EE.UU. aprobó extradición de Andrés Felipe Arias

El Departamento de Estado de los Estados Unidos tomó una decisión sobre uno de los casos de la justicia colombiana más importantes, dando respuesta a la solicitud que hace cuatro años le hizo la Corte Suprema del país: la extradición del exministro Andrés Felipe Arias, quien tiene pendiente con este tribunal una condena por más de 17 años.

La decisión se conoció a través de una carta que habría firmado el asesor de ese Departamento, Tom Heinemann. El documento sugiere que no se encontraron razones que indiquen una posible tortura u otro tipo de peligro una vez el exministro llegue al país.

"La decisión de entregar a un fugitivo que ha reclamado la tortura invocando la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, refleja una determinación de que la ‘tortura’ reclamada no cumple con la definición establecida o de que es poco probable que el fugitivo sea torturado si es extraditado", aseguran en el documento.

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Además, el Departamento de Estados aseguró que le notificará a Colombia el tiempo que Arias pasó en prisión en territorio estadounidense para que lo considere en la condena que debería pagar en el país.

"Como funcionario responsable de administrar las responsabilidades del Departamento en casos de extradición internacional, confirmo la decisión de entregar al Sr. Arias a Colombia, cumpliendo con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud de la Convención (tratado de extradición bilateral) y su implementación", se lee en el documento.

Desde que Arias salió del país, su familia, defensa y destacadas figuras del uribismo han intentando impulsar un movimiento a favor de su inocencia. Su esposa, Catalina Serrano se convirtió en la cara más visible de esa campaña. En la mañana del viernes envió un mensaje a los colombianos. "Hoy siento un dolor muy profundo en mi corazón. Me duele ver la indolencia de las instituciones y de las naciones en el mundo frente al caso de un hombre inocente, trabajador, honesto y disciplinado que dedicó su vida con amor al servicio público", dijo. 

Durante estos años, pero sobretodo en los últimos meses, ella y el exministro han enviado varios mensajes con la teoría de que el caso de Arias responde a una persecución política. "(Andrés Felipe) es un hombre desprotegido de la ley, que no tiene a quién acudir, que a quién levantar la mano, un hombre que solo tiene las voces de muchos colombianos que claman su justicia, pero desafortunadamente no es suficiente", dijo Serrano en las primeras reacciones públicas de su familia a la decisión de Estados Unidos. 

Hace una semana, las insistencias del exministro Andrés Felipe Arias por lograr una doble instancia en su caso sufrieron otro golpe en la Corte Suprema de Justicia. Alegando la existencia de un Acto Legislativo que en el 2018 creó la doble instancia para aforados en Colombia y adjuntando la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que le pidió al Estado colombiano dar garantías judiciales al exministro, Arias volvió a tocar las puertas de la Sala Penal. 

Sin embargo, en un nuevo pronunciamiento, el alto tribunal manifiestó su respeto por el rol del comité de la ONU, e incluso, su respeto ante una eventual decisión de atender el dictamen que haga el Estado colombiano, pero manifesta que el poder para proceder en la revisión de un recurso de apelación como el que pide Arias no lo tiene la Corte Suprema de Justicia ni ningún otro tribunal de la Rama Judicial. ¿La razón? los magistrados le explican a Arias, que el cumplimiento de estas disposiciones requieren una reforma constitucional que solo puede estar en manos del Congreso de la República.

 "De una parte, para suprimir los efectos de la cosa juzgada en casos como el del exministro y, de otra, para crear con carácter temporal un organismo judicial que actúe como superior jerárquico de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia", manifestaron los magistrados. La corte también es clara en señalar que no va a incitar esa reforma constitucional requerida para el fin pretendido por Árias.

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La decisión detalla que no pueden suprimirle los efectos de la cosa juzgada a la sentencia condenatoria contra Arias, así como tampoco pueden presentarla ante un órgano de justicia inexistente. "La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es órgano de cierre, no tiene superior jerárquico. Eso es imposible no sólo con sustento en el Acto Legislativo sino igualmente al abrigo del dictamen adoptado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU".

El alto tribunal explica en su auto que la intención de Arias es que le sea derogada la sentencia condenatoria del 16 de julio de 2014 por la vía de concedérsele el recurso de apelación contra ella. Durante años, a pesar de graves tensiones políticas de los aforados, el Congreso no logró crear esta doble instancia para los procesos judiciales que resuelve la Corte Suprema. Solo lo logró hacer el año pasado, tras dar cumplimiento a una sentencia producida por un alto tribunal colombiano. Con el nuevo escenario que propone Arias -que las sentencias que están en firme también sean revisadas- los magistrados de la Sala Penal le mandan un mensaje y es que su batalla no es con los jueces, es con el Congreso.