El DAS sigue grabando

Entre el 19 y el 21 de enero pasados gran parte de los 'secretos' de muchos personajes de Colombia fueron destruidos en el piso 11 de la sede principal del DAS. "Recibimos la orden de recoger todo lo que teníamos en varias oficinas del edificio, en las sedes externas y llevarlo a la oficina de Contrainteligencia. Durante dos días se recolectaron discos duros extraíbles, se cambiaron discos duros de los computadores, se recolectaron CD, archivos de voces y documentos confidenciales. Sólo yo, sin contar mis compañeros, llevé dos cajas llenas con esas cosas", le dijo a SEMANA, uno de los detectives del DAS que participó en la particular recolección. "De todas las cajas que se llevaron a Contrainteligencia, con documentos, grabaciones y demás, sólo quedó una, que fue sacada del piso 11 el miércoles 21 al final de la tarde. No sé qué dejaron en esa, ni para dónde se la llevaron. Sólo sé que lo demás fue destruido", afirma.

La sospechosa misión de recuperar y destruir información se adelantó por parte de un reducido grupo de funcionarios y, aunque se trató de hacerlo de la manera más discreta, fue inevitable que unos pocos integrantes del DAS se percataran de los inusuales movimientos durante esos días. ¿Pero qué era lo que estaban destruyendo con tanto afán? Gran parte de los archivos que hoy ya no existen eran, entre otros, grabaciones, documentos secretos y análisis de inteligencia que contenían información sobre una gran variedad de personajes que estaban en la mira del DAS.

Magistrados de la Corte Suprema, periodistas, políticos de oposición, generales de la República, fiscales, y hasta algunos miembros del alto gobierno hacían parte del grupo que desde hace varios meses estaba siendo monitoreado por el organismo de seguridad.

Fueron dos las razones básicas que llevaron a los funcionarios del DAS a tratar de deshacerse de ese valioso material entre el 19 y el 21 de enero. El 16 de ese mes, tres días antes de dar la orden para recoger grabaciones y documentos comprometedores, el gobierno anunció la designación de Felipe Muñoz como nuevo director del DAS. La llegada de un nuevo director implica, entre otras cosas, la posibilidad de que este lleve personas de su confianza para puestos claves, lo cual abre la probabilidad que "la nueva administración" descubra alguna irregularidad. Muñoz se posesionó el 22 de enero, un día después de que terminó la destrucción de documentos.

La segunda razón es que los funcionarios sabían que era cuestión de poco tiempo para que sus actividades non sanctas salieran a la luz pública. Desde hace más de seis meses SEMANA comenzó una investigación sobre una serie de irregularidades en el DAS. A lo largo de ese tiempo se recolectaron documentos, audios e informes confidenciales y secretos que dejan en evidencia graves anomalías. Más de 30 declaraciones de testigos y protagonistas directos de los hechos, también hacen parte del material en poder de esta revista.

Muchos pensaron que el DAS difícilmente podría afrontar una situación peor que la vivida en octubre de 2005, cuando terminó envuelto por un escándalo a raíz de la infiltración paramilitar que terminó con la salida, y posterior encarcelamiento, del director de ese entonces, Jorge Noguera.

En ese momento, se prometieron profundas reformas a la institución para que no volviera a ocurrir. Y ocurrió. A pesar de las buenas intenciones de los siguientes directores, la información recopilada por SEMANA deja claro que hay un poderoso sector del organismo al servicio de los paramilitares, la guerrilla, y de oscuros intereses políticos, como lo demuestran las interceptaciones y seguimientos ilegales a importantes personajes de la vida nacional.

Todos son enemigos

"Acá se trabaja por blancos y objetivos que puedan ser una amenaza a la seguridad del Estado y del Presidente. Dentro de esos está la guerrilla, las bacrim (bandas criminales), algunos narcos. Pero dentro de esos blancos también están, y es obvio como parte de una de las funciones del DAS, controlar a algunos personajes e instituciones para mantener informada a la Presidencia. Por ejemplo, cómo no va a ser misión del DAS controlar a Petro, que es un ex guerrillero y es de la oposición. O a Piedad Córdoba, por sus vínculos con Chávez y la guerrilla, dijo a SEMANA un detective que trabaja en la subdirección de operaciones del DAS, adscrita a la dirección de Inteligencia de esa entidad. "Cualquier persona o entidad que represente un eventual peligro para el gobierno debe ser vigilada por el DAS. Y en ese orden de ideas desde hace más de un año se empezó a considerar y tratar como un 'blanco' legítimo las actividades de la Corte, y algunos de sus miembros", afirmó el funcionario.

Este hecho fue corroborado a SEMANA por otros cuatro integrantes del DAS, adscritos a las direcciones de Inteligencia, Contrainteligencia y Operativa. Aparte de los testimonios, SEMANA obtuvo algunos de los análisis elaborados por integrantes del DAS en los que quedan en evidencia seguimientos, interceptaciones y controles contra integrantes de la Corte. Uno de los informes más reveladores es sobre el magistrado auxiliar, Iván Velásquez, jefe de la investigación de la para-política.

A Velásquez le han hecho 'marcación hombre a hombre' desde el incidente Tasmania de octubre de 2007, cuando el presidente Álvaro Uribe acusó al magistrado auxiliar de fabricar testimonios en su contra, lo cual terminó siendo un montaje. A Velásquez no lo dejan solo un minuto, según se desprende del informe del DAS.

En los documentos que tiene SEMANA se revela que durante tres meses le interceptaron 1.900 llamadas en las cuales hablaba con Raimundo y todo el mundo: los magistrados de la Corte Suprema, los fiscales de Justicia y Paz para saber qué revelaban los paramilitares, con la oficina de protección de testigos de la Fiscalía para saber quién se iba a entregar, con testigos de la para-política, entre cientos de otras llamadas.

Hace más de un año el alto funcionario judicial denunció ante la Procuraduría y la Fiscalía seguimientos de parte de agentes de seguridad del Estado. (Vea La Cacería del DAS al magistrado)

Pero Velásquez no fue el único integrante de la Corte Suprema que ha estado en la mira del DAS. Investigadores, otros auxiliares y magistrados del alto tribunal también fueron objeto de 'controles'. Según varios detectives, entre esos 'blancos' estaba el hasta hace poco presidente titular de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, el presidente de la sala penal, Sigifredo Espinosa, y los magistrados César Julio Valencia y María del Rosario González. "Cuando se agudizó el enfrentamiento entre la Corte y Presidencia, hace como un año y medio, la orden era saber todo lo posible de todos los magistrados, con los medios que fueran necesarios, desde fuentes humanas hasta medios técnicos. Cuando el enfrentamiento empezó a disminuir los controles se concentraron sólo en aquellos que fueran más prioritarios como Velásquez", dijo a SEMANA uno de los detectives que trabaja en la dirección de Inteligencia y quien participó en seguimientos a algunos magistrados.

Hace más de un año varios miembros de la Corte denunciaron seguimientos e interceptaciones del DAS, los cuales fueron negados en su momento por la entonces directora, María del Pilar Hurtado. Los documentos y testimonios obtenidos por SEMANA indican que no era simple paranoia de los magistrados.

No es la primera vez que el DAS y el gobierno niegan comprometedores hechos frente a la Corte Suprema. En agosto del año pasado SEMANA reveló las visitas hechas por alias 'Job' -enviado por el paramilitar 'Don Berna'- a la Casa de Nariño para entregarle información a altos funcionarios de Palacio contra miembros de la Corte. En ese escandaloso encuentro había una funcionaria del DAS. Cuando estalló el escándalo, Hurtado minimizó el tema diciendo que era un simple detective que trabajaba el tema de los paramilitares. En noviembre del año pasado El Espectador reveló que el DAS había alterado registros y que la integrante de esa institución que estuvo en la cita de Palacio no era cualquier funcionaria: se trataba de Martha Leal, una de las más altas funcionarias de la dirección de Inteligencia de esa entidad.

Primera plana del periodismo

Si bien es muy grave que en las divisiones de Inteligencia y Contrainteligencia del DAS consideren como "blancos legítimos" a integrantes de la Corte Suprema, no es menos escandaloso que periodistas y medios de comunicación también sean objeto de interceptaciones y seguimientos por parte del DAS. "Lo de los medios de comunicación tiene varios fines, uno de ellos informar al gobierno qué se mueve en los medios, con lo cual se le da un margen de maniobra al Estado en situaciones críticas. La cosa es simple y básicamente se divide en dos categorías. Se monitorean esporádicamente algunos directores o jefes para establecer lo que los periodistas llaman 'linea editorial'. Pero la mayor parte del esfuerzo está encaminada a los periodistas que manejan la información y las fuentes 'duras'. Allí se matan dos pájaros de un solo tiro: se sabe en qué están y, sobre todo, lo más importante, con quién hablan", dijo a SEMANA un detective de la dirección de Contrainteligencia quien, además, en noviembre del año pasado entregó pruebas y confirmó varios casos. Uno de esos tiene como protagonista al periodista Félix de Bedout, de La W radio.

El pasado 5 de noviembre De Bedout envió una información desde su correo electrónico a un periodista de SEMANA. Tan sólo unas pocas horas más tarde, dos funcionarios del DAS, uno de ellos de Contrainteligencia, llamó a la revista y narró exactamente el contenido del cruce de correos privados entre los comunicadores. Al preguntarle la razón por la cual conocía el contenido de los correos, el detective cayó en cuenta de su error. La ingenuidad fue producto del afán por conocer detalles de la información manejada por los periodistas. No era para menos. En el correo 'chuzado' se mencionaban unas denuncias que involucrarían al jefe de Inteligencia del DAS, Fernando Tabarez, al de Contrainteligencia, Jorge Lagos, y el uso de unas oficinas clandestinas por parte del DAS.

De Bedout no es el único periodista al que le miran los correos y escuchan sus comunicaciones. SEMANA conoció y vio pruebas sobre Dario Arizmendi, director de Caracol Radio, Alejandro Santos, director de SEMANA, Julio Sánchez Cristo, director de La W, Daniel Coronell, director de Noticias Uno, y Ramiro Bejarano, columnista de El Espectador. Este último tiene la particularidad de que no sólo es un reconocido columnista crítico del gobierno, sino que además es el abogado del magistrado César Julio Valencia, quien adelanta un proceso penal contra el presidente Álvaro Uribe.
 
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"En el tema de medios es obvio que la prioridad es conocer la información de aquellos que le inquietan al gobierno, o bien porque son muy críticos o porque a diferencia de otros medios, no los puede controlar a su antojo", afirma el detective de contrainteligencia que habló con SEMANA

Pero la relación del DAS con la Casa de Nariño parece haber cambiado también. "Hace años, si de la Casa de Nariño se necesitaba algo del DAS el Presidente era quien llamaba directamente al director o viceversa. Desde hace unos cuatro años las cosas son muy distintas. Casi cualquiera de los altos funcionarios de Palacio puede llamar acá a pedir cualquier tipo de favor sin necesidad, incluso, de pasar por el director. Llaman al jefe de Inteligencia, al de Contrainteligencia o a la Dirección Operativa y piden lo que necesitan, sin importar lo que sea. Como no hay una figura de peso en la dirección muchos de los jefes de direcciones simplemente llaman a X o Y funcionario en Palacio y le pasan la información que consideran de interés, obviamente también con la intención de ganar puntos con esos funcionarios", dijo a SEMANA un funcionario asignado a la subdirección de Inteligencia. "Lo que irónicamente ocurre es que aquellos que llaman a pedir 'favores' desde Palacio terminan siendo víctimas de su propio invento. También son 'chuzados' y la razón es muy simple: hay que tener un seguro", afirma el funcionario.

El "seguro" al que se refiere no es otra cosa que grabaciones comprometedoras que le permitan al funcionario chantajear a los de Palacio si hay algún problema. El sistema es similar al que usaba la KBG, el organismo de inteligencia de la antigua Unión Soviética, en donde 'chuzar' a los propios miembros del Partido era una forma de garantizar lealtades.

Collar de perlas

El tema de los seguimientos a miembros de la Corte Suprema, a periodistas, integrantes de la oposición e incluso del alto gobierno, es apenas la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en el DAS. El desorden que allí impera no sólo ha sido capitalizado por algunos miembros del alto gobierno para 'pedir favores' de carácter político. Las organizaciones criminales como los narcos, los paramilitares o la guerrilla también han encontrado allí una fuente valiosísima de información que se vende al mejor postor.

Uno de los temas más polémicos durante la administración de Jorge Noguera tuvo que ver con el borrado y venta de antecedentes judiciales a peligrosos delincuentes, por lo cual terminó en la cárcel el ex jefe de Informática del DAS del momento Rafael García. Con la llegada de Andrés Peñate a la dirección y los controles que implementó se pensó que ese era un problema del pasado. Pero no fue así.

SEMANA obtuvo varios certificados de antecedentes judiciales que fueron vendidos a los paramilitares del Bloque Vencedores de Arauca hace dos años, organización del narcotraficante Miguel Ángel Mejía Múnera, alias 'El Mellizo' (ver certificados). Los documentos, que son de carácter reservado y que sólo pueden ser solicitados por un reducido grupo de directivos del DAS, inexplicablemente estaban en poder de Nicolás Escobar, uno de los hombres de confianza del jefe paramilitar, quien se desmovilizó y actualmente está recluido en la cárcel de Urrao.

No menos grave resulta que documentos confidenciales del DAS, en donde hay detalles sobre operaciones o eventuales capturas de peligrosos delincuentes, terminen en manos de quienes están siendo investigados.

A finales del año pasado, el Ejército encontró un computador perteneciente a integrantes del ELN en Arauca. Para sorpresa de los militares, entre los documentos que tenía el portátil estaban los informes completos enviados a la Dirección General Operativa del DAS en Bogotá con detalles sobre una operación contra estructuras del ELN en esa zona del país. Los militares no entendían por qué esa información confidencial estaba en manos de los guerrilleros (ver facsímil). Situaciones similares de fuga de información a algunos de los delincuentes más buscados de la actualidad, como el narcotraficante Daniel el 'Loco' Barrera, o el paramilitar, alias 'Cuchillo' también se han presentado.

- Ver documentos en poder del ELN
- Ver documentos en poder del ELN (2)

Estos hechos no son ajenos ni desconocidos en el DAS, pero la mayoría ha optado por callar o mirar hacia otro lado. Macabros antecedentes han hecho que la ley del miedo impida que muchas de esas denuncias lleguen a los organismos de control como la Procuraduría o la Fiscalía. En octubre de 2007 Andrea Flórez, una detective que trabajaba en la subdirección de análisis, se dio cuenta de cómo información confidencial que ella manejaba terminaba en manos de la organización del jefe paramilitar 'Cuchillo' que opera en los Llanos. Pocos días antes que denunciara y entregara pruebas sobre esa y otras irregularidades fue asesinada. "La versión que dieron en Contrainteligencia sobre el homicidio es que había sido un crimen pasional, algo que no tenía lógica pues todo el mundo sabía sobre la vida privada de ella y sabíamos que no tenía problemas de ese tipo. Cuando varios de los compañeros y amigos de ella empezamos a investigar el caso por nuestra cuenta, nos advirtieron que no nos metiéramos en eso. A algunos de los que insistieron en el tema y dar con los asesinos coincidencialmente los llamaron para pruebas de polígrafo que no pasaron y con eso los sacaron del DAS", contó a SEMANA un detective asignado a la dirección operativa.

También ha sido grave el uso indebido de los equipos de interceptación. SEMANA tuvo conocimiento de que a comienzos de diciembre, un enviado de el 'Loco' Barrera necesitaba interceptar un teléfono celular durante una semana para saber si un socio suyo lo estaba traicionando. Por ese servicio, pagó a un miembro de la inteligencia del DAS 10 millones de pesos, cinco al comienzo y otra suma igual cuando le entregaron los audios con la voz de su socio. La tarifa por realizar ese tipo de 'chuzadas' varía dependiendo del tiempo y de quién es la persona que va a ser escuchada. "Por 'meter' el número de un fiscal durante un mes se cobra entre 100 y 150 millones de pesos. Por interceptar un policía de la Dijín la cifra oscila entre los 50 y 80 millones, dependiendo del rango y el cargo", confirmó a SEMANA uno de los técnicos que trabaja en una de las salas de interceptación que tiene el DAS en su sede principal. La mayoría de este tipo de 'servicios' son realizados por un equipo de interceptación móvil vendidos al DAS por el gobierno de Estados Unidos. Esta es tan sólo una de las formas de venta de servicios (ver recuadro).

¿Qué hacer con el DAS?

Hace dos años, el gobierno creó una comisión especial para proponer reformas al DAS, en ese momento golpeado por las revelaciones de la infiltración de los paramilitares durante Noguera. Es bastante irónico y revelador que uno de los miembros de esa comisión, Ramiro Bejarano, es una de las personas grabadas ilegalmente por esa entidad. Los últimos dos directores, Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado, implementaron cambios necesarios, pero es evidente que no fueron suficientes, como lo demuestra el informe de SEMANA.

El DAS nunca podrá cumplir su papel esencial -proveer inteligencia para la defensa de la democracia colombiana- mientras acciones como la interceptación ilegal sea considerada por algunos de sus funcionarios como "normal". Al igual que la política del body count degeneró en los falsos positivos mortales, la creencia de que cualquier crítico u opositor del Presidente o del gobierno es un "blanco legítimo" desembocó en la grabación de periodistas, magistrados, fiscales y otros funcionarios.

Ambos casos son muy graves y merecen un tratamiento similar; hay que identificar y castigar a los responsables de que esto ocurra, dentro y fuera del DAS.

Es sumamente peligroso para la democracia colombiana que el DAS opere como una policía política y que varios de sus funcionarios utilicen su posición para delinquir. El DAS necesita reformas de fondo. El diagnóstico ya se ha hecho. Falta la voluntad política del gobierno y elevarle el nivel a la institución para que no siga convertida en una peligrosa rueda suelta para el Estado y el propio Presidente.