El Congreso ya fue notificado de la detención del senador Richard Aguilar

El presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, ya recibió el auto de la Corte Suprema de Justicia en el que se notifica la orden de captura contra el senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, quien fue detenido el pasado martes en el norte de Bogotá. Con esa notificación oficial, el Senado ya podrá definir las fechas exactas en las que Aguilar habría cometido los presuntos delitos y determinar si se aplicará o no la denominada silla vacía.

Lo que hará la corporación es revisar si hay alguna acusación después del 1 de julio de 2015, y en esa caso se aplicaría esa figura, como lo ordena la ley. Si los presuntos delitos se cometieron con anterioridad a esa fecha, no se aplicaría la silla vacía y Cambio Radical podría reemplazar a Aguilar en esa curul. El secretario general del Senado, Gregorio Eljach, explicó que se hará un estudio del auto de la Corte Suprema para tomar alguna decisión sobre esa curul.

“La aplicación de la silla vacía debe hacerla el Senado, previo a un estudio del contenido de la providencia que ordenó detener al senador. De manera que si alguno de los delitos imputados al senador está dentro del grupo de los delitos contra la administración pública, habría que examinar la posibilidad de que no se llame al reemplazo”, dijo Eljach.

El secretario agregó que “el artículo 134 fija unos topes temporales y a partir de un acto legislativo del 1 de julio de 2015 habría que examinar qué es lo que dice la Corte en su Sala de Instrucción sobre los hechos reales con fechas concretas”. Como Aguilar presentó su renuncia al Senado, el presidente de la corporación deberá someterla a votación en la próxima sesión plenaria para que las mayorías tomen la decisión sobre si la aceptan o no.

Todo este proceso contra Richard Aguilar empezó a moverse porque Funcionarios que trabajaron en su administración se convirtieron en los principales testigos en su contra y lo señalan de recibir supuestamente coimas de millonarios contratos de infraestructura y obra pública, entre ellas la remodelación del estadio Alfonso López de Bucaramanga.

La Corte Suprema argumentó que cuando Aguilar era gobernador de Santander habría ordenado a algunos funcionarios favorecer y entregar contratos a ciertas personas y consorcios señalados previamente por él. “Las presuntas irregularidades tienen que ver con contratos de obras e interventoría para el reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga (2015), obras de mejoramiento en la carretera Sangil- Charalá (2014) y en el corredor vial Agroforestal y Energético (2014), así como labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga. Floridablanca (2014)”.