El contrato que “direccionó” el director del Idiger en Bogotá

Un contrato por 3.036 millones de pesos y firmado en abril de 2020, en pleno aislamiento por la pandemia del covid-19, ahora tiene como imputado al actual director general del Instituto de Gestión de Riesgos de Bogotá, Guillermo Escobar Castro.

La Fiscalía encontró irregularidades en un contrato destinado a “la ubicación de 15 albergues temporales con capacidad para 50 personas en vulnerabilidad, que no tuviesen un lugar donde pasar el aislamiento obligatorio decretado en la ciudad”. Esos albergues, además, incluían la entrega de elementos de aseo y alimentos, y acompañamiento psicológico y médico a los beneficiarios.

Para un fiscal de la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía, el director de Idiger “al parecer, desconoció principios de transparencia y planeación” que rigen en la contratación pública, pues en criterio de la Fiscalía marginó a otras entidades del proceso de contratación y además “direccionó el contrato hacia una institución específica”.

Los contratos cuya finalidad era acompañar procesos de reubicación de personas que como consecuencia de la pandemia no tenían lugar de habitación, se convirtió, según la Fiscalía, un ejemplo de lo que no se debe hacer en materia de contratación pública, de ahí que consideró necesario llamar a imputación al funcionario por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El asunto mayor, además de ignorar las bases legales de la contratación en este caso y la coyuntura de la firma, de acuerdo con el fiscal del caso, es que el director del Idiger, al parecer, tenía claro el destino o quienes serían los encargados de ejecutarlo. Al exponer el material probatorio, la Fiscalía argumentó la decisión de llevar a audiencia a Escobar Castro, como presunto responsable de las conductas cometidas. “Adicionalmente, hay indicios de que habría pasado por alto parámetros definidos en el Manual de Procedimiento de Contratación”, señaló la Fiscalía al contarle al país la imputación de cargos.

El funcionario y actual director del Instituto de Gestión de Riesgos de Bogotá no aceptó su responsabilidad en los hechos indagados por la Fiscalía, negó la imputación y así la Fiscalía avanza con las otras etapas del proceso por conductas y delitos que comportan penas altas y privativas de la libertad.

Guillermo Escobar Castro, no es el único funcionario de la Alcaldía de Bogotá en resultar enredado en procesos de contratación durante la emergencia del Covid-19. En diciembre de 2020 la Fiscalía también llamó a imputación de cargos al exalcalde de la localidad de los Mártires, Raúl Hernando Esteban, por presuntas irregularidades en contratos durante la misma coyuntura. “Al parecer, no hizo una correcta planeación ni tuvo en cuenta requisitos previstos en las normas de contratación pública”, dijo en su momento la Fiscalía al explicar como un contrato para el suministro de bienes y servicios para atender el gasto destinado a la atención humanitaria de emergencia, incurrió en algunas irregularidades.

También en ese listado de imputados está la exalcaldesa de Bosa y actual de Mártires, Tatiana Piñeros Laverde, por un contrato cuyo valor fue de 4 mil millones de pesos, para adquirir mercados y elementos de aseo para familias vulnerables del sur de Bogotá.