El aterrador prontuario del empresario Hernando Silva Bickenbach, protagonista en investigación por robo a Ecopetrol. Tiene un proceso relacionado con bandas criminales

Los hallazgos en el multimillonario escándalo de robo a Ecopetrol son cada vez más escabrosos. SEMANA sigue revelando detalles de lo que sería una de las ollas podridas más grandes en lo que tiene que ver con delitos de hurto de hidrocarburos y que salpica a importantes empresas y personas que se encuentran en este ramo.

Uno de los vinculados al proceso es el empresario Hernando Silva Bickenbach, representante de Niman Commerce, empresa que resultó salpicada penalmente con el proceso del hurto de hidrocarburos a Ecopetrol. SEMANA obtuvo los soportes de los procesos penales en los que se encuentra vinculado el empresario y uno de ellos llamó la atención.

La causa penal está en la Fiscalía 131 especializada de Valledupar en la dirección contra organizaciones criminales. En el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), la acción se encuentra en estado activo en la actualidad. El otro proceso contra Silva se encuentra en el Juzgado 12 del circuito de Bogotá, bajo el radicado 66100, en donde aparecen como demandados Niman Commercer y Hernando Silva.

Es de anotar que en su investigación la Policía ha revelado que el crudo robado a Ecopetrol se dio en zonas donde tiene inherencia el ELN, estructura que es denominada por la fuerza pública como Bacrim, es decir, Banda Criminal, en igual categoría al Clan del Golfo.

De acuerdo con la investigación de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), lo que hacían los integrantes del sistema para hurtar el hidrocarburo en el oleoducto Caño Limón-Coveñas era asociarse con el ELN en Catatumbo Norte de Santander, para a través de válvulas que eran instaladas al tubo extraer el hidrocarburo. Luego, dice la Dijín, el crudo era blanqueado (es decir, vuelto legal), usando varias empresas legalmente constituidas.

Según las Fiscalía, otro de los eslabones de la cadena criminal está conformado por varias empresas que, desde 2021 hasta mediados de mayo último, habrían utilizado personerías jurídicas, permisos otorgados por el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Medio Ambiente y las cámaras de comercio para crear y mantener actividades comerciales relacionadas con la instalación de las plataformas de extracción del crudo, el desarrollo de sistemas de almacenamiento y refinación, y la comercialización de hidrocarburos.

Según los elementos de prueba, estas empresas tendrían vínculos estrechos con las otras redes delictivas y, al parecer, servían para dar apariencia de legalidad al combustible obtenido irregularmente del oleoducto Caño Limón-Coveñas, procesarlo y ponerlo en las costas del Caribe para comercializarlo.

Por estos hechos fueron presentadas ante jueces de control de garantías tres personas imputadas, según la posible participación, por los delitos de concierto para delinquir agravado, receptación de hidrocarburos y falsificación de documento privado. Los investigados son:

• Omar Enrique Morales Bobadilla, director financiero de una compañía de petróleos, señalado de preparar mezclas químicas para que el hidrocarburo hurtado fuera apto para la comercialización.
• Maira Janeth Medina Flórez, representante legal de una empresa que, presuntamente, expedía documentación con información falsa para respaldar el traslados de los combustibles.
• Catalina Quintero Rincón, quien sería la encargada de administrar y gestionar permisos, y de tramitar la documentación ante las autoridades estatales para adquirir químicos con el fin de realizar la transformación del crudo para su posterior comercialización.

De manera simultánea al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en coordinación con la Dijín de la Policía Nacional, ocupó 101 propiedades que harían parte del patrimonio ilícito de algunos de los presuntos integrantes del andamiaje ilegal de apoderamiento y comercialización de hidrocarburos.

Se trata de 9 inmuebles rurales y 15 urbanos; 37 vehículos, 7 naves, 18 sociedades y 15 establecimientos de comercio, los cuales fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.

Los predios, avaluados en más de 1,3 billones de pesos, están ubicados en Barranquilla y Galapa (Atlántico); Chivatá (Boyacá), Cartagena (Bolívar); Flandes, Espinal y Lérida (Tolima); Chía y Madrid (Cundinamarca); Barrancabermeja y Bucaramanga (Santander), Buenaventura (Valle del Cauca) y Bogotá. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar estos bienes.