El caso de un supuesto falso positivo en Jamundí, Valle, que ya ha enviado a seis militares a la cárcel

Las secuelas de la madrugada del 5 de septiembre del 2019 aún son visibles en el cuerpo de Diego Alexis Vega. Su brazo derecho, que recibió un disparo de fusil por parte de Ejército, aún continúa sin movilidad. Luego de cinco cirugías no ha sido posible reconstruir el codo destruido completamente por el impacto del proyectil. A pesar de eso, reflexiona, poder contar el cuento es un milagro.

Esa noche prestaba sus servicios como guardia indígena en la finca La Quindiana, corregimiento Villa Colombia, zona rural de Jamundí, donde por esas fechas acechaban los ladrones. Lo acompañaba Omar Guasaquillo. Ambos ya habían realizado estas labores de vigilancia, así que todo era rutinario. Sin embargo, en uno de los recorridos fueron interceptados por una unidad del batallón de infantería Pichincha Número 8, adscrito a la Tercera Brigada del Ejército.

“Estábamos en la entrada de la finca cuando nos gritaron ‘alto’, e inmediatamente escuché la ráfaga”, cuenta Diego Alexis. Luego de ser impactado en el brazo, alcanzó a correr y lanzarse por un cafetal, mientras los soldados lo perseguían con disparos a matar. Por aquellas cosas del destino se salvó, pero su amigo, Omar, no. Murió baleado.

Y aunque el cadáver de Ómar cayó baleado al interior de la finca La Quindiana, cuando llegaron defensores de Derechos Humanos, 25 minutos después del hecho, el Ejército había movido el cuerpo 200 metros para internarlo en la selva. Por aquellos días, las fuerzas militares arreciaban operaciones en esa zona para dar con el paradero de miembros de la columna disidente de las Farc Jaime Martínez, al mando de Johany Noscué, alias Mayimbú, que tiene injerencia criminal en la zona rural de Jamundí.

Pero ni Omar, ni Alexis eran miembros de la columna disidente. Ambos eran comuneros avalados de la guardia indígena. “Cuando llegamos ya estaba la guardia indígena, porque los soldados siguieron amenazando a las personas que estaba ahí”, cuenta Lina Tabares, defensora de Derechos Humanos de Jamundí.

Su intermediación impidió una confrontación mayor y sirvió como garante para la custodia de las pruebas que sindicaban al Ejército como responsable de este asesinato. Mientras todo eso ocurría, Diego Alexis llegaba por sus propios medios al hospital Piloto de Jamundí, sin saber aún que Ómar estaba muerto.

“Yo paso un río y me escondo en una montañita, luego llamo a mi esposa, le comunico que estoy herido y le digo que tenían a Ómar. Solo cuando llego al hospital Piloto de Jamundí me di cuenta de que estaba muerto”, relata Ómar.

La batalla judicial

La batalla judicial inició desde el primer momento que las unidades del Ejército le dispararon a los comuneros. El caso fue peleado por la Justicia Penal Militar, pero un fiscal de Bogotá logró que el juez de control de garantías lo mantuviera en la justicia ordinaria.

La semana pasada, 26 meses después, un juez envió a la cárcel a seis de los militares implicados, entre ellos un teniente. Ninguno aceptó los cargos y todavía en su contra no pesa una condena. “Hay un mando alto que fue el que dio la orden de la operación, el abogado está tratando de que esa persona también sea incluida en el proceso”, señala Lina Tabares.

Por su parte, Diego Alexis dice que el Ejército nunca se comunicó con él “ni para reparación, ni para nada (...) Se hizo justicia porque fueron cosas que no debieron pasar. Se perdió una vida y la mía la dejaron a medias porque el brazo no me funciona para agarrar nada”.

¿Por qué les dispararon?

Esa es la pregunta que todos los días se hace Sirlye Guasaquillo, hermana de Omar. “Si ellos no estaban haciendo nada, ¿por qué les dispararon?”, dice. Añade que su hermano dejó dos niñas pequeñas. “Tenía apenas 32 años, era muy buen padre, hijo, buen trabajador y un joven muy sano. Solo nos dejaron un dolor muy grande”, cuenta.

Ambos nacieron en el corregimiento Villa Colombia, un caserío incrustado en la cordillera Occidental, en inmediaciones de Jamundí, Valle. Son cerca de 1.500 habitantes que comparten territorio con el resguardo indígena Kiwe Nasa; allí algunos siembran café, otros la hoja de coca y se estima que en esa zona hay por lo menos 600 hectáreas con esa mata. Junto a esos cultivos también llegó la guerra, primero fueron las Farc, luego el ELN y ahora los Pelusos quienes contra los disidentes se pelean el control territorial por las decenas de trochas que se conectan con el corredor de El Naya y el mar Pacífico.

A través de un comunicado oficial, el Ejército aseguró que se trató de “un intercambio de disparos”. Pero el testimonio de Diego Alexis, sumado a fotos, videos y otros testimonios en poder de SEMANA, muestran otra cosa, muy alejada de la versión oficial. En lo único que sí coinciden Ejército y comunidad, es que luego hubo un incidente en el que uno de los soldados fue despojado de su fusil y amarrado por los vecinos del corregimiento y después entregado a una comisión de la Defensoría del Pueblo.

Cuando la comunidad llegó a la finca hicieron fotos, videos y en ellos se aprecia a los soldados cerca a la carpa donde durmieron las víctimas y en el suelo se observa un Walkie Talkie amarillo, un arnés de uso militar y un arma tipo escopeta recortada; estos dos últimos con apariencia impecable y el radio sí era de los jóvenes atacados. Aunque oficialmente el ejército nunca mencionó el hallazgo de esos elementos, los testigos aseguran que los soldados en la zona sí decían que eran de las víctimas, “querían hacer un montaje para hacerlos pasar como guerrilleros”, argumentó Lina Tabares.

Entre los videos que captó la comunidad hay uno inédito porque en él aparece el suboficial al mando de la unidad militar, tratando de calmar a la gente, con tono conciliador, pidiendo perdón por la reacción posterior de algunos de sus hombres y revelando detalles de la operación.

“Entonces lo que les estaba diciendo, pues de parte de mi compañía o de mi pelotón, les pido perdón, de pronto por los malos ehhh… cómo se pueda decir; no, no es mal procedimiento, pero de pronto la mala actitud de algunos de los hombres que están bajo el mando mío”, dice el militar.

En otro aparte de la conversación con la comunidad que lo interroga, el militar reconoce que él está recién llegado a la zona, “la verdad es que… se acuerda que usted me dijo algo, de cuánto llevaba y yo le dije que llevaba poquito, o sea que yo no llevo mucho acá en el batallón, pues, obviamente yo sé hacer las cosas y de pronto ustedes dirán que esta vez se me salió de las manos. Ustedes no lo están diciendo, pero de pronto yo digo que yo lo hice bien”.

Todas estas pruebas están en manos del juez que lleva el caso, quien en los próximos deberá emitir una condena contra los miliares implicados.