El cartel de la Universidad Militar: contratos que ya fueron pagados y se quedaron sin ejecutar, destrucción de pruebas y hasta viajes a Las Vegas para cerrar oscuros negocios

La Universidad Militar lleva semanas tratando de desterrar la corrupción, pero fue necesaria una auditoría de la Contraloría para escarbar en el cúmulo de contratos, documentos, acuerdos, facturas y decretos, que abrieron paso a una decena de denuncias de los sindicatos de la institución y que aterrizaron en la Procuraduría y la Fiscalía.

Lo que hasta el momento se ha descubierto tiene perplejos a los auditores. La nueva administración en la Universidad tuvo que pasar horas buscando las llaves de gavetas para sacar los contratos y escuchando las denuncias de funcionarios que llevaban meses contando los días para el cambio de rector.

“Algunos funcionarios aseguran que en la oficina jurídica se dedicaron por días a triturar documentación”, señalan algunas fuentes que hablaron con SEMANA y que dieron fé a las denuncias de los sindicatos, materializadas con la auditoría de la Contraloría. En el listado hay contratos de infraestructura, tecnología, educación, servicios y hasta logística por más de 30.000 millones de pesos.

Las denuncias advierten contratos con familiares de las entonces directivas de la Universidad, viajes a Las Vegas del exrector con miembros del Consejo Directivo, arriendo de instalaciones con exfuncionarios y millonarios sobrecostos en la compra de equipos, muebles, materiales y hasta un edificio en el norte de Bogotá.

Las presuntas irregularidades que busca la Contraloría por las oficinas y archivos de la Universidad Militar, ya tienen una investigación formal en la Procuraduría. El exrector, el general en retiro Luis Fernando Puentes y 10 funcionarios más, están en el listado de responsabilidades. El mismo Puentes, que hace unas semanas entregó el “mando” al nuevo rector, aparece en la indagación que en la Fiscalía prende motores.

Puentes fue mencionado en un escándalo por entregar beneficios a su propio hijo mientras cursó una especialización en la misma Universidad, con una graduación que ahora es objeto de verificación por presuntas irregularidades en ese proceso. El general Puentes también aparece en las bases de datos de la Fiscalía con investigaciones por constreñimiento ilegal, violación de datos personales y prevaricato.

El acuerdo

Desde hace cuatro años la Universidad Militar, con la llegada del general Puentes a la rectoría, puso en marcha un “acuerdo marco - multipropósito” para subcontratar con las asociaciones de egresados de la Universidad y agremiados en Fedegranadinos que, de acuerdo con las denuncias, recibió contratos por más de 20.000 millones de pesos.

Tras navegar por el sitio web de Fedegranadinos, quedan varias dudas. La página no tiene datos claros, los enlaces no llevan a ningún lado y buena parte de su información se completó con texto falso y repetido. No tiene banner de contacto, los enlaces a sus redes sociales no funcionan y el único teléfono aparece desconectado.

Esta supuesta federación de egresados, aparece en Cámara y Comercio, también en la Dian, pero en la dirección que dejaron como sede, funciona la oficina de la Asociación de Ingenieros de la Universidad Militar. Además los correos electrónicos y contacto tienen como dominio el mismo de la Universidad. En otras palabras, el contratista comparte el sitio web con el contratante.

De acuerdo a los hallazgos de la Contraloría, Fedegranadinos recibió de la Universidad contratos de todo orden y por más de 11.600 millones de pesos. Además, de acuerdo con las denuncias, algunos empleados de la federación son familiares de exdirectivos de la Universidad, que tenían incidencia directa en la aprobación de los millonarios contratos otorgados.

Llama la atención que Fedegranadinos, de acuerdo con los documentos, fue creada cuatro meses después de la posesión del general Fernando Puentes como rector de la Universidad Militar en agosto de 2019. Según la Cámara de Comercio, la Federación se constituyó mediante asamblea del 30 de diciembre de 2019.

Dos años después de su conformación, la Federación contaba con un capital de 190 millones de pesos y registró ingresos anuales por tres millones y medio. En 2022 el patrimonio de Fedegranadinos se incrementó exponencialmente, más de 2.484 millones y los ingresos por años superaron los 7.300 millones.

La respuesta

SEMANA ubicó a los representantes de Fedegranadinos, egresados de la Universidad en áreas de ingeniería, derecho, contaduría y relaciones internacionales, que firmaron los contratos, los ejecutaron, pero, según ellos, la Universidad no pagó. Dicen ser víctimas de su alma mater, a la que le rezan para que paguen las facturas que les deben.

La Universidad Militar tiene otra versión. Fedegranadinos incumplió los contratos y por tanto no se autorizaron los desembolsos. En los estados financieros que salieron con la auditoría a la Universidad se fijan pagos por más de 15.000 millones de pesos en los últimos cuatro años, justamente en la administración de Puentes.

El negocio fue así. La Universidad Militar logró que algunas entidades del Estado, como el Invías, la Rama Judicial y hasta el Fondo Rotatorio de la Policía, adjudicaran millonarios contratos y para ejecutarlos, la Universidad subcontrató a Fedegranadinos. Las entidades contratantes cumplieron con la totalidad de los pagos, pero la Universidad no hizo lo mismo con sus egresados asociados en la Federación.

Derechos de petición, facturas y decenas de solicitudes a la vicerrectoría financiera de la Universidad, se convirtieron en paisaje para los entonces directivos. Le hicieron conejo a sus egresados, que en buena parte de los proyectos asignados cumplieron o están por liquidar dichos contratos. La espera está por convertirse en una millonaria demanda a la Universidad.

Pero hay más

La Contraloría encontró otros millonarios contratos que dicho por funcionarios de la Universidad, “no sirven para nada”, como la implementación de un “ecosistema digital e institucional” que costó más de 13.000 millones de pesos o la compra de un edificio en el norte de Bogotá, cuyo avalúo llegó a los 16.000 millones, pero que la Universidad pagó en 23.000.

Los hallazgos de la Contraloría seguramente llegarán a la Fiscalía. La nueva administración en la Universidad se comprometió con los entes de control a entregar toda la información que permita conocer en detalle si existieron las irregularidades redactadas en las denuncias de los sindicatos. El escándalo está anunciado.