"Ejército no ha dado respuesta de violación de soldado a niña nukak"

La violación de la niña embera y el centenar de feminicidios que se han registrado durante la pandemia volvieron a poner el dedo en la llaga en uno de los problemas sobre derechos humanos más graves del país, la violencia basada en género que no cesa, ni en medio del coronavirus. SEMANA habló con Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas, que trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres y niñas. Según Benjumea hay casos que todavía no han salido a la luz y que serían de la misma gravedad del de la niña embera, pero que solo han advertido la ONU y la Procuraduría. "La Oficina documentó tres casos de violencia sexual perpetrados presuntamente por miembros del Ejército en Arauca, Guaviare y Meta", dijo el representante en Colombia de la Alta Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, en febrero pasado.

SEMANA: No es ninguna sorpresa que la violencia basada en género se haya convertido en un gran factor de riesgo para las mujeres y las niñas, lo habían advertido al inicio de la pandemia, ¿si estaba tan claro, qué fallo?

Adriana Benjumea: Eso refleja lo que la sociedad y el Estado siempre ha pensado del tema de la violencia contra las mujeres: que es menos grave lo que les pasa a las mujeres y a las niñas. A no ser que sean crímenes espectaculares, como se pueden denominar esos son los que llaman la atención, como que siete militares violen una niña, que a una mujer la empalen, eso genera todo el populismo punitivo, toda la indignación, pero en términos reales es la crónica de una muerte anunciada porque a la gente le parece menos grave. Los funcionarios públicos que atienden las denuncias de violencia contra las mujeres subestiman lo que puede significar, que las mujeres y las niñas, en este proceso de cuarentena estén encerradas con sus agresores. Por eso es que hay una sentencia de la Corte Constitucional que habla de la violencia institucional, porque hay prejuicios.

SEMANA: Como usted lo menciona, la violación a la niña embera chamí en Risaralda ha generado gran indignación y acción por parte del Estado, pero ella no es la única víctima, persiste la utilización del cuerpo de la mujer como arma y el abuso...

A. B.: Claro que sigue ocurriendo, pero además es un Estado muy ignorante con el tema, escuchaba las declaraciones del presidente con el tema de los siete soldados, por favor, están en deuda con todo lo que han hecho los actores armados, y además los del Estado, con las mujeres y las niñas. Nosotras acabamos de entregar un informe a la JEP de Montes de María donde hay casos de Fuerza Pública y de Policía, el 2 de julio entregaremos un informe del Catatumbo donde hay casos de violencia sexual de soldados y policías. Se dio la alarma por siete soldados por la violanción de la niña en Santa Cecilia, pero no es el único caso, ¿qué se dijo del caso de la niña nukak en septiembre del año pasado en el Guaviare? eso está escondido, silenciado, ni el Gobierno ni el Ejército han dado respuesta de la violación de ese soldado a esa niña nukak en el Guaviare.

SEMANA: ¿Por qué un hecho de tal gravedad no ha salido a la luz como el de la niña embera?

A. B.: Los nukak está discriminados, aislados, no hay una política pública que los proteja. Eso se escondió, después de esa denuncia en septiembre el Estado colombiano no ha ahondado en eso. Entonces, no solo es la niña embera que por fortuna ha tenido una comunidad fortalecida que la respalda, y que hay que proteger, porque además esta denuncia pone en riesgo a toda la comunidad, por este poder del Estado, que a veces en la búsqueda de esconder sus delitos pueden poner en riesgo la vida de otras personas. Pero, ¿quién defiende a los nukak?, por ejemplo, quién defiende a las mujeres de Montes de María a las que en el marco de la política de seguridad democrática unos soldados violaron mujeres y niñas, a las mujeres del Catatumbo que vivieron también la represión de los mismos miembros del Estado. Está el cuento de las manzanas podridas, cuando no ha dado respuesta a la violencia sexual contra las mujeres y niñas en el marco del conflicto armado, no solamente de los paramilitares y guerrillas sino también de las instituciones del Estado formalmente constituido.

SEMANA: ¿A qué se refiere con la denuncia de septiembre del año pasado, quién la hizo y qué ha pasado con ella?

A. B.: Hay una denuncia que esta adelantando la Procuraduría, que es de septiembre del año pasado, en el Guaviare de una niña nukak, el caso existe. Su mamá y ella no han dado la autorización de hablar más del caso, pero se adelanta una investigación. La oficina de Derechos Humanos de la ONU, denunció en febrero de este año tres casos de violencia sexual cometidos contra menores de edad: en Arauca, el Meta y Guaviare. Además, hay muchos más casos que ni siquiera se han podido denunciar, eso es lo que se está presentando ante la JEP.

SEMANA: Las cifras de violencia sexual y feminicidios son preocupantes, la Fiscalía cuenta 76 feminicidios en la pandemia, ¿cuántos registran ustedes?

A. B.: Estamos hablando de 188 feminicidios en lo que va corrido del año, en el marco de la pandemia son 113. Cómo no se van a disparar si las mujeres están encerradas con sus agresores y las instituciones no contaron con los mecanismos para atenderlas. Es una crisis humanitaria la que está pasando.

SEMANA: Se han habilitado líneas de emergencia para atender los casos de violencia basada en género, a nivel nacional y local, ¿por qué no son suficientes?

A. B.: Para las mujeres que están encerradas con sus agresores no es tan sencillo llamar. Si las personas llaman a la policía cuando sus vecinos están haciendo fiesta en cuarentena, por quéno lo hacen  cuando se escucha que el esposo le está pegando a la esposa. Para muchas mujeres ir al trabajo es la posibilidad de respirar, no solo descansar de los roles domésticos, sino poder contarle a una amiga, denunciar, hacer una llamada, y si está encerrada con su agresor los recursos pueden ser muy pocos, no siempre cuenta con recursos para tener minutos en su celular. La línea nacional de orientación 155 como su nombre lo dice orienta, pero después va a tener que hacer otras llamadas a una comisaría, por ejemplo, hay muchas que están cerradas y que no están atendiendo presencialmente. Así como la policía pasa por las calles diciendo no salga, es por su salud, también que pasen diciendo: la violencia contra las mujeres no es tolerable, es un delito, esta es la línea a la que se puede denunciar. Además, el decreto que se sacó en el marco de la pandemia para la atención obliga a los temas de prevención.

SEMANA: ¿Qué tanto se pueden esclarecer en medio de una pandemia los feminicidios y los casos de violencia sexual?

A. B.: La responsabilidad de prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, la responsabilidad de atenderla no es una obligación nueva en la pandemia, es de la Ley 1257. La pandemia pone condiciones difíciles para todos los delitos, pero hubo una norma específica, en el marco de la pandemia, el decreto 460, para prevenir y atender, que dicen cuáles son las audiencias que tienen que realizarse, nosotras hemos acompañado a mujeres a audiencias porque se ha detenido a sus agresores en flagrancia, pero también es posible actuar. Es de la misma importancia la reactivación económica que atender la violencia contra las mujeres y las niñas, si no se piensa en la vida de las mujeres y las niñas, para salir con las mujeres vivas de la pandemia, pues entonces estamos en un error.

SEMANA: La violencia contra la mujeres va en cadena, ocurre desde que son niñas, como lo demuestran las cifras del ICBF y también en adultas, pero no siempre esto se logra parar y se llegan a los feminicidios, ¿se normaliza en la sociedad?

A. B.: Exacto, más del 90 por ciento de los feminicidios sin lugar a equivocarme, incluso pudo ser más, se pudieron haber evitado si la institucionalidad hubiera actuado con la debida diligencia y con enfoque de derechos humanos. Muchas mujeres que han sido víctimas de violencia fueron antes a comisarías de familia, denunciaron antes en la Fiscalía, pero no hubo acciones de protección contundentes porque las amenazaron, como en el caso del Chocó, en los que se subestimó las amenazas del agresor, se normalizó la violencia contra esas mujeres y simplemente se responde que una amenaza la hace cualquiera, no es así, la está haciendo quien dormía en la misma cama con la víctima, quien conoce dónde vive, puede tener las llaves de su casa, su cotidianidad. Pero se subestima y se dice que en la pandemia hay cosas más graves para atender, pero siempre se ha dicho lo mismo, en otras situación, siempre hay cosas más graves que la violencia contra la mujer.

SEMANA: ¿Cómo pueden denunciar las mujeres que son violentadas?

A. B.: Las mujeres pueden activar la ruta de denuncia y protección en cualquiera de las instituciones: comisarías, Defensoría del Pueblo, personerías municipales, porque la ruta empieza donde la mujer la active, es la institucionalidad la que no puede responder que ahí no es, que vaya a la Fiscalía. Tiene que hacer un oficio y acompañar a la víctima, y eso no se ha entendido, pero así es desde 2018. De lo contrario, la están condenando a una agresión o a una muerte muy anunciada y eso ha pasado con muchos de los feminicidios que hemos tenido en Colombia.