Nación
El colmo, exalcaldes de Yopal en líos por presunta corrupción en contratos para atender ancianos
El llamado lo hizo la Procuraduría General de la Nación, por hechos relacionados con contratación en Casanare, para la atención de adultos mayores y, otro contrato más, del plan integrado de movilidad .
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los exalcaldes de Yopal (Casanare), Jorge García Lizarazo (marzo - diciembre 2015) y Pedro Julio Martínez Cristancho (encargado entre el 16 y el 19 de junio 2015), así como a la jefe de la oficina Asesora Jurídica de la ciudad, Leydi Johana Hernández Oviedo (abril - diciembre 2015), quienes habrían evadido los procedimientos de selección objetiva del contratista.
Al parecer, señala el Ministerio Público, García Lizarazo no habría culminado un proceso de contratación y en su lugar habría celebrado, mediante contratación directa, un convenio de cooperación que tenía un objeto similar al proceso inicial, orientado a beneficiar a población de la tercera edad.
“Igual situación se habría presentado con el exalcalde encargado Martínez Cristancho, quien suscribió de forma directa un convenio de cooperación para desarrollar el diagnóstico y formulación del Plan Integrado de Movilidad Urbana y Rural PIMUR de Yopal, meses después de que se había iniciado un proceso de contratación mediante concurso de méritos para suplir esta necesidad, el cual habría quedado detenido”, advierte la Procuraduría.
#EsNoticia 📰| Procuraduría formuló cargos contra dos exalcaldes de Yopal (Casanare), Jorge García y Pedro Julio Martínez Cristancho, quienes habrían evadido los procedimientos de selección objetiva del contratista.
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) August 1, 2022
Lea el comunicado AQUÍ ➡️ https://t.co/EFNks64Chy pic.twitter.com/UuAdiS52H3
La Procuraduría, además, cuestiona también al exmandatario Martínez Cristancho, como alcalde encargado, por la “presunta terminación unilateral de un convenio interadministrativo celebrado con la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquia) y su posterior liquidación unilateral, sin que se presentaran las causales previstas en la Ley para ello”.
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Días después, el investigado celebró un nuevo convenio de cooperación, el cual tenía un objeto similar al suscrito con Corporinoquia.
Pero la decisión cobija a una persona más. En el expediente, el Ministerio Público formuló cargos contra Leydi Hernández Oviedo, quien en su condición de jefe de la oficina jurídica de Yopal (Casanare), habría aprobado los estudios previos y el texto de los tres convenios de cooperación firmados por los exalcaldes, objetos de cuestionamiento.
