Estudio entre jóvenes demostró que el 41 % fue víctima de violencia antes de cumplir la mayoría de edad

Luego de que en el país se conocieran múltiples casos de violencia sexual en contra de niños y niñas en establecimientos educativos, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), urgido por la Presidencia, lanzó el Protocolo de Prevención de Violencia sexual en Entornos Escolares.

Desde la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia se informó que se iniciaría un trabajo en conjunto con las demás instituciones de Colombia para garantizar que este protocolo sea socializado y llevado a la práctica en todos los departamentos y municipios del territorio nacional.

En entrevista con SEMANA, la consejera para la Niñez y la Adolescencia, Carolina Salgado, explicó cómo se pretende desarrollar esta gestión alrededor de las comunidades educativas nacionales, y habló sobre la alianza interinstitucional que enmarca este protocolo y la lucha en general frente a la violencia infantil.

Alianza nacional

De acuerdo con la consejera, la Alianza, que se consolidó en 2019 bajo los parámetros del Plan Nacional de Desarrollo (PND), es desde donde se fundamenta la petición del presidente Iván Duque de trabajar con urgencia frente a los casos de violencia que fueron denunciados en semanas recientes en diferentes establecimientos.

Salgado explica que uno de los pilares fundamentales de esta lucha es el trabajo conjunto y articulado, a través del cual se han adelantado iniciativas que buscan potenciar la eliminación y abordaje de cualquier violencia hacia niños, niñas y adolescentes.

Es así como se emite por parte del Ministerio de Educación, el día 4 de marzo, la directiva número uno de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, que está dirigida tanto a gobernadores, alcaldes y secretarías de Educación, como a entes territoriales, directivos, docentes, orientadores y todos los actores del sector que deben velar por la protección y garantía de la seguridad de los niños y niñas.

“El propósito de esta directiva era, justamente, hacer un llamado a la acción en este marco de corresponsabilidad, donde a cada uno nos corresponde un rol importante de asistir y proteger a los niños y niñas, como garantes”, afirma la consejera.

Según Salgado, esta orientación del MEN exhorta también a atender la normativa que ya existe, haciendo énfasis en el fortalecimiento y la activación de protocolos que deben aplicarse cuando hay situaciones que ponen en riesgo a los niños y niñas, o cuando se ha presentado alguna vulneración.

Manuales de convivencia

La funcionaria también hizo referencia en entrevista con SEMANA al direccionamiento del Protocolo establecido por la cartera de Educación, que incluye tanto a las instituciones educativas del sector público como privado en el país.

El llamado por parte de las autoridades inicia en las cabezas de los establecimientos: los rectores. Estos directivos, como garantes de la protección de sus estudiantes deben emprender acciones inmediatas que busquen prevenir una potencial vulneración, o restablecer los derechos del niño o niña vulnerada.

Al respecto, la consejera añade que estas medidas, junto con la denuncia que se debe hacer en cada caso, son obligatorias sin importar el contexto, y un desacato podría tener consecuencias severas para los directivos. “Frente a sospecha, denuncia o evidencia de riesgo debe haber una actuación absolutamente inmediata. En una omisión de actuación hay responsabilidades tanto penales como consecuencias disciplinarias”, puntualiza.

Asimismo, para dar cumplimiento al Protocolo del MEN, los colegios, acompañados por los entes territoriales y las secretarías de Educación, deberán trabajar sobre sus manuales de convivencia. Estos documentos, que son pieza clave de la estabilidad de las instituciones, deben ser –según la Consejería– construidos en conjunto con la comunidad escolar.

“Estos manuales deben ser revisados una vez al año por si requieren ajustes. Este es un documento que necesitamos que realmente viva, que no sea un escrito, sino que realmente se apropie”, afirmó Salgado, quien también resaltó que la elaboración y modificación de estas directrices institucionales deben basarse principalmente en la Ley de Convivencia Escolar, que contiene las bases necesarias para garantizar la integridad de los textos.

Colaboración entre entidades

La consejera le dijo a SEMANA que estas orientaciones que envió el ministerio contemplan rutas de atención que deben y son mejor trabajadas cuando se da una “colaboración armónica entre entidades”.

“Hablamos del trabajo mancomunado del sector educativo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de esa acción inmediata con la Policía, y, dentro de estas colaboraciones armónicas, tanto el MEN como el ICBF tienen unos convenios de trabajo para estos casos tan prioritarios como son los casos frente a niños y niñas”, aseveró Salgado.

Dentro de estos convenios, la Consejería tiene un rol de coordinación y articulación, que verifica que sea la Alianza Nacional del PND la que siente a trabajar a los diferentes sectores, tanto desde la instancia nacional, como desde las territoriales y la gestión social.

“Cuando esto vive en el territorio, cuando se coge y se adopta, es cuando realmente se hace realidad ese propósito común de protección”, dice la funcionaria.

Para ejemplificar este trabajo mancomunado de instituciones, la consejera se refiere a la estrategia Crianza Amorosa Más Juego: “Ese es un ejemplo exitoso frente a esta articulación, y es, básicamente, el trabajo que se ha liderado desde el despacho de la primera dama, con la institucionalidad de la Consejería, y el trabajo conjunto con el ICBF”.

Salgado se refrió también a una encuesta que se lanzó y presentó al país en 2019, donde encontraron que, en la población entre 18 y 24 años que fue consultada, el 41 % aseguró haber sido víctima de algún tipo de violencia antes de cumplir la mayoría de edad.

Asimismo, la encuesta arrojó otra cifra nada alentadora: de este porcentaje de niños, niñas y jóvenes vulnerados, más del 70 % sufrió estos episodios en su hogar.

La consejera informó en la entrevista con SEMANA que desde la Consejería tienen registro de cerca de 38.000 procesos administrativos de restablecimiento de derechos, que son los procesos para el año 2021, y 18.000 de estos son por violencia sexual. “Tenemos una cifra cercana a los 40 casos diarios, en general en Colombia, de procesos administrativos de restitución de derechos por temas sexuales, y estamos buscando hacer conciencia de ello”, señaló Salgado.

Contexto territorial

La consejera hizo énfasis en la necesidad de contextualizar este Protocolo del MEN en cada territorio, de acuerdo con su necesidad y particularidad. Al respecto, aseguró que las Secretarías de Educación tienen un rol supremamente importante en la implementación de estos protocolos, acompañando constante y directamente a los municipios y establecimientos educativos.

Asimismo, resaltó que estas orientaciones tienen otro objetivo primordial: actuar contra la violencia infantil y juvenil en cada territorio. Para esto, Salgado afirma que es muy importante que, periódicamente, cada institución en sus comités de convivencia escolar revise las alertas y casos que se hayan presentado, genere rutas de acción y deje constancia de esto.

“Frente a eso deben tomarse acciones, medidas a implementarse, y deben dejarse registradas y evidenciadas en la actualización del manual de convivencia de cada institución”, dijo Salgado.

“Es así como este trabajo desde nación, territorio e institución educativa es absolutamente importante, porque resalta la particularidad de las situaciones que se presenten en cada territorio y en cada institución”, sostuvo.

Fortalecimiento pedagógico y acompañamiento

Finalmente, la consejera explicó a SEMANA que todas estas estrategias han estado y estarán acompañadas de un proceso de pedagogía en el que, además de explicarse un documento con las directivas, se llegue a lo profundo del problema, y se hable sobre la violencia, se explique qué es el acoso, se enseñe a identificarlo y, sobre todo, se oriente para denunciarlo.

De acuerdo con la funcionaria, “es en ese trabajo que se orienta a desarrollar acciones educativas también, porque partimos de esa base para fortalecer de manera socioemocional a niños y niñas, y poder tener un fundamento pedagógico sumado a la prevención y atención”.

En cuanto al acompañamiento emocional que se les hace a los menores que han sido vulnerados, Salgado aseguró que desde el Gobierno y el ICBF se han agrupado y coordinado a las diferentes instituciones e instancias que arropan a estos niños, niñas y jóvenes.

“El Instituto, con sus defensores de familia, hace un trabajo de acompañamiento psicológico en todo este proceso. Asimismo, tenemos el equipo de trabajo de Guardianes por la Niñez”, que, según Salgado, están prestos con empatía, amor y herramientas para atender a esta población.