Nación
El desgarrador llamado de la Corte Constitucional frente al grave panorama de desplazamiento forzado en el país: ¡Basta ya!
El alto tribunal y la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR conmemoraron los 20 años que cumplió la sentencia que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional frente al desplazamiento forzado en el país.
En medio del evento de cierre para conmemorar el emblemático fallo que cumplió dos décadas desde que se declaró el Estado de Cosas Inconstitucional frente al desplazamiento forzado en Colombia, se conoció un desgarrador llamado que hizo el vicepresidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, para que paren todos los grupos armados que están provocando la salida masiva de miles de personas de sus territorios.
Durante el evento de cierre que se desarrolló en la Universidad de Los Andes, en el centro de Bogotá, el magistrado Ibáñez, aseguró que “el punto de llegada es la paz. Cuando la alcancemos, no habrá más conflicto armado y sin él no habrá más desplazamiento forzado en Colombia. ¡Basta ya! Esa es la consiga que nos hemos fijado todos los colombianos y la Paz es el objetivo”.
El llamado del vicepresidente de la Corte Constitucional se dio después de que en ese mismo evento, la Defensoría del Pueblo revelará que 20 años más tarde de la sentencia que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional sobre el desplazamiento forzado, el fenómeno que ha generado por años una crisis humanitaria en Colombia ha venido creciendo en la actualidad, así como la presencia de diferentes grupos armados “catalogados como victimarios” frente a este grave problema.
“La Defensoría del Pueblo ha puesto en evidencia el impacto que la expansión y disputa territorial de los grupos armados y organizaciones ilegales está causando a la población civil y ha identificado los factores estructurales que mantienen el conflicto armado a lo largo y ancho y del país, lo cual ha generado un aumento creciente e intensificado en los últimos 4 años de la presencia, injerencia, accionar y tránsito de los grupos armados en el territorio colombiano, todo lo cual tiene un impacto en los derechos humanos de la población civil tanto en las zonas urbanas como rurales de 427 municipios de 22 departamentos en Colombia”, expuso el magistrado Ibáñez.
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El togado del alto tribunal también reveló que en ese informe de la Defensoría, la presencia de las Autodefensas Gaitanistas pasó de 213 a 392 municipios en los últimso cuatro años. Mientras que la guerrilla del ELN pasó de 149 a 232 municipios en ese mismo periodo de tiempo , y la disidencias de las Farc, Segunda Marquetalia duplicó su presencia criminal en casi 300 municipios del país.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez también explicó que “durante el 2023 en Colombia, cerca de 121.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado masivo y confinamiento. En el país hubo 154 eventos de desplazamiento forzado, lo cual representa un incremento del 7% en comparación con el 2022, cuando sucedieron 144 hechos de la misma naturaleza (Defensoría del Pueblo)”.
Uno de los panoramas más graves que se conoció en el informe de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado tiene que ver con los más de 8 millones de desplazados que se han registrado desde el 2004, año en que se conoció la sentencia del Estado de Cosas Inconstitucional frente a este fenómeno, de los cuales cerca de 7 millones requieren ayuda urgente y verdadera reparación de sus derechos.
El vicepresidente de la Corte también reconoció que dicha sentencia tuvo impactos, aciertos y fallas, pero se convirtió en un ejemplo de la acción judicial para proteger a la población más vulnerable que ha dejado el conflicto armado interno y la acción de las ramas del poder público para enfrentar este fenómeno, así lo resultados no sean aún los esperados para superar el Estado de Cosas Inconstitucional que se declaró hace 20 años.
“El punto esencial es continuar los diálogos de paz con los actores del conflicto armado en un proceso que inicio desde 1984, prosiguió con la Constitución de 1991, avanzó con el marco jurídico para la paz de 2012 y 2016, a cuyo amparo se lograron importantes acuerdos desde esa época hasta 2016, lo mismo que avanzar y consolidar el sometimiento a la justicia de las estructuras criminales organizadas”, fue el llamado con el que cerró el evento el magistrado Jorge Enrique Ibáñez.
