El caos de la Bogotá cuidadora: fuertes cuestionamientos por la atención a la población vulnerable

A pesar de que una de las principales premisas de la Alcaldía de Claudia López es la de cuidar la vida y atender las necesidades de cuidado de la población, especialmente la vida de las personas en estado de vulnerabilidad, la realidad ha sido bastante diferente en este 2022.

Las personas en condición de discapacidad, los adultos mayores, los habitantes de calle, los niños y docentes de los jardines distritales infantiles han sufrido las consecuencias de la falta de planeación de la Secretaría de Integración Social y en ocasiones han quedado a la deriva.

Desde el primer trimestre del año se ha venido denunciando en el Concejo de Bogotá la precarización laboral de docentes en los jardines infantiles y los graves riesgos en la continuidad en la prestación del servicio de educación inicial.

De acuerdo con la denuncia que hizo el concejal del Nuevo Liberalismo Juan Baena, cerca de 3.000 docentes de primera infancia, que tienen bajo su responsabilidad la educación de 42 mil niñas, están vinculados a los Jardines Infantiles Distritales a través de contratos de prestación de servicios, a pesar de que la Ley General de la Educación establece que “la vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo solo podrá efectuarse mediante la planta de personal”.

Baena también denunció desde el Cabildo que mientras en 2018, la Secretaría de Integración Social vinculaba a los profesionales por el concepto de “servicios de maestra profesional para la educación inicial”, desde 2020, los contratos hacen referencia a “servicios para la atención integral de la primera infancia”.

“Observamos que no solo se modificaron los objetos de los contratos, sino también la duración, donde se usan diferentes temporalidades y se suspenden en épocas vacacionales, con el fin de interrumpir la continuidad de labores y dar la apariencia de contrato de prestación de servicios”, aseguró Baena.

El concejal Nelson Cubides afirmó: “Esta precarización laboral se traslada a los mismos estudiantes en la calidad de la educación que ellos reciben. Se evidencia la disparidad de los salarios públicos y privados”.

Esta situación laboral en los jardines infantiles, llevó a la Secretaría de Integración Social y a la Secretaría de Educación a tener que responder en un debate de control político. En su momento, Margarita Barraquer, secretaria Distrital de Integración Social, respondió que no es cierto que más de 3.000 maestras estén contratadas de manera ilegal.

De acuerdo con la funcionaria, todos los contratos están en el marco de la ley. Explicó que la educación básica preescolar tiene unas normas particulares que están en el marco de la ley de Educación; otra cosa diferente es la educación inicial que hoy está regida por la educación de la primera infancia. En ese orden de ideas, la educación básica preescolar es competencia de la Secretaría de la Educación, mientras que la educación inicial, la de primera infancia, es atendida por Integración Social.

Barraquer indicó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) regula la atención de la primera infancia y de manera directa presta estos servicios en más de 68.000 unidades operativas a nivel nacional, pero a esta atención directa, los entes territoriales la complementan con recursos propios.

“El Icbf tiene el banco de oferentes, que es un espacio en el cual se identifican las entidades sin ánimo de lucro que pueden prestar servicios de primera infancia y contratan con esas organizaciones la prestación de esos servicios. A su vez, estas organizaciones adelantan contratos de prestación de servicios con las personas que atienden directamente a los niños”, comentó la funcionaria.

A pesar de esta explicación, la precarización laboral es una realidad. De hecho, en las últimas semanas, el concejal Baena denunció que decenas de niños se vieron afectados en su educación en un jardín infantil de Kennedy, luego de que la falta de recursos obligara a las docentes a no adelantar horas extras.

De igual modo, algunos docentes de jardines infantiles de Suba, Engativá, Usaquén, Barrios Unidos y Fontibón han cesado sus actividades por la falta oportuna en los pagos. En toda esta problemática, los más afectados son los niños.

Después de las respuestas que dio ante el Concejo, la Secretaría de Integración Social no ha querido volver a referirse frente al tema.

Pero el problema con los jardines infantiles no para ahí. La concejal Lucía Bastidas ha denunciado la falta de alimentos para suplir el componente nutricional de los niños en estos jardines.

“Comidas que están basadas en una minuta diaria aprobada por un profesional de nutrición que establece la composición de cada una, en una selección que se fundamenta en la disponibilidad de inventario que tiene el jardín. Al presentarse desabastecimiento, como denuncian, no es posible cumplir ni con las condiciones mínimas de nutrición para cada niño ni con la cobertura para muchos de ellos”, ha manifestado Bastidas.

Esta afectación nutricional ha continuado. Hace 15 días, Bastidas hizo pública la denuncia de una auxiliar pedagógica de un jardín quien advierte que a los niños solo les están dando “arroz, garbanzo y carne molida”.

Frente a este tema, el subsecretario de Integración Social, Julián Moreno, le aseguró a SEMANA: “Es una información que ha circulado, pero no hemos podido saber si es puntualmente en una unidad operativa. Pero lo que podemos decir es que hoy, después de varios cambios de contratos que hemos tenido para el tema de abastecimiento en la ciudad, todos los servicios, incluidos los de infancia, cuentan con abastecimiento en alimentos”.

Adultos mayores y personas con discapacidad

Además de la precarización laboral y la falta de buena alimentación en los jardines, los adultos mayores y las personas en condición de discapacidad también han sufrido la mala planeación de Integración Social.

Bastidas ha denunciado que adultos mayores vulnerables han sido llevados a centros en donde atienden habitantes de calle. En Bogotá eran 7 los centros habilitados para atender a adultos mayores, pero solo hay 3 en funcionamiento.

“La población adulta mayor de los centros de atención de la Secretaría de Integración Social está siendo llevada a los centros de habitante de calle, afectando los derechos de los adultos mayores, todo porque se acabaron los contratos gracias a la falta de planeación”, ha afirmado Bastidas.

Ahora, el incidente más reciente que refleja las serias dudas que deja la Secretaría de Integración Social en la atención a población vulnerable está relacionado con la suspensión en la entrega de los bonos alimenticios de la población en condición de discapacidad.

En abril fue la entrega del último bono a los 13 mil usuarios de la subdirección de Discapacidad de la Secretaría de Integración Social y, desde finales del mes de mayo, estas personas han venido reclamando por sus derechos.

Fue tal la desesperación y la falta de respuestas por parte de Integración Social que estas personas se vieron en la obligación de bloquear la carrera séptima con calle 32 el pasado 13 de junio.

“Las constantes fallas en gestión y planeación de la Secretaría de integración Social las están pagando los más pobres y vulnerables de la ciudad, eso no puede ser posible, llevan mayo y junio jugando con la alimentación y las vidas de estos ciudadanos”, dijo Bastidas.

“El Distrito y los organismos de control, al parecer, no entienden la gravedad del asunto, estamos hablando de ciudadanos que no pueden caminar, que no pueden moverse, ver u oír, que están enfermas, que dependen de un cuidador, en muchos casos, también adulto mayor o familiar que tampoco puede trabajar por dedicarse a la entera atención de esa persona. No más evasivas, no más demoras, no más desgobierno, Bogotá no aguanta más abandono”, agregó la cabildante de la Alianza Verde a SEMANA, el día de las manifestaciones.

Esta manifestación surtió efecto y la Secretaría de Integración Social aceptó reunirse con los diferentes voceros para llegar a un acuerdo. Se estableció que los bonos canjeables por alimentos correspondientes a junio y julio para la población en condición de discapacidad y los cuidadores serán entregados el próximo mes de julio.

En los compromisos también se estableció que en agosto, por única vez, se entregará un bono extraordinario.

En diálogo con SEMANA, el subdirector Moreno dio las razones del por qué se suspendió la entrega de los bonos en mayo y junio.

“Estamos en un cambio de contrato, hay uno que está terminando y otro que está iniciando. Las últimas personas que recibieron sus bonos lo hicieron el 30 de abril, con lo cual se alimentan en el mes de mayo. Finalizando mayo y durante los primeros días de junio, debieron recibir un nuevo bono, pero ese bono es el que van a recibir ahorita una vez adjudiquemos el contrato que ya tiene comisionista y que esperamos esté adjudicado para el 24 de junio. Así, los primeros días de julio se hará la entrega de los bonos”, comentó Moreno.

Frente a las críticas por la falta de planeación a la hora de prever que estas afectaciones podían ocurrir, el funcionario indicó que todo se debió a tiempos contractuales.

De momento, queda esperar si la Secretaría de Integración Social cumplirá con las nuevas fechas acordadas.