El Centro Democrático cierra filas ante "inminente" detención de Uribe

El partido Centro Democrático, la colectividad que fundó y ha liderado el expresidente Álvaro Uribe, siente pasos de animal grande. Los principales alfiles de este movimiento, desde el fin de semana han cerrado filas a favor del expresidente y tratan de arropar políticamente a su líder ante la inminecia, según ellos, de una detención del expresidente. 

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El Centro Democrático desplegó pauta en la prensa del país para advertir sobre una inminente decisión adversa al expresidente Uribe.

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A nivel de prensa escrita el Centro Democrático publicó en varios medios del país este lunes un anuncio de página completa en el que “expresa su grave preocupación ante diferentes versiones de prensa que avisan la inminente decisión que la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia se aprestaría a tomar contra el expresidente Álvaro Uribe”.

Vea la Interviene defensa de Diego Cadena en audiencia de imputación de cargos.

La comunicación propone un dilema controversial y trata de sacar el asunto de los códigos penales para trasladarlo al terreno de la política. Así se hace una síntesis de las banderas políticas de Uribe en torno a sus mandatos como jefe de Estado y arquitecto de la  “seguridad democrática”, la lucha contra la criminalidad y el avance de Colombia.

Y luego señala que sería una “inédita paradoja de la historia” que quien “rescató la nación y sacó a Colombia de la oscuridad” termine pagando un precio insólito mientras que “los delincuentes que arransaron la paz nacional y llenaron de lágrimas nuestros hogares”  estén sentados en el Congreso.

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En otro aparte, el comunicado trata de sugerir que tras la situación adversa al expresidente Uribe no hay un proceso judicial sino una campaña de desprestigio aupada por la izquierda y "cuidadosamente articulada" para conseguir "la aniquilación reputacional paulatina, tanto de la obra de Álvaro Uribe, como de su persona categorizando esos dos propósitos como objetivos estratégicos de la izquierda radical internacional".   

Con ese planteamiento el partido de gobierno pone de presente argumentos políticos para contrarrestar eventuales decisiones jurídicas adversas al expresidente. Además del despliegue en la prensa nacional en las redes, durante todo el fin de semana, el uribismo ha agitado el asunto creando tendencias permanéntemente.

La cerrada de filas se da en vísperas de que continúe la audiencia contra el abogado Diego Cadena –el personaje clave en relación a los líos judiciales del expresidente– y frente a quien la Fiscalía y la Procuraduría solicitaron detención domiciliaria. Cadena fue imputado por los delitos de soborno y fraude procesal. Su abogado Iván Cancino rechazó esos cargos y en breve se dispone a presentar elementos en defensa de su cliente.

También a nivel de juristas en las últimas horas se han dado pronunciamientos a favor del expresidente Uribe. El penalista Jaime Granados, defensor oficial del expresidente en el proceso ante la Corte Suprema, expidió un comunicado en el que trata de cotrarrestar los argumentos expuestos por la Fiscalía contra Diego Cadena. Granados también dijo que la Procuraduría cometió errores cuando intervino en la audiencia para respaldar la petición de detención domicialiaria a Cadena.

El candente ambiente político anticipa que la continuación de la audiencia contra Diego Cadena estará cargada de tensión. Durante el fin de semana en varios medios se conocieron las declaraciones clave que obtuvo la Fiscalía para imputarlo. Entre estas la de Carlos Enrique Vélez, un exparamilitar que asegura haber recibido varios millones de pesos como pago de una promesa total por 200 millones que le habría hecho Cadena a cambio de rendir declaraciones favorables al expresidente Uribe. Así mismo, varios familiares de este preso testificaron ante la Fiscalía haber recibido algunos de los pagos con que el polémico abogado habría obtenido la versión amañada del testigo Vélez. 

Uno de los puntos más polémicos de la intervención del fiscal Daniel Hernández, encargado del caso contra Cadena, fue cuando insistió en que los cargos que le endilgaba al abogado comprometían solo a este. "Él no solo engañó a la administración de justicia, sino también a los abogados titulares y a su cliente (Álvaro Uribe)", señaló Hernández. De esa forma, el fiscal restringió en el abogado Cadena las irregularidades sacando en limpio tanto al expresidente Uribe como al bufete del penalista Jaime Granados (defensor oficial del exmandatario).

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Los contradictores del expresidente señalaron que no era el rol de la Fiscalía emitir esas valoraciones, además contrarias a las conclusiones preliminares de la corte que en 2019 citó a indagatoria al exmandatario por los hechos en cuestión. Otros juristas hacen una lectura diferente. Creen que el fiscal al haberle imputado a Cadena el cargo de “soborno a favor propio o de un tercero” está señalando que hay resposabilidad más allá del abogado.

Precisamente ese será uno de los puntos algidos que deberá dilucidar la Corte Suprema al resolverle situación jurídica al expresidene. La Sala de Instrucción que decidirá el futuro del expresidente está conformada por los magistrados: César Reyes, Héctor Alarcón, Misael Rodríguez, Marco Rueda y Francisco Farfán. Como se sabe, la togada Cristina Lombana no participa pues quedó impedida debido a que era militar al tiempo que togada. Así que son cinco los magistrados que votarán, pero debido a que el reglamento exige mínimo de cuatro votos para tomar decisiones en los casos no se descarta que, ante la falta de consenso, se deba llamar a un conjuez. Eso dilataría la decisión.

Los magistrados están a portas de resolver “situación jurídica” al expresidente Uribe. Esta etapa procesal significa que tras analizar el proyecto que presentó el magistrado instructor la sala debe decidir si el caso precluye o continúa. Lo primero se puede dar por descartado pues en el marco de este expediente Uribe ya fue citado a rendir indagatoria. De seguro los magistrados seguirán con el caso pero al darse resolución de situación jurídica en este sentido se debe también se debe decidir si hay o no mérito para imponer algún tipo de medida de aseguramiento. Es decir, los cinco magistrados tienen que determinar si el expresidente debe ser privado de la libertad. Es incierto qué se sabrá primero: la decisión de un juzgado sobre Diego Cadena o la de la Corte Suprema sobre Álvaro Uribe.