El decreto de la discordia que motivó a los defensores de familia a protestar contra el Ministerio de Justicia y el ICBF

Un proyecto de decreto que prepara el ministro de Justicia, Néstor Osuna; y la ministra de la Igualdad, Francia Márquez; se convirtió en la manzana de la discordia para un grupo de defensores de familia que terminó protestando frente a las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, porque les incrementaría la carga laboral y se convertiría en un “detrimento” para la protección de niños, niñas y adolescentes.

El decreto en cuestión ordena crear el Sistema Nacional de Justicia Familiar, para garantizar la protección, prevención y rutas de atención a menores de edad en el contexto familiar. Aunque el documento habla de fortalecer las Defensorías de Familia, los funcionarios a cargo de esa tarea vieron con muy malos ojos esta iniciativa del Gobierno Petro.

Jael Díaz, defensora de Familia y una de las manifestantes del pasado viernes, en diálogo con SEMANA aseguró que el motivo de la manifestación se centró en la “situación y las condiciones precarias en las que trabajan las defensorías de familia. Una excesiva sobrecarga laboral, una ampliación de planta que se viene pidiendo desde hace mucho tiempo con los estudios técnicos realizados y no se han hecho, y las diferentes fallas que hay a nivel técnico, tecnológico, operativo, de personal, que pues no permiten realmente atender con garantía los procesos de restablecimiento de los niños”.

Pero lo que motivó a que más defensores se sumarán a esa protesta tiene relación con el decreto que el Ministerio de Justicia publicó esta semana, que reglamenta justicia familiar en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que no atendió ninguna de las necesidades que hoy padecen para atender a la niñez en Colombia.

“Para este proyecto se hicieron en el año 2023 una serie de encuentros a nivel nacional entre las autoridades que tienen que ver con los procesos de niñez y adolescencia, que son las defensorías de familia y las comisarías, y se hizo un trabajo juicioso, pero realmente no vemos que absolutamente nada de eso haya quedado reflejado en el borrador de proyecto que presenta el Ministerio de Justicia”, dijo la defensora en diálogo con SEMANA.

Para Jahel Díaz, el decreto es un “detrimento” para atender los procesos de la niñez en el país, como delicados casos relacionados con la violencia sexual e intrafamiliar, y calificó de “preocupante que el Ministerio de Justicia haga una propuesta de estas que va en contra de la niñez y nosotros los defensores de familia”.

En esos encuentros del año pasado con el Gobierno nacional, los propios defensores propusieron mejorar el Código de Infancia y Adolescencia, una serie de iniciativas para acelerar los procesos y ampliar la planta en más de 6.000 cargos para garantizar la atención a la niñez.

“Hay un estudio en donde da cuenta de la sobrecarga labora; los defensores que existen a la fecha en el país no son suficientes para la demanda que tienen los niños. Todo esto se evidenció en esos encuentros, y lo que vemos es que no hay absolutamente nada de lo dicho, sino incrementar las funciones, modificar temas de competencia, que además no se puede hacer por medio de un decreto”, explicó la defensora.

Los defensores también denunciaron que desde que se emitió el Código de Infancia y Adolescencia en el 2006 hay“una deuda histórica sobre las competencias de las defensorías (...) posteriormente han venido una serie de leyes que nos han vuelto depositarios de un montón de funciones a los defensores de familia, sin presupuesto, sin ampliación, sin infraestructura, y ahora hay un proyecto de decreto que quiere, además, seguir poniendo funciones, seguir imponiendo competencias, responsabilidades, sobre los hombros de unos funcionarios que no tienen ni la capacidad, no hay ni la infraestructura, ni la tecnología, ni cómo asumir todas estas responsabilidades que se quieren poner en un papel por medio de leyes”.

Lo más grave que denuncian es que no habría un presupuesto ni un estudio real para poner en marcha ese Sistema Nacional de Justicia Familiar, que incluye a las Defensorías del Pueblo, las Comisarias de Familia y la Inspecciones de Familia.

El decreto explica que se debe crear “el Consejo Coordinador del Sistema Nacional de Justicia Familiar con el objetivo de implementar acciones de articulación en favor de la efectividad del acceso a la justicia familiar eliminando las barreras existentes que, conforme a estudios, análisis e informes, impidan a cualquier persona acceder a las instancias de justicia”.

En cuanto al papel de las Defensorías dentro de ese Sistema, serán asignadas por el ICBF según jurisdicción con una serie de lineamientos y protocolos, lo que dejaría en evidencia que el proyecto sí va a aumentar el trabajo de esos funcionarios, pero no va a resolver la situación que ocurre en su interior.

En el año 2022, los congresistas Beatriz Lorena Ríos, Jairo Humberto Cristo y Carlos Edward Osorio presentaron un proyecto de ley que buscaba fortalecer las defensorías de Familia, pero el panorama dos años después no ha mejorado, según denuncian los propios funcionarios.