“Las mentiras” de las campañas del No, según el Consejo de Estado

El Congreso comenzó el trámite de implementación de los acuerdos de paz con las FARC este lunes. La semana será clave en especial para sacar adelante la ley de amnistía, quizás el paso más urgente para la desmovilización efectiva de los guerilleros.

En medio de ese escenario, una decisión del Consejo de Estado despertó gran controversia. En un auto, ese Alto Tribunal, señala que existió una supuesta “violencia sicológica” derivada de engaños de la campaña del No contra los acuerdos de paz. En la admisión de una demanda de dos ciudadanos que piden anular los resultados del plebiscito, la magistrada Lucy Jeanette Bermúdez tomó unas decisiones que encendieron una enorme polémica. 

El Consejo de Estado asegura que es un hecho notorio que la campaña del No para el plebiscito del 2 de octubre utilizó mentiras. Para esto se fundamenta en las declaraciones del exgerente de la campaña por el Centro Democrático Juan Carlos Vélez, junto con mensajes de “tergiversación” de un pastor evangélico en Barranquilla, que dijo que la firma del acuerdo de paz fue un rito satánico, y mensajes como el de la representante María Fernanda Cabal, que insinuó en televisión que en caso de ganar el Sí les quitarían el 7% a los pensionados.

Recoge fotografías de campaña del No que dicen: “No al aborto/No a quienes atacan la familia/No al enfoque de género/Por eso digo No a los acuerdos de la Habana”.

El alto tribunal cuestiona apartes de la entrevista de Vélez a La República, en donde asegura que la estrategia era “dejar de explicar los acuerdos” y “centrarse en exacerbar el miedo y la indignación de los votantes”. Al respecto, recoge frases como: “Se le iba a dar dinero a los guerrilleros (…), la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación (…), en emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria (…), en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios (…)”, individualizamos el mensaje de nos íbamos a convertir en Venezuela (…), pasamos propaganda por radio la noche del sábado centrada en víctimas. (…)”.

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Tomando como referencia múltiples publicaciones de prensa, el alto tribunal asegura que quedaron al descubierto mentiras expuestas “de forma masiva y sistemática”, sobre todo en relación con los temas de ideología de género, eliminación de subsidios, afectación del régimen pensional, impunidad, víctimas y cambio a un modelo de Estado como el de Venezuela.

Expresa que el efecto de la campaña fue crear un clima de desinformación, manipulación y distorsión de la verdad. Aunque se abstiene de dictar la medida cautelar que pide el demandante, ordena que se proceda con la implementación del acuerdo final de paz.

Después de hacer un análisis tema por tema, el fallo advierte cuáles fueron las tergiversaciones de las campañas y asegura que en solo dos de los mensajes se halló concordancia con lo acordado. Esto es en lo relacionado con elegibilidad política y la posibilidad de una reforma tributaria, que aunque no está explícita “es muy fácil deducirla” pues este punto se encuentra trasversal a la creación de distintas instituciones que serán organizaciones encaminadas a contribuir con el desarrollo de la paz.

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Estos son los puntos, en los que el Consejo de Estado encontró un “engaño generalizado” al sufragante.

Enfoque de Género

Luego de revisar varias posturas, el Consejo de Estado concluye que en cumplimiento de los compromisos internacionales, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, incluyeron el enfoque o perspectiva de género con el fin de dar especial protección a las mujeres que han sido víctimas en razón misma de su género.

“Está demostrado que se tergiversó el enfoque de género planteado en los acuerdos y se mintió y engaño a la ciudadanía al publicitar temas que no existían en el acuerdo”, cuestiona la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez. Y considera que el acuerdo lo que establece es que la implementación “debe hacerse teniendo en cuenta la diversidad de género, étnica y cultural”.

En ese orden de ideas, -explica el alto tribunal- lo que se busca es dar tratamiento especial a la mujer en el campo, acceso de la mujer rural a la universidad y en la gratuidad de la educación para todos los grados. Atención diferenciada en materia de salud, en participación política.

“No hay un solo indicio que pueda demostrar que en ellos se encuentra presupuestos que vulneraban los derechos de la familia, que fue lo que se transmitió al electorado”, dijo el Consejo de Estado.

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Eliminación de subsidios

Aunque el acuerdo de paz sí prevé la entrega de subsidios a los campesinos afectados por la violencia, con el fin de cooperar en la implementación de los acuerdos, es claro para el Consejo de Estado que no hace mención alguna a la eliminación de los que ya se encuentran constituidos.

“Se mintió y se indujo al error por parte de los miembros de las campañas políticas del No, en relación a la eliminación de subsidios e incentivos, debido a que como se evidenció en estos ejemplos, traídos del acuerdo final, se otorgarán varias contribuciones a la sociedad campesina, siendo esta una de las más afectadas por el conflicto armado”, dice el Consejo de Estado.

Afectación al régimen pensional

Según expone el Consejo de Estado, los promotores del No aseguraron que el acuerdo de paz implementaba mecanismos que afectarían el régimen pensional y por consiguiente a las personas que ya se encuentran jubiladas. Sin embargo, después de revisar el acuerdo solo se encontró una única mención sobre la seguridad social en el artículo primero: “Se consagra el compromiso del Gobierno Nacional de fortalecer “el sistema de protección y seguridad social de la población rural”, dice el acuerdo.

En consecuencia, el alto tribunal asegura que es “completamente falso” que los acuerdos fueran a modificar o a perjudicar en algún sentido a las personas de la tercera edad o a las personas que estuvieran próximas a jubilarse. “Se evidencia que el Acuerdo propende por la inclusión a la seguridad social de todas las personas que aún no cuentan con ello, como es el caso de las personas del campo, que como se sabe han sido la población más afectada con todo el conflicto armado”, dice.

Impunidad

Uno de los temas más controversiales durante la campaña fue precisamente la supuesta impunidad para autores de graves crímenes. El alto tribunal analiza este punto desde la impunidad que puede ocasionarse por cuenta de medidas en las que el Legislador crea mecanismos para que una conducta punible no se castigue, ejemplo de esta última es la amnistía, el indulto, el principio de oportunidad, el desistimiento, la conciliación, la preclusión por duda, etc.

Sobre este último punto, el Consejo de Estado asegura que el acuerdo deja en evidencia varios aspectos relacionados con la responsabilidad de los miembros de la guerrilla sobre los hechos ocurridos durante el desarrollo del conflicto armado y la importancia del resarcimiento a las víctimas. Además de desarrollar la Justicia Especial para la Paz, en la cual se implementa el procedimiento y las sanciones de los responsables del conflicto armado. Explica el Consejo de Estado que se desarrolla lo referente al tema del Tribunal para la Paz, el cual deberá proferir sentencia condenatoria o absolutoria: “es decir que no se establece una absolución absoluta como se dijo en las campañas publicitarias del No”, dijo el alto tribunal.

“Se evidencia que las campañas políticas del No, tergiversaron la verdad de los acuerdos en materia de sanción y de responsabilidad, se aprovecharon del desconocimiento de la mayoría de colombianos sobre el derecho penal para anunciar una impunidad absoluta de todos los delitos que los miembros del grupo guerrillero había cometido”, asegura la decisión.

Víctimas

El conflicto armado colombiano ha dejado millones de personas lesionadas como consecuencia de los múltiples daños que se les causaron. Alrededor de este punto, el Consejo de Estado recalca que el acuerdo trae consigo un capítulo especialmente dedicado a todas las víctimas.

En dicho acuerdo, las víctimas juegan un papel sumamente importante pues se busca para ellas la verdad, justicia y reparación, con el fin de sanar en algo todo el dolor que les fue causado.

De este análisis, el alto tribunal considera que no hay ninguna desprotección a las víctimas, por el contrario, se ilustran todos los mecanismos que se han acordado con el fin de darle prioridad a la reparación integral de todas aquellas personas que fueron afectadas en alguna medida por el conflicto armado. “En este punto también se tergiversó la realidad de lo plasmado en los acuerdos y se engañó a la ciudadanía”, dice.

Cambio a un modelo de Estado como el de Venezuela

Las campañas políticas del No aseguraban que con la firma del acuerdo se cambiaría a un modelo de Estado basado en la dictadura y en la ilegitimidad de las instituciones, tal como es el modelo que absorbe a Venezuela.

“La idea con estos planteamientos sin fundamentos era confundir al electorado y generar miedo y confusión, pues utilizaron campañas publicitarias enfocando la atención del electorado en los problemas del vecino país”, dice.

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Asegura que la lectura de fondo no permite ni siquiera una “noción” de un cambio de modelo o incluso una falta de competencia absoluta de las instituciones del Estado, ni mucho menos la posibilidad de que se constituya una dictadura.