Los líos del exviceministro Luis Miguel Pico por el contrato de Estabilidad Jurídica

A pesar de que hay cuatro testimonios contundentes frente al pago de coimas para aprobar el contrato de Estabilidad Jurídica son varios los interrogantes que siguen sin respuesta y pocos los avances ante la justicia.

Encabezando la lista de testigos aparece el exsenador Bernardo Miguel ‘Ñoño‘ Elías, quien fue sentenciado tras aceptación de cargos por la Corte Suprema de Justicia; también son delatores en este caso los lobbistas Otto Nicolás Bula y Federico Gaviria; y un cuarto ventilador es Gabriel Dumar, exrepresentante legal de la firma SION (que sirvió como vehículo para el pago de coimas), quien está a la espera de poder concretar una negociación con al justicia. 

Todos coinciden en que para conseguir la firma de este contrato el 31 de diciembre del 2012 se hizo una "maratónica" gestión por la que se pagaron 4.000 millones de pesos.

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El contrato fue firmado por la Concesionaria Ruta del Sol  –de la que hacen parte Odebrecht y Episol– con el Gobierno y se consiguió como blindaje para la ejecución de la megaobra del tramo dos que estaba en ejecución. La idea era evitar que salieran afectados por cambios legislativos futuros que les representaran mayores compromisos tributarios. El abogado a cargo de impulsar este trámite fue Néstor Humberto Martínez, a quien el Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de Comercio le cerró la puerta en el año 2010. Pero dos años después, en un sorpresivo cambio de opinión, terminó dándole la bendición a este contrato. 

Años más adelante, la justicia llegó a la conclusión de que para conseguir la firma del contrato se pagó una millonaria coima. Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia cuando condenó al Ñoño Elías después de que aceptó los cargos. Otro paso importante lo acaba de dar la Procuraduría, que decidió abrirle pliego de cargos a Luis Miguel Pico, quien fue asesor del Ministerio de Comercio para la época en que finalmente el contrato vio la luz. Para el Ministerio Público, Pico habría recibido 100 millones de pesos para impulsar el contrato y debería ser investigado penalmente por el delito de cohecho impropio en razón al presunto recibo de estos pagos a cambio de hacer esta gestión.

El principal testigo contra Pico es el exsenador Bernardo Miguel Elías. Ante la Corte Suprema de Justicia, en calidad de juramento, el Ñoño aseguró que le pagó 100 millones de pesos a Pico por su gestión en el contrato de Estabilidad Jurídica: "Le regalé al señor Luis Miguel Pico $50 millones de pesos, de ese dinero. Hasta es la participación y ahí termina la historia de la estabilidad jurídica (...) también de la misma forma, días después yo lo hice ir a la casa y le entregué en efectivo $50 millones y le dije también eso, por la diligencia esta me gané en eso y coge doy $50 millones". 

El Ñoño le explicó a la justicia que Otto Bula lo buscó a finales del 2012 para pedirle que le ayudara a sacar adelante el contrato de estabilidad jurídica. "Él tenía ya el conocimiento que iba a salir, ya él sabía en ese momento, que ese tema de la estabilidad jurídica estaba casi listo, cocinado y que venía trabajándose desde hace rato, pero que necesitaba averiguar bien, debido a que impulsar ese tipo de temas era su trabajo. Me dijo que a él le pagaban por eso, que era un trabajo de lobby legal, y que de ser de utilidad, me podía regalar un dinero para pagar unas deudas de campaña", señaló Elías Vidal.

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Es entonces cuando afirma haber llamado a Luis Miguel Pico, quien fungía como secretario privado del Ministro de Comercio, Sergio Díazgranados. "Hablé con Luis Miguel Pico y tocamos temas como siempre de nuestra región, y a renglón seguido le pregunté por el trámite de la estabilidad jurídica, qué sabía él de eso (...) Él me respondió que eso era un hecho, que ya estaba por salir el tema de estabilidad jurídica, que ya venía desde hace rato el ministerio en eso. Le faltaban unos detalles del Ministerio de Hacienda y no recuerdo bien, pero del Ministerio de Transporte también", indicó.

En la declaración del Ñoño, confirma que por su gestión recibió un morral con unos 800 millones de pesos en efectivo los cuales le fueron entregados por Otto Bula y José Ignacio Burgos, quien trabajaba en su UTL. "Otto me había dicho a mí que de sus honorarios como lobista, él ganaba algo si salía la estabilidad jurídica y de ahí me daba a mí una parte por ayudarle a hacer la gestión, la averiguación. Y así sucedió".

Ante los señalamientos, Pico ha emitido pronunciamientos públicos en en los que asegura: Puse a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mis declaraciones de renta y extractos bancarios para que se verificara que mi patrimonio está constituido y derivado de mis ingresos laborales como servidor público". Indicó que durante 23 años se ha desempeñado en diferentes cargos públicos que le han permitido hacerse al capital que posee. 

En entrevista con El Espectador, el exfiscal Martínez aseguró que después de las averiguaciones hechas por la Fiscalía se logró establecer que detrás de ese contrato hubo un soborno de 4.000 millones de pesos. “Nosotros lo hicimos público; aunque, aclaro, yo no soy el fiscal del caso”, dijo.

La versión coincide parcialmente con la que entregó Otto Bula, quien aseguró que lo buscaron Federico Gaviria y Yezid Arocha, representante de Odebrech en Colombia, en septiembre del 2012 para pedirle que inteviniera para sacar adelante el contrato de Estabilidad Jurídica, el cual se los habían negado en dos ocasiones. Fue entonces cuando se pactó una suma de 4.000 millones de pesos. Según Bula, la repartición fue de 2.600 millones para Bernardo Elías y 1000 millones para él. 

Entre los interrogantes que coge más fuerza está la pregunta de a quién fueron a parar los 4.000 millones. Según Federico Gaviria, de la coima desembolsada se pagaron 2 millones de dólares a los senadores que trabajaron en la gestión y 500.000 dólares para Otto Bula y 500.000 para el propio Federico Gaviria.

También aparece la declaración de Gabriel Dumar, quien aseguró que para el 2014 entregó dineros producto de una gestión ilega entre Sion –firma de la cual era representante legal– y Consol (Constructora Rutal del Sol). "Por instrucción de Bernardo Miguel Elías le fueron entregados a Roberto Prieto, Antonio Guerra y Luis Miguel Pico, este último al parecer un funcionario de la Presidencia". No obstante, no existe claridad de si estos desembolsos de los que habla Dumar fueron por cuenta del contrato de Estabilidad Jurídica o producto del pago de otra coima. 

Este interrogante surge porque en declaraciones rendidas a la Fiscalía, Hernando Mario Restrepo confesó haber servido de vehículo para nacionalizar el pago de unos derechos que recibió por instrucciones de Otto Bula. Según Restrepo, su empresa en Panamá firmó un contrato con Odebrecht producto de una negociación que inició en diciembre de 2012 y se terminó de concretar en el primer trimestre del 2013, lo cual sumaba 4.000 millones de pesos. En su declaración, dice Restrepo, que en una ocasión visitó la firma brasileña en Colombia y fue atendido por Yezid Arocha Alarcón, director Jurídico de dicha multinacional en Colombia.

Los testigos han señalado que la intervención ilegal de este contrato se hizo en tres frentes: 1. El Congreso para evitar que sus planes se vieran frustrados por una reforma tributaria que incluía un artículo que desaparecía los contratos de estabilidad jurídica del ordenamiento legal colombiano. 2. Ante miembros del Gobierno y funcionarios del Ministerio de Comercio, entidad encargada de tramitar el contrato de estabilidad jurídica. Y 3. ante la Agencia Nacional de Infraestructura, cuyo papel fue el de conceptuar en favor del contrato.

En este contexto, muchas son las pistas que han circulado y pocas las respuestas. ¿Por qué hasta ahora la justicia penal no ha actuado ante las declaraciones de los cuatro testigos? ¿Quiénes recibieron dineros de corrupción por este contrato y quién lo pagó? ¿Qué llevó a que los ejecutivos brasileños se abstuvieron a hablar del contrato de Estabilidad Jurídica cuando habían delatado coimas de más valor? ¿Por qué este contrato –que si bien ya no surte efectos actualmente– no ha sido demandado para su nulidad, siendo que esta podría derivar en un reintegro millonario de impuestos a la Dian? ¿Por qué las negociaciones de ninguno de los cuatro delatores y a la vez implicados están marchando en la justicia?