Un grupo de mujeres que presentó pruebas médicas para ingresar al Ejército Nacional denunció que fueron víctimas de abuso sexual. Los hechos ocurrieron entre el 14 y 15 de mayo del año en curso.
Se trata de al menos 70 mujeres que realizaron dichas pruebas médicas en la ciudad Popayán, y quien estuvo al frente de estas fue un médico general de sexo masculino.
De acuerdo con la denuncia, hubo un momento en que el galeno les solicitó que se dejaran la ropa interior hasta las rodillas y adoptaran una posición fetal, mirando hacia la pared.
“Desde esa ubicación, realizaba la inspección directa de la zona íntima, manipulando el área con el fin de observar tanto la parte anterior como posterior, efectuando una apertura manual para lograr visibilidad de ambas zonas”, señaló una de las aspirantes que hizo la denuncia.
Y agregó: “Muchas aceptamos en silencio, no porque estuviéramos de acuerdo, sino por miedo, por presión y por el deseo de no quedar por fuera del proceso”.
Tras dicha polémica, el Ejército Nacional emitió un comunicado esta mañana de jueves, 28 de mayo. En este se indicó que la Dirección de Reclutamiento tiene plena disposición con las autoridades competentes para establecer puntualmente qué ocurrió en dicho proceso.
“La Dirección de Reclutamiento tiene plena disposición con las autoridades competentes para efectuar la verificación e investigación que se adelanta, suministrando toda la información requerida para el esclarecimiento de los hechos. Los exámenes de aptitud psicofísica que se realizan por parte de profesionales de la salud al servicio de la Fuerza siguen criterios técnicos y clínicos orientados a determinar las condiciones psicofísicas requeridas para la prestación del servicio militar, bajo procedimientos establecidos en la Directiva Permanente n.° 012400830242 emitida por la Dirección General de Sanidad”, indicaron inicialmente en el comunicado.
Por último, aseguraron que dicho proceso de incorporación para la prestación del servicio militar “se fundamenta en principios de transparencia, legalidad, respeto, trato digno y protección de los derechos humanos, manteniendo siempre el compromiso institucional con los aspirantes y sus familias”.
“El Ejército Nacional rechaza categóricamente cualquier conducta que atente contra la integridad, la dignidad o los derechos de los ciudadanos que participan en los procesos de incorporación”, concluyeron.