El costo personal y político de un proceso que no termina para Álvaro Uribe: ¿hasta cuándo?

Todo estaba listo para que se escribieran los últimos capítulos del proceso judicial que envolvió al expresidente Álvaro Uribe y que, a criterio de la Fiscalía, no tenía otro camino que la preclusión, pero la jueza 28 penal de conocimiento, Carmen Helena Ortiz, a quien la oposición había acusado de ser uribista, le añadió cientos de páginas en blanco a esta “tempestad”, como calificó el exmandatario a su proceso, el día en que por fin pudo hablar en la última audiencia.

Hace más de diez años, Uribe denunció que el senador Iván Cepeda adelantaba un periplo por distintas cárceles del país buscando testigos en su contra y de su hermano Santiago Uribe. La denuncia terminó en una compulsa de copias contra el denunciante. Ese fue el origen del expediente Uribe.

¿Pero qué ha pasado con este expediente político judicial, uno de los más importantes de la última década? ¿Por qué lleva tanto tiempo y cómo se convirtió en un camino tortuoso para el expresidente? SEMANA revela los detalles de la última decisión, las implicaciones que tendrá y por qué la jueza no precluyó el caso. 

El proceso arrancó y maduró en la Corte Suprema de Justicia. Desde ese momento, la dinámica incluyó acusaciones, señalamientos y decisiones, para algunos sectores, con evidente tinte político, que no dieron espacio para incluir o escuchar a los testigos que acreditó la defensa, los mismos que habrían evitado la medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra Uribe.

La displicencia con el expresidente en los estrados brotó incluso en la reciente etapa del proceso, cuando se acreditaron víctimas que años atrás y que, ostentando el poder de la Fiscalía, se dieron el lujo de citar a declarar al expresidente en procesos que apenas dejaron algunos titulares. Se trata del exfiscal Eduardo Montealegre y su escudero Jorge Perdomo, los dos duramente criticados por los mismos sectores que ahora los aplauden.

Durante meses, la jueza se mostró garante, abrió los micrófonos por tiempo ilimitado y permitió que todas las partes expresaran sus posiciones. Algunos hasta confirmaron, sin espacio a duda o juicio, la responsabilidad del expresidente en los hechos investigados. Cuando Uribe pidió la palabra, la jueza le prometió un auditorio virtual, pero lo interrumpió en más de diez oportunidades, mientras le exigía la experiencia de un abogado litigante. 

Después de 13 horas de lectura, la togada no aceptó la solicitud de precluir el caso, pero tampoco encontró, en su extenso análisis, evidencia contundente para enviar, de manera directa, a juicio al expresidente. El expediente se lo devolvió a la Fiscalía. 

El ente acusador tendrá 90 días para tomar una decisión. Luego de valorar las evidencias y subsanar los “errores” que advirtió la jueza, la Fiscalía podrá decidir si solicita nuevamente la preclusión o si llama a juicio al expresidente. Por ahora se anticipa que Gabriel Jaimes, el fiscal que por un año adelantó la investigación, se apartará de su conocimiento. 

La Fiscalía acudió a dos causales para pedir la preclusión: atipicidad de la conducta, en otras palabras, que las actuaciones del expresidente Uribe no pueden considerarse delito; segundo, la falta de intervención del indiciado, es decir, que si hubo delito no tuvo participación el exmandatario. Las dos causales las argumentó el fiscal Jaimes en seis hechos, que fueron desvirtuados en la decisión de la jueza.

Para ella, las dudas no fueron resueltas. Al contrario, les dio la razón a las víctimas, mientras recordaba una y otra vez los argumentos de la Corte Suprema de Justicia, los mismos que llevaron a Uribe a estar detenido. Los reproches de la jueza apuntaron también a la defensa del expresidente. Le dedicó varios párrafos a cuestionar los reparos de los abogados respecto del debate de equiparar la indagatoria en la Corte Suprema con la imputación de cargos en la Fiscalía. Aquí se veía plenamente convencida.

Los elementos que fueron expuestos por la Corte Suprema de Justicia, al momento de definir la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe, revivieron en una versión 2.0 con la decisión de negar la preclusión. La jueza insistió en que las evidencias dejaron dudas de la presunción de inocencia y hasta le llamó la atención a la Fiscalía.

Para el abogado y profesor Francisco Bernate, la decisión de la jueza deja un precedente importante en materia de derecho, al punto de aclarar lo necesario, casi obligatorio, en una solicitud de preclusión como esta. Ahora, respecto de las deficiencias o la ausencia de algunas pruebas, Bernate aseguró que es una oportunidad de recomponer los errores que evidenció la jueza para que, de esta manera, la Fiscalía pueda presentar de nuevo una preclusión.

La jueza dijo sentirse extrañada porque la Fiscalía no tomó las declaraciones de vinculados al proceso, como el exparamilitar Pablo Hernán Sierra; el exmagistrado Iván Velásquez; el coronel Germán Ricaurte, exdirector de la cárcel de Cómbita; Hernán Giraldo, alias Cesarín, y hasta del exsenador Mario Uribe Escobar, primo del expresidente. Esos testimonios, en criterio de la togada, hubiesen resuelto dudas respecto de la supuesta participación de Uribe en los delitos. 

El abogado Iván Cancino aseguró que la decisión de la jueza no puede interpretarse como una derrota de Uribe, ni mucho menos que la única alternativa sea el llamado a juicio, y aunque ese fuera el escenario, allí mismo el exmandatario tendrá toda la posibilidad de defenderse y controvertir las evidencias que dio por ciertas la Corte Suprema y que resucitaron en esta nueva etapa del proceso.

A lo largo de estos años, el expresidente Uribe ha reiterado, en todos los escenarios, judiciales y públicos, que es inocente. Lo dice mientras advierte de las preocupaciones que lo acogen por la “tempestad rabiosa” en que se convirtió la mezcla de política y justicia. 

“Me siento triste por la afectación de mi reputación”, dijo el exmandatario cuando por fin le dieron la oportunidad de hablar en la audiencia. Insistió en que se vio obligado a omitir muchos temas por respeto a la jueza, todos orientados a defender su honra, que sintió atacada, sin interrupciones, por las víctimas del proceso en la misma diligencia. 

Por su parte, el senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso, le pidió a la Fiscalía, a partir de la decisión de la jueza, llamar a juicio al expresidente por considerar que existen todos los elementos que demostrarían su responsabilidad. “Hemos sido rigurosos en este proceso y señalamos las inconsistencias, trabas y discriminaciones del fiscal Gabriel Jaimes, por eso lo recusamos. Nuestra solicitud es clara, evitar las dilaciones y la única salida es un llamado a juicio”, dijo Cepeda.

De acuerdo con expertos penalistas, el proceso, con más de una década en despachos judiciales, está lejos de cerrar. Cualquier decisión de la Fiscalía tendrá un camino largo y tortuoso en los estrados judiciales para el expresidente Uribe, quien, por ahora, seguirá siendo investigado.