El cese bilateral al fuego tiene confundidos a varios gobernadores del país: los criminales se tomaron las regiones y nadie hace nada

Antes de acabar 2022, el presidente Gustavo Petro les anunció a los colombianos que pactó un cese al fuego bilateral con varios grupos criminales. Acudió a su tribuna preferida, la red social Twitter, para contar la noticia.

“Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones”, escribió el último día del año.

Eran las 10:45 de la noche del 31 de diciembre, el año estaba a punto de terminar y, de inmediato, todos los sectores reaccionaron a semejante noticia. Por la hora y las fiestas, el desarrollo del anuncio se produjo al día siguiente. Gobernadores, alcaldes, empresarios, gremios y políticos expresaron sus posturas frente al cese bilateral, que tomó por sorpresa, incluso, a militares y funcionarios del Gobierno.

El 3 de enero, el ELN desmintió al presidente Petro y aclaró que no formaba parte de los acuerdos que había hecho el mandatario con las organizaciones ilegales y que, como dijo un expresidente, ‘el tal cese’ no existía. Al día siguiente, el mandatario expidió los decretos a fin de parar las hostilidades con estos grupos que mostraron su voluntad de iniciar diálogos de paz. Son las reglas del juego en las que se establecen mecanismos de verificación y las instituciones que estarán encargadas de vigilar que todo se cumpla.

A pesar de ello, han pasado más de 15 días y el Gobierno Petro no ha socializado los decretos con los gobernadores ni alcaldes del país.

La Federación Nacional de Departamentos (FND) se pronunció y respaldó al presidente en su intención de lograr la paz, pero aún esperan que haya un canal de diálogo con el Ejecutivo para resolver las múltiples dudas sobre la aplicación del cese al fuego bilateral.

El común denominador es que los gobernadores están de acuerdo con que un cese de hostilidades es un alivio humanitario para los colombianos, pero les preocupa que no se ha dicho todo. Por ejemplo, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, lleva un par de días señalando que las disidencias siguen atemorizando a los habitantes de la región. El viernes 20 de enero pidió a las autoridades verificar una información sobre panfletos en los que las disidencias citan a los habitantes de Vista Hermosa a una reunión de tres días, por lo que les pidió “dejar de joder a la gente”, que quiere vivir tranquila.

“El Gobierno debe ser firme y saber que no está negociando con angelitos y que ellos no malinterpreten las buenas intenciones del Ejecutivo. Que no vean la oportunidad para fortalecerse militarmente”, dijo Zuluaga.

Pero las preocupaciones van mucho más allá. Zuluaga contó que no hay una orientación clara por parte del Gobierno Petro para colaborar en el cese al fuego bilateral. Le genera extrañeza el silencio del Ejecutivo y no tiene claro qué hacer en caso de que las organizaciones ilegales violen el acuerdo. “En el Meta secuestraron unos militares hace unos días y decían que eran campesinos, eso no fue cierto. Yo quiero que el Ejército siga en la zona. No queremos zonas de distensión ni zonas de despeje”.

Para nadie es un secreto que en el sur del Meta operan las disidencias de las Farc y usan a la comunidad para determinadas tareas. Nadie se atreve a denunciar por las amenazas que reciben. En ese sentido, una pregunta ronda a los gobernadores: ¿cómo colaborarán si no hay una articulación entre la institucionalidad del país?

Otro asunto es que, aun cuando haya un cese al fuego bilateral, la extorsión y el secuestro siguen contando víctimas y no hay certeza de cómo combatir el delito, pues quienes lo ejecutan forman parte de las organizaciones que, supuestamente, tienen voluntad de paz.

Héctor Olimpo Espinosa, gobernador de Sucre y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, explicó que ningún mandatario departamental tiene la certeza de qué se estableció en el diálogo entre el Gobierno Petro y las organizaciones criminales.

“Tenemos muchas preocupaciones por la extorsión. No sabemos si el cese incluye ese tema. Las bandas que anuncian cese al fuego tienen relación con la extorsión y tienen azotados a los comerciantes. Es importante que el cese incluya toda actividad delincuencial”.

Pero la preocupación va mucho más allá. En un diálogo informal con el comisionado para la paz, Danilo Rueda, no se les explicó absolutamente nada de la operación del acuerdo con esos grupos criminales. El funcionario sencillamente les dijo que era una directriz presidencial de obligatorio cumplimiento.

Por esa razón, Espinosa aspira a que en los próximos días se dé una reunión con los gobernadores para conocer cómo pueden ser útiles y, sobre todo, saber qué responderles a los militares cuando tengan información de inteligencia sobre los movimientos de los grupos ilegales.

“Además, el narcotráfico es muy grave. En Sucre no hay cultivos ilícitos, pero sí hay un fenómeno de microtráfico que es impulsado por estas organizaciones en cese al fuego. ¿Qué pasará con el narcotráfico en este tiempo? Mientras se consolidan los acuerdos, el narcotráfico puede aumentar”, reiteró el gobernador de Sucre.

Lo curioso es que el Gobierno Petro ha promovido el diálogo regional desde la llegada a la Casa de Nariño, pero para este tema el consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco, no ha tenido el primer diálogo con los gobernadores.

En el caso de Norte de Santander, donde hay presencia de grupos criminales desde hace más de medio siglo, el cese al fuego bilateral es un descanso de tantos años de guerra continua. En ese lugar confluyen todas las actividades ilegales, por lo que es fundamental que sepan cómo operará el acuerdo.

El gobernador Silvano Serrano siente como un bálsamo el cese, pero asegura que las reglas de juego no están claras y eso podría generar en algún momento que la situación social explote. “En el departamento las hostilidades han disminuido, pero los territorios deben ser incluidos en las decisiones de este tipo para saber cómo actuar. Debe haber una socialización. Por eso hay mucha preocupación, porque no existe un diálogo con el Gobierno Petro sobre ese asunto”, aseguró.

No obstante, cree que la mayor responsabilidad recae sobre las organizaciones ilegales que supuestamente tienen voluntad de paz, pero le preocupa que el ELN no forme parte de lo pactado. “Tenemos entendido que están en ese proceso para pactarlo. Esa guerrilla tiene una presencia histórica en el departamento y esperamos que se sume al propósito del Ejecutivo”, dijo.

Si el ELN no forma parte de ese cese al fuego en Norte de Santander, será muy difícil que los otros grupos cumplan porque en algún momento entrarán en conflicto. Serrano cree que eso se podría solucionar en la mesa de diálogo, pero, además, incorporando al concepto de paz total a los territorios, alcaldías, gobernación y comunidad.

El panorama no es diferente en Nariño, donde hay una crisis de movilidad. El gobernador Jhon Rojas está concentrado en ese asunto que por estos días vive su departamento, y, pese a que comparte las preocupaciones de los demás gobernadores, prefiere no hablar del tema para no generar ruidos innecesarios en momentos de tensión.

En Antioquia también están esperando que el Gobierno nacional convoque una mesa de trabajo para definir los roles en cada zona geográfica de Colombia que permitan mantener el cese bilateral.

Sin duda, son más las preguntas que las respuestas sobre la operación del cese al fuego bilateral. Por ejemplo, en el Cauca las disidencias siguen atacando a la población. En la tarde del viernes 20 de enero, cuatro miembros de una comunidad indígena del municipio de Caldono resultaron heridos en una incursión armada de una disidencia de las Farc, pese al acuerdo entre el Gobierno y estos grupos al margen de la ley.

Por ahora, los gobernadores están respaldando al presidente Petro, pero si no se establece el canal de diálogo esta situación podría cambiar. En un año electoral es habitual que los pensamientos puedan cambiar rápidamente y la llamada paz total se convierta en el caballo de Troya para ganar las regionales en octubre. Entre tanto, en los decretos se habla de una verificación internacional de la ONU y de instituciones del Estado, que, por ahora, nada han dicho sobre las actuaciones delincuenciales de los grupos criminales que, se supone, están en una tregua.