El Clan del Golfo dice sí al “acogimiento”, pero no a la extradición: ¿qué hará el presidente Petro?

En medio de las disputas entre Chiquito Malo, Siopas y Gonzalito, cabecillas del Clan del Golfo, por el manejo de la organización criminal, llegó una orden de su máximo jefe, el hoy detenido en Estados Unidos, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel: hay que parar el fuego, pues lo que se viene es una negociación. Lo que no sabían sus lugartenientes era que el capo, en voz baja, ya había avanzado en esta posibilidad, incluso tratando de evitar, en ese momento, su extradición.

¿Pero qué tan reales son esos acercamientos con el nuevo Gobierno de Gustavo Petro? SEMANA revela detalles inéditos de los avances de una negociación con la más grande organización narcotraficante de Colombia, de la que las autoridades consideran que tiene más de 3.200 hombres. Estas son sus pretensiones y las condiciones bajo las cuales estarían dispuestos a silenciar los fusiles y dejar el negocio de las drogas. Un espinoso asunto en el que un equipo jurídico está definiendo la ruta con dos temas clave: acogimiento y no extradición

.Justamente, el temor para los hombres del Clan del Golfo es correr la misma suerte de su jefe Otoniel, quien terminó con un overol naranja en Estados Unidos, totalmente aislado y en una cárcel de altísima seguridad. De nada le sirvió su poder en armas ni los millones de dólares del negocio criminal del narcotráfico.

Ese es un punto de honor en los diálogos. Los delincuentes del Clan del Golfo quieren un compromiso total de parte del Gobierno Petro, al que le condicionarán una salida pacífica solo si suspende de forma total y definitiva las extradiciones. Entre los cabecillas, varios en la lista de pedidos en extradición, retumban las palabras de Petro cuando dijo que solo serían enviados a Estados Unidos hasta que cuenten la verdad. Ellos, por el contrario, solo dejarían las armas si cierran definitivamente las puertas de la extradición.

Sometimiento o acogimiento

Otro lío para avanzar en el proceso, y que pareciera un asunto de mera semántica, pero con grandes implicaciones jurídicas, es la diferencia entre “sometimiento” y “acogimiento”. El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, ha empezado a hablar el mismo idioma.

“A propósito de la paz total, Clan del Golfo. ¿Estamos en sometimiento o en acogimiento? En los acuerdos de La Habana se habla de acogimiento. ¿Eso qué es? Puede haber beneficios. ¿Por qué? Porque es el sometimiento al Código Penal. Pero, si hay delación, hay rutas, implica que hay una posibilidad de sanciones en atención a lo que puedan aportar a la paz total, así vayan a ser objeto de normas penales”, fueron las palabras del ministro Leyva, que en ese momento pocos comprendían.

No ha sido fácil para el equipo jurídico del Clan del Golfo hacerles entender a los cabecillas que en este caso no pueden pretender, como ellos lo plantean, que se establezca un proceso de paz como el que se selló con las Farc y el que está dando sus primeros pasos en Cuba con el ELN. Las normas no lo permiten y así quedó claro cuando se efectuó el acuerdo de desarme con los paramilitares, a quienes la Corte les tumbó cualquier posibilidad de participar en política.

Para el Clan del Golfo, el sometimiento es con todos los rigores de la ley penal, sin posibilidad de imponer condiciones o negociar. La explicación de los expertos jurídicos es que el “sometimiento” es para derrotados, como sucedió con el jefe Otoniel, quien no tiene más opción que contar y tratar de obtener algunos beneficios ya estando bajo el poder del Estado.

Muy diferente es, a juicio del equipo jurídico del Clan del Golfo, el “acogimiento”, que depende de una negociación previa, en la que se pueden poner condiciones y llegar a acuerdos. Ese es un punto clave en los diálogos, que, por ahora, son exploratorios.

Desconfianza

Además de la pelea a muerte entre Chiquito Malo, Siopas y Gonzalito por el trono de Otoniel, la desconfianza frente a lo que les pueda pasar luego de dejar las armas suscitó un fuerte debate interno. Algunos señalan que no están dispuestos a entregarse y dejar el multimillonario negocio ilícito del tráfico de drogas para luego terminar traicionados. No se quitan de la cabeza la imagen de los 13 paramilitares extraditados en el Gobierno de Álvaro Uribe, cuando se descubrió que seguían delinquiendo desde las cárceles.

Por eso, muchos de ellos no estarían dispuestos a la desmovilización, uno de los pilares en los que, en secreto, venía avanzando Otoniel. Asimismo, están en juego sus vidas, en eso son radicales. Se sienten más seguros en sus guaridas en el monte, donde cuentan con sus ejércitos criminales. Temen que al dejar las armas sean aniquilados. Entre sus condiciones, piden, como ha sucedido en el pasado, que los detengan en cárceles seguras, donde estén juntos y que el Estado les garantice que no les pasará nada. Con una solicitud adicional: que estas garantías de seguridad y no extradición se extiendan a sus familias y los ubiquen cerca de ellos.

Otoniel, antes de su extradición exprés, inició avances, pero existía un tema que se había convertido en una piedra en el zapato para cualquier acuerdo. Según se estima, luego de hacer un barrido, el Clan del Golfo en sus largos y sangrientos años de actuar criminal ha concentrado más de 10.000 procesos judiciales por graves delitos de guerra, como homicidios, secuestros, extorsiones, narcotráfico, terrorismo, entre otros.

La preocupación de fondo es cómo encontrar el camino para lograr una acumulación de estos expedientes y concentrarlos en penas transicionales. Porque para los juristas es evidente que, de no dejar eso absolutamente claro, podrían terminar ante tribunales internacionales.

Las cartas que están dispuestos a poner sobre la mesa son, fuera de la desmovilización, confesiones en las que dejarían al descubierto nombres de personas que han trabajado para la organización en Colombia y sus socios en el exterior, como los carteles mexicanos y europeos. Y el apoyo que recibieron durante años de miembros de la fuerza pública, mandatarios locales, empresarios, contratistas y particulares. Tal como estaba cantando Otoniel antes de su extradición.

Esta colaboración no será gratis. Las condiciones son claras rebajas de penas. Como en toda negociación, el Clan del Golfo se encuentra en el careo previo para tratar de imponer sus exigencias. Entre ellos no tienen aún claro quién va a ser su líder o vocero en las discusiones, y reclaman una línea directa, sin intermediarios y con interlocución con las cabezas del Estado y de la Justicia, entre ellos el propio comisionado de paz, Danilo Rueda.

Precisamente, Rueda ha dicho que “han enviado mensajes algunas organizaciones para manifestar su disposición para ser parte de la apuesta por la paz total. Las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), el estado mayor conjunto de las Farc también mostró disposición, y reiteramos a todos los grupos armados a que expresen su disposición”.

Lo que es claro es que avances sí hay, pero se han venido manejando bajo la sombra. Los ilegales quieren negociar y las órdenes están llegando. Es tan evidente, que horas antes de posesionarse Gustavo Petro como presidente llegó la directriz del capo mayor, Otoniel, de cesar el plan pistola, que ya se acercaba a 40 policías muertos, y establecer una tregua temporal para intentar sentarse en una mesa.

Mientras tanto, Chiquito Malo, Siopas y Gonzalito tratan de enviarle mensajes a Otoniel a través de sus abogados para establecer una hoja de ruta. Pero, como sucede en el mundo del crimen, la confianza no es total, pues saben que Otoniel, tras las rejas en Estados Unidos, también puede optar por prender el ventilador y enlodarlos a cambio de beneficios judiciales, lo que además abriría la puerta a nuevos pedidos de extradición.