El “cartel” del bolillo en millonarias licitaciones de la Policía

Que una tonfa o bolillo, le cueste al Estado poco más de 5.000 pesos en 2018 y, un año después, 21.400, solo tiene una explicación de acuerdo a una serie de denuncias que ya están en la Procuraduría y la Superintendencia de Industria y Comercio; la cartelización de empresas que durante años llevan ganándose millonarios contratos adjudicados por la Policía Nacional.

Desde 2017, se prendieron las alarmas por cuenta de algunas empresas que participaban en procesos de contratación con la Policía, pero que poco a poco se quedaron por fuera del negocio, no a causa de la pandemia del Covid-19, sino de una aparente y bien diseñada estrategia comercial que dejaba a un mismo grupo de empresas al frente de subastas donde los proponente hacían una sola oferta y la Policía, sin cuestionamientos, otorgaba los contratos.

La supuesta cartelización está entre algunas empresas que desarrollan productos de intendencia para las Fuerzas Armadas, en este caso para la Policía. Se trata de implementos como la tonfa o bolillo, el porta tonfa y cinturones multipropósitos o reatas, como les dicen los propios uniformados.

Las evidencias que dejaron en conocimiento de los entes de control quedaron como radiografía de aparentes hechos de corrupción, procesos de contratación bajo la modalidad de subasta inversa, que en términos prácticos le permite a la Policía abrir una licitación y luego los proponentes seleccionados hacen ofertas para bajar los precios, en teoría la Policía debe seleccionar el que más ahorro represente.

El truco

El asunto es que en la mayoría de las licitaciones son seleccionadas las mismas empresas y en la supuesta subasta, extrañamente, solo se hace una, máximo dos ofertas, y la rebaja que busca la Policía en la compra de los productos se traduce al 1.1 por ciento. A la institución no le queda más que adjudicar el contrato sin preguntarse por qué los otros proponentes seleccionados no hacen el menor intento por levantar la mano y ganar la licitación.

El derrotero de la denuncia arrancó en hallazgos y procesos de contratación por subasta inversa en 2018, que adjudicó la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía. Lo que advierten en esos hallazgos es que cuando aparece una empresa que no está entre las supuestamente cartelizadas, la Policía recibe hasta 48 ofertas y la rebaja alcanza un 74 por ciento.

La evidencia de este caso se encuentra en una licitación para la compra de 7.490 tonfas y porta tonfas, en un contrato que arrancó en 321 millones de pesos y donde el valor de cada elemento estaba por los 21.000 pesos. Sin embargo, y gracias a la subasta inversa, las ofertas dejaron ese contrato en 82 millones y cada producto en poco más de cinco mil pesos.

Ahora el problema. Un año después de ese contrato que le permitió al Estado ahorrarse más de 200 millones de pesos, la Policía vuelve a abrir una licitación bajo la misma modalidad, subasta inversa. Y cómo no hacerlo si fue un éxito para las finanzas de la institución, el meollo es que en este nuevo contrato, de acuerdo con la denuncia, estaban las empresas cartelizadas.

La licitación buscaba la compra de los llamados cinturones multiusos para la Policía, se requerían más de 21.000 para los uniformados y el precio base de esa subasta fue de 30.082 pesos por cada cinturón. Pero, cuando el anfitrión de la subasta dio paso a las ofertas se quedó solo y con apenas una propuesta, a pesar de que eran tres las empresas autorizadas para ofertar. Simplemente se quedaron sin alzar la mano, mirando como su supuesto competidor se ganaba el contrato con apenas una rebaja del 1.1 por ciento.

Ese mismo año, 2019, se abre otra licitación para comprar tonfas y porta tonfas, pero a diferencia del primer contrato, con una rebaja del 74 por ciento, en esta oportunidad el ahorro para la Policía fue del 1.1. De las empresas que fueron autorizadas para participar de esta subasta inversa solo una ofertó, nuevamente el resto se quedaron como meros espectadores viendo a su competencia vender en 24.440 pesos, los mismos productos que, un año antes, la Policía compró en 5.500.

La historia de las supuestas subastas se repite incluso en contratos firmados este año. Las licitaciones se abrieron, los proponentes se escogieron y las ofertas no se hicieron. En contratos que suman más de 7.000 millones de pesos, las empresas que participaban y supuestamente se disputaban los contratos, hicieron una, máximo dos ofertas con descuentos del uno por ciento y así, sin mayores reparos, la Policía los adjudicó.

Sin competencia

Quienes denuncian, advierten que la Policía abre los proceso de licitación con requisitos que en ocasiones parecen imposibles de cumplir o están “diseñados” para determinadas empresas. Así se lo hicieron saber al propio director de la Policía a través de una extensa carta en la que advierten como los pliegos de condiciones incluyen puntos que están por fuera de lo elemental, además en los informes de evaluación, que definen si una empresa puede participar en la licitación, los descartan sin mayores detalles.

“Es menester dejar constancia que tras varias observaciones al borrador del pliego el equipo estructurador reconsidera acoge y modifica las exigencias financieras que a todas luces resultaban excesivas, desproporcionadas y vulnerables del derecho a la libre concurrencia y participación de quienes aspiraban a participar en el proceso”, se lee en la carta dirigida al director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas.

Advierten los denunciantes que en un proceso de licitación se han modificado las condiciones para participar, descartan a algunas empresas, luego las incluyen, desconocen la experiencia de quienes se postulan, más tarde los admiten. Una cadena de errores que en el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, se encuentra en el Grupo de Trabajo Élite Contra Colusiones, ahora los encargados de determinar si existe mérito para establecer “la presunta violación de las normas sobre protección de la competencia económica en el contexto de la contratación estatal”, se lee en una respuesta de la Superindustria a los querellantes.

Suspicacia

Por su parte de la Policía, a través de la Dirección Administrativa, a cargo del general Henry Sanabria Cely, aseguró que las quejas surgen de algunas empresas que quedaron por fuera de las licitaciones, aunque reconoce que las subastas terminaron en menos de 30 minutos y con una sola oferta, escenario que causó suspicacia en la institución, “obviamente nos llama la atención, pero no podemos hacer nada porque cumplen los requisitos de la licitación, no solo en este caso, sino siempre donde hay poca participación en los lances (ofertas) genera suspicacia”, advirtió el oficial.

Sin embargo, dice el general, no es la Policía la llamada a investigar un presunto caso de cartelización, pues los pliegos de condiciones y los certificados de cada contratistas se verificaron, por tanto se acogen al principio de la buena fe. Además, no existen elementos de juicio, en su criterio, para generar señalamientos en contra de las empresa participantes o advertencias a las autoridades correspondientes como la Superindustria.

“No se notificó a las autoridades porque no hay soportes probatorios… no podemos dejar o generar señalamientos”, advierte al justificar que pese a la “suspicacia” de que el ahorro de costo para la Policía fue nulo, y la subasta para ahorrar costos, en rigor, nunca se dio.

Las quejas, que ahora son denuncias, están en poder de la Superintendencia de Industria y Comercio, que, como en el sonado caso del “cartel de los pañales” tendrá la responsabilidad de determinar si las empresas contratistas de la Policía se cartelizaron para monopolizar las licitaciones con la institución.