscal con el gobierno.

Montealegre regresó al país hace más de un mes y ha estado concentrado en recomponer su oficina de abogados y retornar a la cátedra. “Las críticas y los desacuerdos del pasado ya están superados, y lo importante ahora es el futuro de Colombia, colaborando con los rediseños institucionales que son prioritarios para que se consolide la paz”, le dijo Montealegre a El Espectador a propósito de su llegada. Su presencia en la audiencia de la Corte Constitucional dejó la impresión de que quiere jugar un papel importante en esta nueva fase del proceso de paz, sin embargo, aún no se sabe a ciencia cierta cuál pueda ser.

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