El delito al que se expondría la presidenta de la Cámara por su presunto plagio en la tesis

Luego de hacer un estudio detallado con profesionales en derechos de autor y hasta con una herramienta informática para la detección de plagio, la Universidad Externado de Colombia confirmó que hubo copia en la tesis que presentó la congresista Jennifer Arias y le pidió al Consejo de Estado anular los títulos obtenidos.

La presidenta de la Cámara de Representantes cursó una maestría en la Universidad Externado y, de acuerdo con una denuncia, en su tesis se abordaron temas, conceptos y argumentos de otros autores sin el crédito correspondiente. La Universidad abrió una investigación y después de un análisis probatorio, que incluyó un peritaje de expertos, llegaron a la conclusión de que efectivamente hubo plagio.

“Ante los requerimientos de información presentados en octubre del presente año en ejercicio de actividades periodísticas, la Universidad inició una revisión detallada tanto del expediente académico de las autoras de la tesis Arias Falla y Largo Alvarado, como también del trámite que concluyó con la expedición de sus títulos de magíster en Gobierno y Políticas Públicas”, dijo la Universidad a través de un comunicado.

La congresista y su compañera de tesis, Lucía Largo Alvarado, finalmente se graduaron de la maestría de Gobierno y Políticas Públicas, de ahí que como egresadas la posibilidad de anular ese título corresponde al máximo órgano de lo contencioso administrativo, que en este caso sería el Consejo de Estado, tal como la Universidad lo pidió.

“La Universidad sometió el texto de la tesis a una herramienta informática para la detección de plagio, operación que arrojó un importante número de coincidencias con fuentes o documentos publicados en internet de autores diferentes a las señoras Arias Falla y Largo Alvarado. En razón de lo anterior, la Universidad contrató a un experto en derecho de autor y propiedad intelectual para esclarecer un posible plagio”, señala el comunicado de la Universidad Externado.

En la investigación que adelantó la universidad, para tratar de establecer si hubo plagio en la tesis titulada “Los OCAD’S y su contradicción con las teorías de la elección racional” y que entregaron la congresista Arias y su compañera, se logró identificar que fue dirigida por el profesor Manuel Calderón Ramírez y la versión final de su documento se entregó, a través de medios digitales, a la universidad.

“Los días 5 y 8 de noviembre de 2021, las autoras de la tesis, Arias Falla y Largo Alvarado, sin que se les hubiera solicitado, radicaron en la Universidad dos copias de un documento impreso, del cual afirmaron que correspondía a la versión final y definitiva de su tesis de grado. Este texto no coincide plenamente con el remitido por el director de la tesis como trabajo final”, advirtió la universidad.

Además de pedirle al Consejo de Estado anular el título de maestría de la congresista Arias, la Universidad también remitió a la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, las actuaciones correspondientes para que se tomen las decisiones a que haya lugar en materia penal, por el plagio o la violación de derechos de autor, que logró confirmar la propia institución.

Allí se reconoce que hubo una falla, pero advierten que a partir de estos hechos se tomarán las medidas correctivas del caso, sin desconocer que hubo errores en la revisión que, en el caso puntual estaba en el profesor Calderón Ramírez, mismo que ahora está vinculado a la universidad. “Incidentes como estos son excepcionales en la universidad, pero de ellos queda la lección de perfeccionar los procesos de control administrativo a los que se ha hecho referencia”.

Al respecto, en diálogo con El Espectador, el abogado penalista, Mauricio Urquijo, explicó que la corte tendrá que hacer el análisis del caso respecto a la congresista y la Fiscalía sobre su compañera.

Es por esto que Urquijo contó que en Colombia los delitos que se relacionan con el violación al derecho de autor son la violación a los derechos morales del autor, que se refiere a los casos en los que se publica un contenido con un nombre distinto al de su verdadero autor y el segundo, la violación de derechos patrimoniales.

Así mismo, resaltó que el caso podría ser relevante si invocó esa maestría para casos como el ser incluida en una comisión permanente de la Cámara o ser considerada la apropiada para cumplir una función particular en el Congreso.