El canciller sigue despachando pese a la suspensión de la Procuraduría: “La decisión está en manos del presidente”

La suspensión del canciller Álvaro Leyva ha desatado una especie de choque de trenes entre el Palacio de Nariño y al Procuraduría. Pese a que el miércoles pasado el Ministerio Público dio conocer la decisión de apartar al alto funcionario por tres meses del cargo, la medida no se ha cumplido a cabalidad por el ministro de Relaciones Exteriores.

El mismo funcionario lo dejó claro en su respuesta en la red X frente a la andanada de Javier Milei. Allí aseguró que condenaba esas declaraciones “en nombre del Gobierno de Colombia”.

“En nombre del Gobierno de Colombia, presento mi más enérgica protesta por las irrespetuosas e irresponsables declaraciones del presidente de la República Argentina, señor Javier Milei, en contra del presidente Gustavo Petro, en el desarrollo de una entrevista con la periodista Ángela Patricia Janiot, emitida el 25 de enero”, dijo.

El lunes, además, la Cancillería publicó los pliegos para la nueva licitación de pasaportes, en la que Leyva aún funge como presidente del Fondo Rotatorio.

En diálogo con SEMANA, el abogado del canciller, el jurista Ernesto Matallana, aseguró que “la decisión está en manos del presidente”.

En el documento en el que la Procuraduría resolvió suspender por tres meses a Álvaro Leyva del ejercicio del cargo y, a renglón seguido, añade que “se remitirá nota formal de esta decisión al presidente de la República para que la acate y proceda a garantizar el servicio, dirección y funcionamiento de las misiones de la Cancillería”.

Hasta el momento, el presidente Petro no ha emitido ninguna decisión con miras a cumplir esa orden de la Procuraduría. Lo que sí hizo Gustavo Petro fue defender la gestión del canciller y tratar el tema como una persecución. “El ministro de Relaciones Exteriores ha seguido mis instrucciones. No son caprichosas”, afirmó el mandatario. Y dijo que se trataría de un episodio similar al que vivió cuando era alcalde de Bogotá. “Ahora que nos va a costar, que nos van a suspender ministros aquí y ministras allá. Esto ya lo vivimos en Bogotá Humana. No nos van a dejar gobernar”, afirmó Petro.

Juristas consultados por SEMANA aseguran que el canciller debía haber acatado inmediatamente la orden de separarse del cargo. Así, las cosas, señalan que el que tiene la obligación de cumplir la orden de suspensión de la Procuraduría y hacerla efectiva es el nominador, en este caso el presidente de la República. Pero contra esta decisión de suspensión no cabe ningún recurso. Es decir, queda en firme inmediatamente se profiere.

En ese sentido, agregan que jurídicamente la orden de apartarse de sus funciones debía ser acatada de inmediato o quedaría incurriendo en un desacato. Sin embargo, eso deja abierta una puerta compleja porque como el presidente no tiene una autoridad que lo investigue en esa materia, el tema queda en el limbo y es muy difícil lograr un cumplimiento efectivo.

Por ahora, el canciller Leyva presentará un recurso contra la decisión que lo suspendió del cargo ante la misma Procuraduría. Esta vía tiene muy pocas posibilidades de prosperar.

La defensa del canciller ante su suspensión

En diálogo con SEMANA, el abogado Ernesto Matallana explicó que, a su juicio, la Procuraduría no tenía la competencia, según las disposiciones legales colombianas, para tomar una decisión de esa naturaleza.

El abogado explica que el Código Único Disciplinario establece que en faltas calificadas como gravísimas o graves, como la que le adjudican al canciller, la Procuraduría puede suspender del cargo al funcionario a través de un acto motivado, siempre y cuando se evidencie que interfiere en el trámite de la investigación, permite que continúen las faltas o esas faltas vuelvan a cometerse.

A juicio de Matallana, ninguna de esas situaciones se cumplen en este momento, dado que se trata del estudio de un hecho que sucedió en el pasado y frente al cual el canciller no tiene hoy injerencia para cambiarlo.

Como se sabe, al canciller lo suspendieron por sus actuaciones en la licitación de pasaportes por dos hechos concretos. La primera fue haber declarado desierta la licitación, para lo cual no estaba facultado; la segunda es la decisión de decretar la urgencia manifiesta para, de un plumazo, contratar la expedición de los documentos por un año. Por último, no acatar y ni siquiera escuchar las recomendaciones de la Agencia de Defensa Jurídica y del Comité de Contratación de la Cancillería de llegar a una conciliación con Thomas Greg & Sons, que había ganado la licitación con un resultado perfecto de 1.000 puntos.