¿Consejo de Seguridad de la ONU vigilará el acuerdo de paz?

El presidente Juan Manuel Santos anunció en días pasados que le pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU verificar el cumplimiento de los eventuales acuerdos que se firmen entre su gobierno y las Farc sobre cese al fuego y otras materias. Aunque la formalización de la idea requeriría de que las Farc –que no se han pronunciado-la acepten, es casi seguro que el consejo asumirá ese papel. El proceso está avanzado. Santos ha hablado con ocho de los 15 miembros, permanentes y no permanentes, y en Nueva York ya se están elaborando borradores sobre el mandato que tendría el Consejo de Seguridad.

La decisión presidencial ha pasado casi inadvertida a pesar de que sus efectos son profundos y trascendentales, y se sentirán durante varios años. Solo en círculos muy especializados se ha dado una dura controversia y lo ven con mucha preocupación. Las críticas se concentran en el hecho de que esa alternativa le dará a burócratas internacionales de la ONU, o nombrados por ese organismo, facultades para participar en el manejo de asuntos esenciales para el país.

Plantean que hay una desproporción entre las concesiones que hará Colombia, en materia de soberanía, y los objetivos que busca. En otras palabras, que el Consejo de Seguridad y sus modalidades de acción están diseñados para países en condiciones políticas y económicas muy inferiores a las que hoy atraviesa el país. No deja de ser contradictorio que Colombia por un lado acepte la intervención de un ente que normalmente hace presencia en estados fallidos que ponen en peligro la paz mundial, y por el otro pretenda entrar a la Ocde, el club de países de mejores prácticas institucionales en el mundo. En círculos diplomáticos afirman que una participación tan activa de la ONU en Colombia le conviene más a esa organización que al país, pues justo al cumplir sus 70 años necesita de una “historia de éxito” que mejore su imagen después de varios años sin mucho qué mostrar.

Pero la decisión de Santos parece estar tomada. Sus defensores afirman que la intervención del consejo es indispensable para que el papel que desempeñe la ONU sea efectivo. Otras alternativas, como una fórmula aprobada por la Asamblea General, no tendrían ni el peso político ni la disposición de recursos para cumplir la misión, y requeriría de un consenso de 193 países, difícil de construir. La eventual concentración de las Farc en varios puntos del país necesitará de la presencia de un personal amplio, con vehículos, recursos y capacidad de movilización. Y esto, dicen, solo lo puede hacer el Consejo de Seguridad.

Pero la opción es tan polémica, que no hay unidad de criterios ni siquiera en el seno del gobierno. Santos le encomendó al embajador en Gran Bretaña, Néstor Osorio –quien fue representante de Colombia ante la ONU-, que asumiera la defensa pública del camino elegido. Osorio, en entrevista con la W, dijo que los temores deberían disiparse en la medida en que se diseñe un mandato para el Consejo de Seguridad en Colombia, reducido y claro en términos de temas y tiempo de duración. Se trata, dijo, de “diseñar un vestido a la medida”, e incluso agregó que si no quedaba bien, “se retiraría”. La idea es que la ONU envía a Colombia una “misión de paz” y no una “fuerza de paz”, que implica menor despliegue de personas y podría excluir la presencia de personal militar.

En esa dirección, la Embajada de Colombia en Nueva York y los principales aliados de Colombia están diseñando un proyecto de resolución del consejo lo más limpio posible. Eso significa que excluya temas que no están vinculados en forma directa a los acuerdos de paz. El problema es que, en la práctica, ese concepto es lo suficientemente amplio como para que se justifique la intervención en todos los temas de los que se ocupan las Naciones Unidas. Y eso se hará en una instancia creada por los 15 miembros del consejo, que tienen intereses geopolíticos muy diversos y no necesariamente convergentes con los intereses de Colombia.