Eduardo Pulgar, excongresista condenado por intentar sobornar a un juez, fue trasladado a una guarnición militar

Nuevamente, el exsenador Eduardo Pulgar Daza será traslado a una guarnición militar para cumplir su condena por ofrecerle 200 millones de pesos a un juez de la República con el fin de favorecer a un grupo de allegados en la disputa jurídica que tenían para obtener el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

Pulgar ganó una acción de tutela en la que pedía que se le protegieran sus derechos fundamentales que consideraba afectados por su traslado a la cárcel La Picota de Bogotá, pese a sus problemas de salud y al hecho que tenía arraigo en el departamento del Atlántico.

En abril, en medio del escándalo de corrupción protagonizado por el empresario Carlos Mattos, quien aprovechó sus salidas al médico para sostener reuniones de negocios, se ordenó el traslado de varios internos.

Entre estos se encontraba Pulgar, que para ese momento se encontraba en el batallón militar de Malambo (Atlántico). Tras conocer la decisión firmada por el Ministerio de Justicia, Wilson Ruiz, el exsenador del Partido de la U fue internado durante 15 días en la Clínica La Misericordia de Barranquilla por problemas cardiacos.

Pulgar fue sentenciado por la Corte Suprema de Justicia tras aceptar su responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho por dar u ofrecer.

Esto por haberle ofrecido sobornos al juez promiscuo municipal de Usiacurí (Atlántico) con el fin de que lo beneficiara con el restablecimiento del derecho en un litigio que adelantaban personas muy cercanas a él para manejar la Universidad Metropolitana de Barranquilla, la cual era uno de sus fortines políticos.

Pulgar invitó al juez a su casa en Barranquilla y le ofreció 200 millones de pesos con el fin de que tomara una decisión. Sin embargo, ante la negativa del funcionario, el dirigente político le insistió en que al menos retrasara la toma de la decisión.

Todo esto fue grabado por el juez que, como precaución, llevó una grabadora a la casa de Pulgar. Esto debido a que este tipo de invitaciones no eran normales.

Por estos mismos hechos, el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura, lo que representa que Pulgar no podrá volver a presentarse a cargos de elección popular el resto de su vida. Mientras tanto, la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por doce años para ejercer cargos públicos.

En mayo pasado, la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por doce años para ejercer cargos públicos por ofrecer 200 millones de pesos al entonces juez promiscuo municipal de Usiacurí (Atlántico), Andrés Fernando Rodríguez Caez, a cambio de favorecer a Luis Fernando Acosta Osío, miembro de la Junta Directiva de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, en un proceso judicial.

De acuerdo con las pruebas recaudadas, “el senador, después de exponer el contexto del conflicto entre los directivos de la Universidad Metropolitana, le solicitó al entonces juez de Usiacurí que lo ayudara con ese asunto porque esa universidad le ponía unos voticos importantes y señaló que, algunos directivos de ese centro educativo le apoyaban en sus compañas políticas para ser congresista”.

La declaración del juez Rodríguez Caez se sustentó con las grabaciones que aportó, en las que se registran conversaciones en las que intervino como víctima y que comprometen a Pulgar Daza.

Según el fallo disciplinario, el exsenador abusó de su cargo al ofrecer una utilidad en dinero a un juez de la República, con el firme propósito de que este “actuara a favor de los Acosta, miembros de la Junta Directiva de la Universidad Metropolitana y, de contera, para beneficio del disciplinado, porque los Acosta, según lo admitió el procesado, le daban dinero para financiar su campaña electoral al Congreso, además, le ayudaban con puestos y con becas”.

El ente disciplinario concluyó que el disciplinado propuso al juez un trato lucrativo a cambio de que el funcionario incumpliera y quebrantara su deber de imparcialidad y eficiencia como autoridad judicial.

La conducta, descrita en la ley penal como el delito de cohecho, fue calificada por la Procuraduría como falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo.