El círculo vicioso de la corrupción en Buenaventura

Un aguacero bastó para que quedaran al descubierto las ‘goteras‘ que existían en un contrato de obra cuyo objeto era recuperar la infraestructura del hospital Luis Ablanque de la Plata, el único que funciona en Buenaventura. Ese aguacero, del 3 de octubre de 2017, hizo colapsar la cubierta recién construida del centro asistencial y cuya cinta inaugural cortó con orgullo el alcalde del municipio, Eliécer Arboleda, solo 24 horas antes.

El lunes pasado la Fiscalía ordenó la captura del alcalde, tres de sus secretarios, dos asesores y cinco contratistas privados porque se habrían apropiado de 5.104 millones de los 9.994 millones del contrato para el mejoramiento de infraestructura del hospital.

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Y como si ese escándalo no fuera suficiente, el sábado anterior uno de los aprehendidos (Hélbert Campo, secretario de Planeación) resultó muerto en extrañas circunstancias, en el sitio provisional de reclusión que dispusieron las autoridades mientras se definía su situación legal una vez concluyeran las audiencias de legalización de captura.

Las primeras hipótesis apuntan a que el señor Campo se suicidó a la 1:15 de la madrugada de ese sábado, lanzándose desde un altillo de la habitación donde estaba recluído junto a otras dos personas salpicadas en el escándalo de corrupción. No obstante, existen dudas sobre las circunstancias en que pudo ocurrir el fatal hecho, y salvo porque al parecer dejó una nota escrita, la causa oficial de su muerte aparece como “un golpe contundente en la cabeza”.

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Más allá de esos detalles judiciales, lo cierto es que en la última década cuatro alcaldes de Buenaventura terminaron investigados o condenados por presuntos hechos de corrupción. Curiosamente el hospital, la educación y los recursos para los más pobres han sido el botín. Lo increíble es que esa desidia administrativa ocurra justa ahora que la ciudad es el epicentro de millonarias inversiones y atención especial por parte del Gobierno.

Desde 2014, cuando el país supo de las temidas casas de pique por cuenta de una guerra territorial a muerte entre dos bandas criminales (La Empresa y el Clan del Golfo) casi toda la institucionalidad del gobierno central se volcó hacia esa ciudad.

De ahí surgió la famosa intervención social y militar que además de reducir los homicidios a la mitad y capturar a casi 500 criminales de ambos bandos, trajo consigo un ´Plan de Choque´ que involucró 30 obras sociales prioritarias por cerca de 260.000 millones de pesos. Ese paquete de inversiones, que va desde el mejoramiento del sistema de acueducto, un malecón, un mega colegio, una plaza de mercado y un centro náutico y pesquero, entre otros, se encuentran en un 85 por ciento de ejecución.

Sumado a ello, el Presidente Santos prometió otros 80 millones de dólares del Plan Pacífico. La idea central es resolver un problema absurdo pero real: que Buenaventura tenga agua potable las 24 horas del día. Irónicamente esa ciudad rodeada por agua, hoy solo cuenta con 8 horas diarias del servicio de acueducto.

A ello se agrega que solo para Buenaventura existen dos proyectos viales en ejecución y que suman tres billones de pesos. Se trata de la doble calzada de 118 kilómetros que conectará al puerto con Buga y la vía de 31 kilómetros entre Mulaló y Loboguerrero.

Y si esa bonanza inversionista no es suficiente, el próximo mes se cumple un año del famoso Paro Cívico de Buenaventura, cuyo principal logro fue presionar la creación de un fondo autónomo que aglutine una década de inversiones por 10 billones de pesos. El sacerdote Jhon Reina, coordinador de la Pastoral Social recordó que de esas promesas “aún faltan muchas cosas por cumplir”.

La meta de ese fondo es sacar a Buenaventura de los penosos indicadores sociales de pobreza (66%) y miseria (9,1%) que registran sus pobladores. Un desempleo del 62% y que la mitad de sus 400.000 habitantes se reconocen como víctimas del conflicto armado.

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En contraste, por ese puerto se mueve la mitad de las exportaciones y ese comercio le genera al país rentas aduaneras por 5.4 billones de pesos al año. De ahí que muchos se preguntan ¿por qué la desidia de los gobernantes locales?

Al ex alcalde Bartolo Valencia (2011-2015) las autoridades lo capturaron y está en juicio por su presunta participación en el desfalco de los dineros de la educación por estudiantes fantasmas.

El otro que desfiló ante los jueces fue el ex alcalde José Félix Ocoró (2008-2011) quien resultó en líos por presunta corrupción en la compra de un lote. Y en similares circunstancias le estalló un escándalo judicial al ex alcalde Saulo Quiñones (2004-2007), capturado en 2011 por el presunto detrimento de 700 millones de pesos en la firma de varios contratos para la construcción y mejoramiento de planteles educativos.

En medio de esos escándalos de corrupción también corrió sangre, como la del ex concejal Stalin Ortiz, asesinado en 2013, luego de liderar varias denuncias en torno al robo de los dineros del mismo hospital que hoy tiene al alcalde Arboleda rindiendo cuentas ante la Justicia. Los porteños tampoco olvidan el asesinato del ex alcalde Freddy Salas, ultimado a tiros en Cali, tras dos años de culminar su mandato (1998-2000).

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Alexánder Micolta, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Buenaventura, resume el problema a la falta de controles locales con dientes y la cooptación de esos organismos, “no existen veedurías con todas las de la Ley”, argumentó.

Lo triste de este panorama es que mientras el Estado y los bonaverenses intentan rescatar a la ciudad, los alcaldes siguen metiéndole mano a las arcas públicas; y los grupos armados ilegales se pelean a muerte el mayor trofeo: el control territorial de Buenaventura, porque además de contenedores con mercancía, por esa región siguen saliendo toneladas de cocaína.

Si el Gobierno no asume las riendas y el control de esas mega inversiones, es probable que sigan desfilando dirigentes locales con grilletes en sus manos y de paso desaparezcan los diez billones de pesos que se planean invertir en la próxima década.