El auto, cargado de mensajes, con el que Corte remite caso de El Aro al fiscal Barbosa

Primero uno y después el otro. Semanas atrás, la Corte Suprema de Justicia había remitido a la Fiscalía General de la Nación el proceso que adelantaba por manipulación de testigos a Álvaro Uribe Vélez y ahora hizo lo mismo con el expediente que lo vincula con las masacres de San Roque, El Aro, La Granja y el homicidio del denunciante y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

Esta última decisión está contenida en un auto de 43 páginas. Las decisiones remisorias de la Corte suelen tener dos o tres páginas, pero en esta ocasión, frente al llamado caso de El Aro, los magistrados hicieron un detallado inventario de los elementos que componen el expediente y de lo adelantado. La decisión como tal no toma por sorpresa a nadie —era más bien de esperarse—, pero sí siembra gran expectativa sobre cómo se desarrollará en manos del ente acusador debido a las particularidades que contiene.

Y no solo porque se trate de acusaciones a un expresidente de la república y el líder político más poderoso e influyente de las últimas décadas. Lo que hace especial a este caso son las idas y vueltas que ha tenido en casi 20 años, en los que pasó de la Fiscalía a la Corte y viceversa, y los múltiples testimonios que lo han nutrido durante todo este tiempo.

Para determinar si el expediente debía continuar en sus manos o no, la Corte analizó argumentos muy similares a los que se habían expuesto en el caso que hoy tiene a Uribe Vélez bajo detención domiciliaria. Es decir, la investigación por presión y ofrecimientos a testigos y que lo enfrenta con el senador Iván Cepeda Castro.

Como en aquella ocasión, el defensor del expresidente, el penalista Jaime Granados Peña, recordó que la renuncia de su cliente al Senado implicaba que la Corte no era más su “juez natural” y que le correspondía a un juez ordinario conocer del caso. Insistió, además, en que los hechos por los que se le acusan no eran “propios” de su antigua posición como congresista y que para su ocurrencia había que remontarse un par de décadas atrás, época en la que se desempeñaba como gobernador del departamento de Antioquia.

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Por su parte, los abogados de Juan Guillermo Valle Noreña, sobrino del fallecido Jesús María Valle Jaramillo y parte civil en el proceso, aseguraron que una remisión del expediente a la Fiscalía “afectaría gravemente los derechos y garantías de las víctimas” y que en las investigaciones que se adelantan contra Uribe Vélez se han evidenciado “conductas delictuales que buscaron el encubrimiento de la responsabilidad” del expresidente en los hechos.

Agregaron que sí existía una relación entre sus labores como senador y los supuestos delitos cometidos ya que en el Congreso se llevaron a cabo debates políticos “en torno al tema del paramilitarismo y la relación con el exsenador Uribe” y, adicionalmente, el líder del Centro Democrático había delegado a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para que buscaran “supuestos testigos dispuestos a desprestigiar” a quienes lo hubieran denunciado.

Por último, hicieron pública su molestia por el poco desarrollo que tuvo la investigación mientras estuvo en manos del ente acusador —antes de la elección de Uribe Vélez como legislador en 2014— y advirtieron su temor por que esto vuelva a suceder. El que la Corte consigne esos argumentos en su auto remisorio es un claro mensaje al fiscal general Francisco Barbosa Delgado.

Los magistrados de la Corte le hallaron la razón al abogado Granados Peña, quien solicitó remitir el expediente a la Fiscalía. Según ellos, en la situación presente no existía “nexo sustancial y causal entre delito y función (como senador)" por lo que no habían motivos para que continuaran adelantando las diligencias. Se remitieron también al historial del proceso, el cual inició en mayo de 2000 en la Fiscalía, y reconocieron que llegó a su poder únicamente cuando el expresidente se convirtió en senador y, en consecuencia, se configuró un fuero constitucional a su favor. Dicho fuero, tras su renuncia en agosto pasado, no es más una realidad y por ello les corresponde enviar el expediente de regreso a la Fiscalía.

Sin embargo, en algo no se equivocaban los abogados de la parte civil y es respecto a la nula agilidad con la que operó el ente acusador mientras tuvo el expediente.

La Unidad Nacional de Derechos Humanos, el 16 de mayo del 2000, compulsó copias a la Fiscalía por una presunta conducta omisiva del exgobernador de Antioquia frente a ataques de grupos paramilitares a la población civil del municipio de Ituango en 1996, sucesos que posteriormente serían conocidos como la masacre de La Granja. Una investigación previa se abrió, pero meses después el fiscal delegado resolvería inhibirse. “Del estudio de los presentes hechos, se observa que no existe mérito para iniciar investigación formal contra el doctor Álvaro Uribe Vélez” afirmó entonces.

Un letargo extenso se apoderaría de la investigación hasta el 2011, año en que volvió a moverse por cuenta de unos testimonios que recolectó Iván Cepeda Castro en diferentes visitas a cárceles del país. Un grupo de exparamilitares le contó al entonces representante a la Cámara que el expresidente había estado involucrado en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que la Hacienda Guacharacas, propiedad de su familia, era el centro de operaciones del grupo armado. Esto llevaría al pulso judicial entre Uribe Vélez y su adversario el senador Iván Cepeda Castro, quien acusó al líder del uribismo de auspiciar la conformación de esta estructura criminal que, entre otras cosas, sería la responsable de una masacre en el municipio de San Roque, Antioquia, en 1996, tal y como aseveró el exparamilitar Pablo Hernán Sierra.

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Debido a que estos hechos guardaban estrecha relación con la compulsa de copias que recibió la Fiscalía en el año 2000 por parte de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, se decidió que ambos se investigarían bajo la misma cuerda procesal. En enero de 2013 se revocó dicha resolución inhibitoria de la Fiscalía (la investigación previa que se había abierto a Uribe Vélez por su conducta omisiva cuando era gobernador de Antioquia) y en noviembre de 2014 se envió el expediente a la Corte Suprema de Justicia después de que el expresidente se convirtiera en senador tras las elecciones legislativas de ese año.

Y fue finalmente en la Corte que el caso salió del pantano en el que estuvo sumergido por 16 años. Allí, en un lapso de tiempo inferior (cinco años y nueve meses), se adicionaron otras siete investigaciones al expediente original ya que todas tenían una cosa en común: acusaciones a Uribe Vélez por sus presuntos nexos con paramilitares. Dos de estas sobresalían del resto.

La primera, producto de una sentencia del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, consistía en “una compulsa de copias contra Álvaro Uribe Vélez, por hechos relacionados con la masacre del Aro, municipio de Ituango, ocurridos en el año 1997 cuando este era gobernador de Antioquia”.

Y la segunda, también una compulsa de copias, solicitaba que “se investigue la eventual responsabilidad penal que le pueda corresponder a Álvaro Uribe Vélez, en su calidad de gobernador de Antioquia, para esa época, en el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, el día 27 de febrero de 1998”.

Más tarde, en mayo de 2018 —dos meses después de que el expresidente empezara a ser investigado por manipulación de testigos—, la Sala de Casación Penal de la Corte declaró que las masacres de San Roque, La Granja y El Aro, así como en el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, eran crímenes de lesa humanidad. En términos prácticos, esta declaratoria implica que estos delitos no están sujetos a prescripción y demandan una mayor atención por parte del juez que los conozca. Para ese momento era la misma Corte, pero ahora, con el proceso trasladado a la Fiscalía, será un fiscal designado por Barbosa Delgado el encargado de instruir y avanzar en el caso.

Los magistrados, al remitir el expediente, relacionaron los testimonios de paramilitares que implican a Uribe Vélez en los hechos objeto de investigación. Figuran así en el auto las diligencias judiciales rendidas por antiguos paramilitares como Salvatore Mancuso Gómez (extraditado), Francisco Enrique Villalba Hernández (asesinado) y Néstor Abad Giraldo Arias, conocido como ‘El Indio’.

“Como fácilmente puede advertirse los señalamientos en contra del exsenador Uribe Vélez, y a los cuales se contrae la presente indagación, en todos los casos reportados por los declarantes, aluden al periodo en que éste, como está acreditado, fungió como gobernador de Antioquia, vale decir 1995, 1996 y 1.997”, señala el auto de la Sala de Instrucción.

Al expediente también se suma la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el crimen de Valle Jaramillo, en la que se condenó al Estado colombiano y se le ordenó “superar la situación de impunidad” que rodea el asesinato y los hechos de El Aro. Aunque de momento hay personas sentenciadas como los hermanos Osorio Angulo, ganaderos de Antioquia, aún no hay avances respecto a niveles más altos. Ese es el desafío que recibe el búnker.

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La Fiscalía General de la Nación tiene entonces la obligación de mostrar avances y no caer en el desdén con el manejó el expediente antes de entregárselo a la Corte Suprema en 2014. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también jaló las orejas de las instituciones nacionales por sus “faltas en la investigación penal” que “han coadyuvado a la impunidad de la mayoría de los responsables de las violaciones cometidas” en la masacre de El Aro. Esto solo aumenta la responsabilidad del ente acusador y del fiscal general Barbosa Delgado, sobre quien existen dudas de cómo manejará los procesos en contra de Uribe Vélez dada su cercanía personal con el presidente Iván Duque. Lo cierto es que carga a cuestas un caso emblemático que requiere respuestas.

El expediente de El Aro en físico ya fue trasladado a la Fiscalía. De momento está en el despacho del fiscal Gabriel Jaimes, coordinador de la Unidad de Delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Está por definirse si el fiscal general decide asignárselo a él, tal como lo hizo con el caso por presunta manipulación de testigos que tiene a Uribe Vélez en casa por cárcel.