El 'viacrucis' de Jesús Santrich para llegar al Congreso

Los primeros meses de este año serán claves para que los tribunales judiciales colombianos definan el futuro de Jesús Santrich. De un lado, el exjefe de las Farc se la juega por impedir su extradición a Estados Unidos, donde es requerido para que responda por conspirar para traficar drogas. Y de otro, los procesos para definir su posibilidad de incursionar en la arena política entraron en su recta final. 

Este lunes dio sus puntadas para conseguir lo segundo. Por solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, el Consejo de Estado tramita una demanda de pérdida de investidura contra Santrich por no haberse posesionado dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de la Cámara, según los establece la Constitución Política. 

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Para el 20 de julio, Santrich no pudo abandonar su lugar de reclusión porque la Fiscalía negó su traslado por razones de seguridad. Ahora, por los mismos motivos y sin apatarse del perímetro de la cárcel La Picota, el exnegociador de las Farc se abstuvo de ahondar en detalles ante los magistrados del Consejo de Estado sobre las obvias razones que lo obligaron a mantenerse ausente del Capitolio. En cambio, no perdió la oportunidad de defender su inocencia y lanzarle pullas al fiscal general: "no soy un traqueto, soy revolucionario y gestor de paz", insistió. Y aseguró que no existe la cascada de pruebas incontrovertibles en su contra: "Néstor Humberto Martínez no es mi acusador sino mi pertinaz perseguidor".

Aunque el Consejo Nacional Electoral le otorgó la credencial de congresista Seuxis Paucias Hernández Solarte, éste no pudo presentarse en el Congreso para asumir su curul. Desde ese entonces dio comienzo a varias peleas intentando que le respetaran su derechos políticos como sindicado, incluyendo, la firma de su propia acta de posesión en la cárcel La Picota como representante por el departamento de Altántico. 

Todo indica que será el Consejo de Estado el que primero defina si existió o no fuerza mayor que llevara a Santrich a no posesionarse. La misma Mesa Directiva aseguró que solo este tribunal puede calificar si la causal se aplica o no. Por lo pronto, el exjefe guerrillero contó con el espaldarazo de la Procuraduría, que a través de su delegado Nicolás Yepes, le dijo al tribunal que hubo circunstancias imprevisbles que le impidieron firmar como representante.

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"No era factible que previera esta situación, no había sido notificado de algún procedimiento en su contra. Y este se tornó en un obstáculo insuperable que impidió la posesión", aseguró el representante del Ministerio Público, quien más adelante especificó que frente a una orden de captura Santrich no podía negarse ni resistirse. Además, resaltó que la Fiscalía, quien tiene la responsabilidad sobre la detención de Santrich, no le permitió el desplazamiento. 

Si los cálculos no fallan, una vez el Consejo de Estado se pronuncie sobre su muerte política, un siguiente pronunciamiento deberá darse en la Corte Constittucional que también tiene en sus manos una tutela clave. Con este recurso, Santrich intentó patalear su posesión cuando recién la Fiscalía General le negó el traslado. El juzgado 61 Administrativo de Bogotá falló en su favor al considerar que el exjefe guerrillero no ha perdido sus derechos políticos. 

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Puntualmente, el juzgado ordenó suspender los términos de ocho días que contiene la Ley para la posesión de Santrich con el fin de que se protejan sus derechos y se evite que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados. Así las cosas, en primera instancia, el funcionario judicial ordenó dejarle el camino libre de cualquier obstrucción frente a una "eventual decisión a las pretensiones del actor”. 

Con este precedente, la Corte Constitucional seleccionó la tutela y ahora se alista para fallar sobre las garantías de sus derechos políticos. La ponencia la tiene el magistrado Alejandro Linares y es poco probable que se aparte sobre el sentido de la primera instancia. Lo clave del pronunciamiento es que podría dar luces frente al término que tiene Santrich para ocupar su curul, en caso de que supere la fuerza mayor que le impide cumplir con sus funciones de congresista, es decir, la detención preventiva con fines de extradición. 

En este punto, es claro que la batalla más importante de Santrich la deberá librar primero ante la Jurisdicción Especial para la Paz que está a la espera de que Estados Unidos envíe las pruebas que lo vinculan con narcotráfico. Al margen de si lo consigue o no, de la verificación que los magistrados hagan de los hechos y si se cometieron después de la firma del acuerdo de paz, depende que el camino continúe a la Corte Suprema de Justicia. 

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Las sentencias de la Corte Constitucional alrededor del acuerdo de paz parecen haberle dejado un camino claro a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema para que los magistrados ponderen los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación en Colombia por encima de un proceso en Estados Unidos. Tal y como sucedió en muchos casos con paramilitares. Todo está por definirse en los tribunales pero en su recta final Santrich comenzó a andar con el pie derecho.